El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) atendió la denuncia de Uber y abrió un proceso administrativo para esclarecer las prácticas llevadas a cabo por los taxistas y las entidades representativas del sector, según un comunicado.

El Cade considera que mientras se debate en los tribunales la legalidad de la aplicación, «la empresa debe ser considerada una competidora como cualquier otra y no puede ser objeto de conductas anticompetitivas».

La entidad observó «evidencias» de que «algunos taxistas emplearon la violencia» y lanzaron «graves amenazas» contra algunos conductores de Uber y clientes de la aplicación.

«Esas acciones habrían generado un clima real de amenaza en la actuación de rivales, lo que podría causar efectos de anticompetencia de obstrucción de la entrada y del desarrollo de la empresa en el mercado, además de limitar la elección de los consumidores», agrega la nota.

El Cade, sin embargo, no aceptó una denuncia en la que Uber argumentaba que los taxistas estarían ejerciendo «una presión abusiva» sobre autoridades públicas para aprobar leyes «con la intención de impedir la entrada de empresas en el mercado del transporte individual remunerado».

El órgano antimonopolio, no obstante, consideró «legítimo» que los taxistas «pleiteen sus intereses junto al poder público».

En los últimos meses los taxistas brasileños se han manifestado en varias ocasiones en las principales ciudades del país, como Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, para protestar contra el uso de la aplicación.

La Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, llegó a afirmar que Uber «le quita el empleo a muchas personas», aunque precisó que cada ciudad y cada región del país debe reglamentar su uso.

En Río de Janeiro, una ley municipal prohibió el uso de Uber, pero una decisión promulgada el pasado octubre dejó sin efecto la norma con el argumento de que viola el derecho a la libre iniciativa garantizado por la Constitución.

En Sao Paulo, la Alcaldía reglamentó el funcionamiento de una nueva categoría de taxis en la que pueden inscribirse los conductores de Uber mediante el pago de una licencia, aunque el funcionamiento de la aplicación es considerado ilegal en la mayor ciudad de Brasil.