La banda fue desarticulada mediante una operación desarrollada desde primera hora de hoy por cerca de 400 agentes de la Policía Federal en diferentes ciudades de los estados de Amazonas, Ceará, Roraima, Río Grande do Norte y Río de Janeiro.

Los agentes federales tenían previsto cumplir hasta el final de este viernes 442 diferentes órdenes judiciales, entre ellas 127 de detención de supuestos integrantes de la organización y 68 de incautación de bienes, así como el bloqueo de cuentas a nombre de 173 personas o empresas, según un comunicado de la Policía Federal.

La operación fue desarrollada con la colaboración de la Interpol, a la que las autoridades brasileñas le pidieron la detención de diferentes personas en Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela, países desde los que la banda introducía grandes cargamentos de drogas.

Tan sólo en los últimos seis meses de investigación la Policía le incautó al grupo once cargamentos con unas 2,2 toneladas de drogas.

La operación de combate a la banda criminal fue bautizada como «La Muralla», una referencia al cuartel general del Cartel de Cali, debido, según la Policía Federal, «a las coincidencias en la estructura, objetivos y modo de operación» entre la organización criminal colombiana y la brasileña.

La banda, controlada desde prisiones en el estado amazónico de Amazonas, se proponía, «con extrema violencia», consolidar «un estado paralelo en la región norte de Brasil, con leyes propias, definidas por un estatuto por el cual los líderes dictaban sentencias diarias, muchas desde dentro del sistema penitenciario, en el que fue instituido un verdadero tribunal del crimen».

De acuerdo con la nota, la organización estipulaba los crímenes que podían ser cometidos, «especialmente quién debía vivir o morir».

Los responsables del caso dijeron que las informaciones recogidas durante la investigación permiten responsabilizar al grupo por «decenas de muertes violentas ocurridas en los últimos meses en Manaos», capital del estado de Amazonas y mayor ciudad de la Amazonía.

Entre los homicidios de los que se acusa a la banda figuran los ocurridos durante el conocido «final se semana sangriento», cuando 38 personas fueron asesinadas en Manaos en tres días de este año.

La operación de hoy también incluyó búsquedas en siete diferentes presidios y el traslado de 17 reclusos señalados como líderes de la organización y considerados de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad en otras regiones del país.

Las órdenes de detención incluían a siete abogados y un concejal de la ciudad de Tonantins por sus vínculos con la organización.

La banda comenzó a ser investigada en abril de 2014 cuando agentes federales, en una inspección rutinaria, se incautaron de unos 200 mil reales (unos 52 mil 630 dólares) en dinero en una lancha que se dirigía hacia la triple frontera de Brasil con Colombia y Perú, en donde sus ocupantes recogerían un cargamento de drogas.

Según la Policía, la organización contaba con una estructura muy jerarquizada y tenía como principales objetivos controlar los diferentes presidios en Amazonas, así como el tráfico de drogas en este estado.

La Policía también acusa al grupo de haber reclutado a miles de personas para diferentes funciones y de utilizar modernos medios tecnológicos para facilitar sus negocios con otras organizaciones criminales en Brasil y en los países vecinos.

El grupo, según la nota, incluso «pretendía indicar y financiar la candidatura de algunos de sus integrantes para disputar cargos políticos en las próximas elecciones» (municipales) en Brasil.

Los miembros de la banda serán acusadas formalmente de los crímenes de tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero, evasión de divisas, robo, corrupción, homicidio, secuestra, tortura y otros crímenes conexos.