A Robles Berlanga, titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se le acusa de uso indebido del servicio público al emplear universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos. Robles es señalada de permitir estas irregularidades, situación que la mantiene desde hace más de dos años en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- Rosario Robles Berlanga, la única presa de primer nivel que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta corrupción, se queda en Santa Martha Acatitla, penal de la Ciudad de México que ha sido su hogar desde agosto de 2019. El Ministerio Público presentó nuevos alegatos para evitar su salida. Pero hoy, como ayer, la exfuncionaria federal parece retenida con alfileres.
El Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, determinó este miércoles que persiste un “elevado” riesgo de que Rosario Robles se fugue, por lo que decidió que debe continuar en prisión preventiva.
La audiencia en la que se tomó esta determinación arrancó a las 5:15, luego de que la exfuncionaria fuera llevada en medio de un dispositivo de seguridad de su celda en Santa Marta a su audiencia en el Reclusorio Sur. Para la familia era el día en que ella volvería a casa. Sin embargo, el fallo no fue como lo esperaban.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a la prensa vía WhatssApp —debido a que la audiencia fue a puerta cerrada— cómo el Juez explicó que la revisión de medida cautelar se haría en términos del artículo 161 del Código nacional de Procedimientos Penales (CNPP), así como la “necesidad de cautela”. Ese artículo menciona que si hay una variación de las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma.
Pero hubo un cambio, y el Juez determinó que el riesgo de fuga, que se sostuvo desde agosto de 2019, continúa.
En la argumentación, el letrado dijo que el resguardo domiciliario, que es la alternativa que ofrece la defensa, le facilitaría a Rosario “los medios para abandonar el territorio”. Agregó que las cuestiones de salud no son obstáculo para que la exfuncionario permanezca en prisión, pero que cada que ella necesite alguna atención médica, puede acudir al Juez de Ejecución para solicitar medidas que ella y su defensa consideren pertinentes.
La exsecretaria de Estado de la administración de Enrique Peña Nieto se mantiene en prisión por el supuesto temor de que se dé a la fuga. La Fiscalía presentó al Juez una licencia de conducir con la que argumentaba sus temores de que escapara de su alcance. Pero en el camino, la defensa pudo comprobar que se trataba de un documento falso.
Esa licencia era lo único que mantenía a Robles Berlanga, también exjefa de Gobierno de la capital mexicana, en prisión. Y este miércoles al menos ese argumento iba a derrumbarse. Pero de última hora, nuevos alegatos de la Fiscalía brincaron temporalmente ese escollo y lograron evitar lo que habría sido una gran vergüenza para una administración que prometió combatir, como prioridad, la corrupción.
Es decir, la prisión preventiva que le fue dictada en agosto de 2019 a Robles no fue por su participación en la «Estafa Maestra», sino por esta licencia de conducir que la FGR presentó ante un Juez para argumentar que existía un riesgo latente de fuga debido a que tenía una dirección diferente a su domicilio en Coyoacán.
A Robles Berlanga, titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se le acusa de uso indebido del servicio público al emplear universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos. Robles es señalada de permitir estas irregularidades, situación que la mantiene desde hace más de dos años en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.
La abogada Adriana Greaves Muñoz, de la organización TOJIL, dijo en una entrevista previa con SinEmbargo que el caso de Robles es una “simulación de justicia” al no imputarle los supuestos desvíos de recursos. “No se investigó la totalidad y se redujo a una investigación bastante sencilla de una consecuencia jurídica no relevante”, planteó.
Robles ha explorado varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitó negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado. No obstante, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que la diferencia entre ella y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex imputado por el caso Odebrecht, es que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la trama de corrupción como sí lo ha hecho Emilio Zebadúa González, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, y a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad bajo el cual le atribuyó cargos a Robles por el desvío de recursos públicos.
En meses recientes recurrió a la vía del amparo para dejar la prisión. En ese sentido, la exfuncionaria logró que un Tribunal ratificara el recurso que un juez le había concedido bajo los argumentos de que la licencia para justificar la existencia de diversos domicilios es falsa; que no existen recursos económicos ni de la inculpada ni de sus familiares, para que ésta pudiera evadir la acción de la justicia, y que está comprobado el asiento de Rosario Robles en la Ciudad de México.
Pese a ello, Rosario Robles seguirá en prisión.
