Con 79 homicidios, los mismos que el año pasado, Guanajuato registra el 17 por ciento del total de asesinatos de policías a nivel nacional, muestran datos de Pop Lab.
Por Martha Silva
Guanajuato, 20 de noviembre (Pop Lab).– El comandante Lázaro Hurtado Luna fue asesinado en su domicilio, en la comunidad de La Palma, en Apaseo el Grande una mañana de miércoles. Según crónicas periodísticas, había salido de su turno en la vecina corporación de Apaseo el Alto y salió a comprar tortillas para desayunar. Al darse cuenta que lo seguían, el oficial corrió a su casa para intentar resguardarse pero nada pudo hacer: un grupo armado ingresó a la vivienda para ultimarlo. No hay detenidos.
El 11 de noviembre, el comandante se convirtió en otra víctima en un conteo de policías asesinados en Guanajuato que, por no haber cifras oficiales, varía en números pero no en proporciones: la entidad gobernada por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por tercer año consecutivo encabeza este tipo de delito y con 79 casi duplica los casos de la siguiente entidad en la lista (el Estado de México, con 37). Y si tomamos en cuenta el conteo de agentes asesinados por ciudad, resulta que han matado en Celaya a tantos policías como en toda la CDMX (21 agentes), mientras que en Silao (11) se han cometido más bajas de oficiales que en 17 entidades de la República.
Con el homicidio de Lázaro Hurtado, según el registro llevado por Pop Lab, se alcanzaron los casos registrados el año pasado, faltando mes y medio para que concluya el año.
En opinión de especialistas como Santiago Roel, fundador del Semáforo Delictivo, se ha dejado de atender y prevenir del delito, no solo los de alto impacto, como son los atentados contra agentes de policía, también los del ámbito familiar, la violencia contra las mujeres, las lesiones dolosas. «No es un tema policiaco, es un tema preventivo, integral, social», sin olvidar que se ha dejado de lado la legalización de las drogas.
En ese sentido van datos proporcionados este jueves por el Observatorio Ciudadano de León, quien en su reporte trimestral de incidencia delictiva julio-septiembre 2020, se indica que en Guanajuato crecieron delitos como el homicidio doloso, el feminicidio, el secuestro, pero el que presentó la mayor alza respecto el mismo periodo del año pasado fue el narcomenudeo, con el 53.09%.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, destacó que en una sociedad con delincuencia común rara vez hay asesinatos de policías, cosa que sí ocurre con una donde hay delincuencia organizada, por lo que es necesaria la coordinación entre estado y federación, para que haya suficientes policías, capacitadas, equipadas y bien blindadas.
DOMINIO POR TRES AÑOS
2020 es el tercer año consecutivo en que Guanajuato lidera los casos de policías asesinados. Pero los números de la entidad no solo dominan el listado, incluso los de dos de sus ciudades, Celaya y Silao, las harían entrar en el listado.
Datos obtenidos del micrositio oficial caído en Pop Lab indican que las corporaciones más afectadas son la municipal de Celaya (con 19 bajas), las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (10) y la municipal de Silao (9), seguidas de las de León (5), Apaseo el Alto y Yuriria (4).
DESIGUALDAD Y VULNERABILIDAD: OBSERVATORIOS CIUDADANOS
Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, destacó, en primer lugar a la urgencia de tener suficiente presencia policial: en México se tienen 1.3 policías por cada mil habitantes, mientras que un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito muestra que los estados que cuentan con condiciones positivas de seguridad tienen al menos 3 policías por cada mil personas.
De esos 1.3 agentes con que contamos, hay gente que no está bien capacitada, ni suficientemente equipada, los turnos son absurdos, dijo, «las condiciones de las policías en nuestro país son ridículas: en ningún país que tenga condiciones de seguridad los policías trabajan las 24 horas; aquí no tienen vacaciones, los salarios son insuficientes», todo esto se resume en vulnerabilidad.
El especialista dijo que sumado a la mayor presencia policial, se requiere mayor inteligencia para poder prevenir situacionalmente el delito y mayor colaboración con la federación para evitar que sigan ocurriendo, sin olvidar el freno a la impunidad, que haya castigo.
Por su parte, Rocío Naveja Oliva, presidenta del Observatorio Ciudadano de León, dijo que ante la suspensión por parte de la federación de programas como el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG), los municipios tienen el reto de identificar fuentes de financiamiento para fortalecer la seguridad pública, que tiene que ir de la mano con políticas públicas integrales de prevención del delito, que atiendan la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, el empleo, la salud, la movilidad social y especialmente la educación.
DEJAR POLITIQUERÍAS DE LADO: ESPECIALISTA
En opinión de especialistas como Santiago Roel, fundador del Semáforo Delictivo, las bandas del crimen organizado que se pelean el mercado negro de drogas están detrás de la gran mayoría de los delitos, ya que además del narcotráfico incursionan en otros asuntos, como el contrabando, robo de combustible, trata de personas y la extorsión.
Sin embargo, reconoce que es poco lo que se puede hacer cuando «con plata y plomo» se va corrompiendo a las autoridades y se asesina lo mismo a policías que a alcaldes o a periodistas, que a ciudadanos inocentes. «Esta es la tragedia que vivimos en México, que no se va a resolver mientras no se regulen las drogas, ¿cuáles?, las que hagan falta, cualquiera que tenga mercado negro en el país, debe ser regulada».
También debe impedirse, dijo, caer en el juego político, pues por un lado, el gobierno federal castiga a los estados que no le son políticamente afines y por otro lado está la soberbia de aquellas entidades más castigadas por la violencia, como Guanajuato, «con una actitud de ‘nosotros lo hacemos mejor’, pero si así lo fuera ya se estarían viendo los resultados», por lo que urgió a tomar decisiones colectivas.
Por parte del gobierno estatal, señaló el especialista, ha faltado darle revisión a fondo al semáforo delictivo. En ello deben participar además los gobiernos municipales, la sociedad civil, los medios de comunicación, porque la metodología del semáforo es que es un ejercicio público de rendición de cuentas, no un ejercicio privado. Esto ha sido muy efectivo en Sinaloa, Sonora y Nuevo León, entidades que en su momento presentaron también una creciente actividad delictiva.
Santiago Roel explicó que esta metodología incluye, además de reuniones mensuales de los diferentes sectores de la sociedad para analizar el avance o retroceso de los delitos en el territorio, se crearon policías nuevas, se crearon protocolos pero fue sobre todo la presión social la que llevó a enfocarse en los delitos más graves. Aconsejó a los guanajuatenses: «No se esperen a ver qué hacen el gobierno o los empresarios», ya que principalmente las autoridades no quieren que se les audite, «para eso es el semáforo».
Estas reuniones mensuales permitirían que surjan los temas más urgentes, «si hay tema de fiscalía, si hay tema de policía, que ahí surja», pero también será necesario meter en la conversación a instancias como el DIF, el Instituto de la Mujer, Desarrollo Social, de tal manera que el ataque a la criminalidad sea integral.
