El abogado Roberto Saucedo explicó que bajo la asesoría de la organización Artículo 19, han solicitado el amparo directo en la que se allegan elementos que desestiman el agravio que alega la exedil, sobre las publicaciones del diario sobre su función pública.
Por Alfonsina Avila
León, Gto., 20 de noviembre (ZonaFranca).- El periódico AM enfrentará mediante un amparo la demanda por daño moral, que presentó la exalcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, en contra de sus directivos. Laura Elena Jaime, apoderada legal de la empresa, junto a los abogados penalistas Roberto Saucedo y Paulino Lorea, advirtieron que la querella no tiene elementos.
Sin duda alguna, expresaron, se trata de un acto contra la libertad de expresión en su más amplia concepción, pues esta considera un daño por 300 millones de pesos son los elementos necesarios, por lo que no es más que un ataque legal.
El abogado Roberto Saucedo explicó que bajo la asesoría de la organización Artículo 19, han solicitado el amparo directo en la que se allegan elementos que desestiman el agravio que alega la exedil, sobre las publicaciones del diario sobre su función pública.
“El pronóstico de (Artículo 19) con el análisis que nos dieron, es que no debieron porque haber hecho esta denuncia. No hay elementos. Es una opinión; ellos han tratado casos similares y hay confianza en la que estamos trabajando con gente que ya han enfrentado estos casos”.
Sostuvo que lo que se publicó no da para un daño tan tan grande de este tamaño, por lo que observan que fue un mecanismo para censurar y evitar que se siga hablando de los temas que a Botello Santibáñez se le achacan por su función pública. “Se está utilizando así. Es obvio”.
“Cualquiera que publique una entrevista, una nota, una opinión… si el día de mañana llega un actuario y les dice, ‘te están estas demandado por un millón de pesos por daño moral’, pues evidentemente que se limitarían para hablar de ese tema. Porque ya hay un problema encima”, expuso Pimentel.
Coincidieron en que se trata de un mecanismo de censura no expreso, pero sí implícito.
Paulino Lorea explicó que se trata de un juego de fuerzas, equivalencias que deberán dirimirse ante los órganos jurisdiccionales, tomando en cuenta que ya no existe el delito de difamación y calumnias, como antes se mencionaban. Por ahora, indicó, serán los jueces quienes deban observar los elementos a favor y en contra de cada parte.
El pasado 12 de octubre, Barbara Botello anunció que interpuso una demanda por daño moral, daño inmaterial, calumnia, difamación, falsedad de información y violación a los derechos humanos, en contra de Enrique Gómez Orozco como responsable por ser socio y director de Editorial Martinica, S.A. de C.V., empresa también señala como persona moral.
En un comunicado enviado a distintos medios de comunicación, Botello manifestó que “la libertad de expresión no es absoluta. Tiene sus límites, al estar los medios de comunicación obligados a corroborar la veracidad de las notas informativas que publican. Es decir, deben verificar que aquello que van a hacer del conocimiento público se apegue a la realidad”.
Fue hoy cuando se conoció por parte del diario el monto reclamado como daño por parte de la exalcaldesa.
Botello responde: no atento contra libertad de expresión
Por medio de un comunicado de prensa, Bárbara Botello respondió al periódico AM que es falso que su demanda pida 300 millones de pesos de indemnización.
Expuso que la demanda es por la columna de la fecha del 14 de julio del 2019 únicamente.
“Es mentira también que yo esté en contra de la libertad de expresión. Siempre he sido muy respetuosa de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico. Pero una cosa es ejercer el periodismo con responsabilidad y ética, como lo hacen la mayoría de los medios de comunicación en Guanajuato, y otra muy distinta utilizar al medio como ente de poder para difamar y mentir con medias verdades o mentiras con el propósito de generar una percepción falsa de la realidad”, externó en su boletín de prensa.
