En la licitación de las obras públicas del gobierno federal aparece desde hace tiempo un «testigo social» que, en teoría, es un representante de la sociedad que se encarga de legitimar estos procesos. Sin embargo, se trata de una figura que no tiene dientes legales para considerarse un verdadero auditor, afirman expertos en transparencia y licitaciones.
En la cuestionada licitación del Tren Rápido México-Querétaro, la misma que luego fue cancelada ante las suspicacias que despertó la forma en la que se realizó y las empresas a las que se entregó el proyecto, el gobierno federal presumió la participación del testigo social –en este caso Humberto Santillana Díaz– como un elemento que le dio legitimidad y transparencia al proceso.
El mismo Santillana Díaz, quien no vio irregularidad alguna en esa primera asignación de contrato, aparece de nuevo como testigo social en la pre convocatoria para reponer dicha licitación. Él ingeniero ha participado en decenas de licitaciones, dando su aval en nombre de la ciudadanía, pero no está claro ni cómo es qué lo hace ni tampoco cuáles son sus actividades profesionales reales.
Actualmente, el Padrón Público de Testigos Sociales de la SFP se integra por 46 elementos, 36 personas físicas y cinco morales. Según esa entidad, la necesidad de crear la figura del testigo social surgió por las problemáticas del gobierno en materia de contrataciones, por un alto grado de opacidad, percepción de corrupción, ineficiencia, ineficacia y la carencia de credibilidad ante la sociedad, entre otras.
Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– En agosto de 2014, Gerardo Ruíz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), presentó la convocatoria para la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, uno de los proyectos más ambiciosos de la administración federal de Enrique Peña Nieto y que forma parte del Programa Estratégico Trenes de Pasajeros. Se trata, dijo entonces el funcionario, de la primera línea de alta velocidad del continente americano, el eje vertebrador de toda una red ferroviaria que conectará a la capital del país con el Bajío, Guadalajara y Monterrey, y que será utilizada a diario por 27 mil personas.
El 3 de noviembre pasado, la SCT anunció que el ganador de la licitación era el consorcio conformado por China Railway Construction Corporation, Prodemex, Grupo GIA, Constructora TEYA, China South Rolling Stock Corporation y GHP Infraestructura Mexicana, el único que postuló una propuesta económica de 50 mil 820 millones de pesos, incluso 21 por ciento más cara de lo presupuestado por el propio gobierno federal.
La licitación contó con la participación de un «testigo social» que fue designado directamente por la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, que es la que determina los casos en los que participará esa figura dependiendo el impacto de la contratación y el costo del proyecto.
Sin embargo, pese al aval del «testigo social», el encargado de supervisar la transparencia, el 6 de noviembre la propia Presidencia de la República decidió revocar el fallo de la licitación. El Secretario Ruiz Esparza explicó que el principal interés del gobierno federal era que no existieran cuestionamientos sobre el proyecto y que tampoco hubiera dudas sobre la claridad del proceso.
Luego, el pasado 4 de enero, la SCT informó a través de un comunicado de prensa que la pre convocatoria a la licitación del proyecto del Tren sería similar a la del proceso anterior, y en efecto ambas comparten el mismo esquema legal e incluso a un mismo actor, Humberto Santillana Díaz, el ingeniero que participará nuevamente como testigo social, designado por la Secretaría de la Función Pública.
EL TESTIGO DE HONOR
Desde 2004, los procesos de licitación del Gobierno federal que tengan un monto de contratación mínimo de cinco millones de salarios mínimos, deben contar con la participación de un testigo social que esté registrado en la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la SFP, con la finalidad de otorgar legitimidad al proceso.
De acuerdo con la información contenida dentro en la página oficial de la SFP, Humberto Santillana Díaz tiene la cédula de Director Responsable de Obras, otorgada por la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y corresponsables; es socio fundador de la Asociación Nacional de Empresas de Consultoría y de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, A.C.; supervisó nueve plantas industriales (no se especifica cuáles y en dónde), además de la construcción de las líneas 3, 4, 5, 6 y 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Actualmente, Santillana Díaz se desempeña como vicepresidente de Grupo SAGMAG, empresa dedicada a la consultoría para el análisis, evaluación, diseño (ingeniería y arquitectura), coordinación y supervisión de proyectos de construcción.
El Gobierno federal presumió la participación del ingeniero como el elemento que dio legitimidad y que fue representante de la sociedad en las licitaciones públicas del Estado, especialmente la del Tren México-Querétaro que, tres días después de asignarla la revocó por las dudas sobre su claridad y transparencia.
Es una figura de la que emanan opiniones que no son vinculantes al proceso, aun así el gobierno depositó en ella el tema de la credibilidad de sus procesos.
En su informe final, Santillana Díaz concluyó que las fallas en el proceso licitatorio del Tren México-Querétaro fueron por el poco tiempo que los interesados tuvieron para elaborar su oferta y por la falta de información del proceso; pero, afirmó, el proceso en el que sólo se postuló un consorcio fue legal.
Horas después del anuncio del fallo, el 3 de noviembre pasado, surgieron los cuestionamientos por la relación de las empresas ganadoras con el Presidente Enrique Peña Nieto: Grupo GIA es propiedad de Hipólito Gerard Rivero, quien es hermano de Ana Paula Gerard, esposa del ex Presidente Salinas de Gortari; Constructora Teya, que es de Grupo Higa, al cual también le pertenece la empresa Eolo que es la misma que arrendó los aviones de la campaña presidencial de Peña Nieto y construyó la «casa blanca», la mansión de más de 86 millones de peso propiedad de Angélica Rivera Hurtado, esposa del Primer Mandatario, y Prodemex, que es propiedad de Olegario Vázquez Aldir, hijo de Olegario Vázquez Raña, dueño de Grupo Imagen y un empresario ligado tradicionalmente al priismo.
El 6 de noviembre, poren la noche, Ruíz Esparza anunció que la Presidencia había decidido revocar el fallo por “dudas e inquietudes que han surgido” en torno al proceso. Se quisieron apagar cuestionamientos que pudieran surgir en un futuro, explicó. Se decidió anular la adjudicación inicial y convocar a una nueva licitación. Pero no se dijo más.
Días después salió a la luz el escándalo “casa blanca”: la mansión ubicada en Sierra Gorda número 150 en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, propiedad la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado, que tiene un costo aproximado de 86 millones de pesos y que es propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una subsidiaria de Grupo Higa.
La crisis de credibilidad del gobierno priista estalló y, pese a diversas explicaciones, ésta no se ha podido recuperar desde entonces.
SIN INCIDENCIA, PERO CON FUTURO
El Padrón Público de Testigos Sociales de la SFP está formado por 46 elementos, 36 personas físicas y cinco personas morales. Hasta el 18 de marzo de 2014 se designaron testigos sociales en 121 procedimientos de contratación, 74 fueron personas físicas (64 por ciento) y 47 personas morales (39 por ciento).
Según la información de la entidad, la necesidad de crear la figura del testigo social surgió por las problemáticas del gobierno en materia de contrataciones, por un alto grado de opacidad, percepción de corrupción, ineficiencia, ineficacia, carencia de credibilidad ante la sociedad, por procurar más acciones correctivas más que preventivas y por la carencia que el gobierno tiene de estos especialistas en materia.
Eduardo Bohórquez López, director general de Transparencia Mexicana, dijo en entrevista para SinEmbargo que la figura del testigo social fue creada por Transparencia Internacional y empezó a ser válida desde 2001, en un tiempo en el que estaba prohibido que los ciudadanos entraran a las licitaciones, por lo que se modificó la Ley de Adquisiciones y de Obra Pública para que éstas fueran abiertas a cualquier miembro de la sociedad.
“Es indispensable que haya todas las garantías para que esto se haga de la mejor forma. Se trata de que (el testigo social) sea un observador en tiempo real del proceso. Muchas observaciones deben resolver problemas que se presentan en tiempo real, se trata de un mecanismo preventivo, de monitoreo”, explicó.
De acuerdo con María José Montiel Cuatlayol, integrante del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el problema con la figura del testigo social es que sus recomendaciones no son vinculantes y al ser recurrente su participación, que al mismo tiempo está coordinada desde el gobierno, los convocantes saben quiénes son, se sabe quiénes participarán en cierto tipo de obras y los competidores ya están preparados”.
Montiel Cuatlayol explicó que el proceso de selección lo lleva a cabo el Comité de Designación de Testigos Sociales que está integrado por servidores públicos de la SFP, “según los lineamientos hay cinco representantes del sector público y cinco del privado que son, por lo regular, integrantes de cámaras como la de la construcción y la de industrias de consultoría, entre otras. De acuerdo con la especialidad y la experiencia de los personajes, se aprueba si se tiene la capacidad de ser un testigo social”.
La experta añadió que una vez que el comité de testigos sociales aprueba la participación de estas personas, la SFP también revisa que no existía conflicto de interés o intereses de cierta empresa.
Para María José, la figura de testigo social tiene potencial pero como está hoy la norma no puede hacer mucho más que recomendaciones. “Sí creo que está limitada su participación, no es muy claro cómo es el programa de los testigos sociales más lo que viene en los lineamientos de la SFP […] hay muchas posibilidades de mejorar, pero es positivo que ahora nos preguntemos qué hacen los testigos”, expuso.
Según la información de la SFP, una vez que la convocatoria se publique el testigo social debe estar presente en todos los actos del procedimiento de compra, como visitas a sitios, juntas aclaratorias y en la apertura y evaluación de las propuestas económicas. De todo este proceso debe emitir una opinión y/o recomendación, las cuales el gobierno no está obligado a tomar en cuenta.
Sin embargo, la firma del testigo social debe estar en el contrato final para validar el proceso.
LAS MENTIRAS MÁS ALLÁ DEL TESTIGO
“Desde la perspectiva política se tomó una decisión correcta (…) nadie ha dicho que la primera convocatoria era ilícita, fue el entorno dentro del cual sucedió y dadas las cuestiones que rodearon como Ayotzinapa y la ‘casa blanca’, el Presidente la revocó por un “no hagas cosas buenas que parezcan malas”, opinó el doctor Sergio Ruíz del Instituto de Estudios Logísticos.
Desde la perspectiva del académico, nadie probó jurídicamente que Grupo Higa cometió un ilícito: “Por supuesto que no podría participar, pero nadie lo dijo. Si vuelven a participar es la consecuencia de un hecho político en el que no se demostró que hubiera alguna irregularidad”, añadió.
Y es que para la opinión de académicos y funcionarios, más allá de a figura del testigo social, el tema del Tren México-Querétaro desborda irregularidades. Además, a la fecha, no ha habido ningún pronunciamiento claro por parte del Presidente Peña Nieto o de otros funcionarios sobre la revocación de la licitación y la relación de Grupo Higa.
“Él (Humberto Santillana) no observó ninguna cuestión extraña porque el proceso se llevó apegado a la normatividad, la suspicacia viene después por las decisiones que se tomaron y cuando se encontró que una de las empresas estaba vinculada al caso Angélica Rivera.
“Algunas de las recomendaciones serían que sólo un consorcio presentó una propuesta; sin embargo, la ley permite asignar un contrato si es que esta empresa cumple con los requisitos de la convocatoria. De acuerdo con el testimonio, la empresa que se postuló cumple con ellos”, planteó la especialista del IMCO.
La Senadora por Querétaro del Partido Acción Nacional (PAN), Marcela Torres Peimbert, calificó como una burla que hasta el momento Enrique Peña Nieto no haya hecho ninguna aclaración sobre el conflicto de interés con Grupo Higa y, aún más grave, que no haya ninguna investigación y que, por el contrario, pueda seguir aspirando a nuevos contratos.
La Senadora opinó que “ante tanta corrupción tan obvia, ante la carencia de una aclaración sobre Grupo Higa, de por qué ese grupo era dueño de la casa del propio presidente y de la casa del Secretario de Hacienda (Luis Videgaray), no hay por qué confiar, desde ahí empieza la desconfianza; el testigo social es la pieza menos relevante ante esta gran montaña de incertidumbres que genera todo. Hay motivos de duda más graves que el propio testigo”.
Bohorquez añadió que al tratarse de una licitación tan polémica y que ha sido tan cuestionada y discutida por la opinión pública, el Gobierno federal debe hacer todo lo que esté en sus manos para remediar las problemáticas que se han suscitado, pero que a final de cuentas es positiva la participación del Testigo Social en algo que estaba prohibido, “cuando se hablaba de licitaciones públicas –y todavía se vive en algunos Estados de la república- eran más bien licitaciones gubernamentales, porque de públicas no tenían nada, no se publicaba nada, ni la información, ni los tiempos.
“Que sea una avance no significa que no se deba seguir trabajando en un modelo de gobernanza de los macro proyectos en México, que incluya temas de transparencia, rendición de cuentas, decisiones públicas, competencia para evitar colusión y cuestiones de gobierno abierto”.
Bohorquez finalizó: “Si el Tren a Querétaro ha sido tan polémico y ha sido sólo una licitación, los retos para el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en el que habrá más licitaciones, concesiones y obras que durarán de aquí a 2020, no son comparables. […] El riesgo es muchísimo más grande para el AICM”.
