Guanajuato atraviesa una crisis de seguridad histórica: las cifra de carpetas abiertas por homicidio doloso en los primeros ocho meses de este año no se habían visto antes; los reportes de tomas clandestinas mantienen a la entidad a la cabeza de este delito, y tiene el segundo sitio de robo a trenes de carga.
La última estrategia del Gobierno de Miguel Márquez Márquez ha sido dar mayor poder a los militares, que grupos civiles cuestionan a más de 10 años de ser aplicado en todo el país.
El turismo junto al sector comercio y de servicios representa el 80 por ciento del empleo en Guanajuato, sectores que se ven amenazados ante una crisis que se acentúa.
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- La inseguridad en Guanajuato se disparó de la mano de la actual administración federal y estatal. Hoy, grupos civiles ven riesgos en las estrategia que emprende el Gobernador Miguel Márquez Márquez de implementar un mando único militar.
Guanajuato tiene hasta ahora dos esquemas de mando para combatir al crimen organizado: el Mando Único del que es responsable el Gobernador panista, y el Mando Único militar que opera en los municipios de Salamanca, Apaseo el Alto, Jerécuaro y Coroneo, en manos del Comandante de la Secretaría de la Defensa Nacional Manuel Díaz Organitos.
En otra apuesta de militarización –que tuvo su origen en abril cuando el Gobernador Miguel Márquez visitó las instalaciones de la Policía Militar en Apodaca, Nuevo León– se inaugurará en Irapuato un cuartel militar el 31 de diciembre de este año. El vuelco castrense encuentra reservas en la sociedad civil.
“La base militar de Apodaca es una Policía Militar fundamental, funcional, adecuada, pero tiene ciertos riesgos ante la población, sobre todo por los derechos humanos. Tenemos que ser cuidados de que deban ser una parte coadyuvante a cierto tipo de tareas, y que no confundamos una cosa con la otra, porque sino el día de mañana no podemos dejar el mando del Ejército lo que es un trabajo municipal, o estatal”, señaló Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León.
“Llevamos 10 años en guerra, y con el Ejército en las calles y no ha funcionado”, lamentó Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo, quien consideró que la reciente propuesta sólo dará frutos provisionales, mas no a largo plazo ante la negativa a la regularización del consumo de drogas .
Los asesinatos en los primeros ocho meses de este año han marcado un nuevo récord: las 707 carpetas por homicidio doloso convierten este periodo en el más violento de la historia de la entidad que se tenga registro, un aumento del 24.25 por ciento más que en el mismo periodo de 2012, anteriormente el año más violento en esta entidad.
Organizaciones civiles y autoridades estatales responsabilizan a la guerra entre cárteles de las cifras inéditas.
“Hace unos días cayó una avioneta en la sierra de León. Traía 400 kilos de cocaína […] un millón 600 mil dosis, y cada dosis cuesta en el mercado negro entre 300 y 400 pesos”, resaltó Alberto Ramos.
Tan sólo el pasado fin de semana se registraron 19 ejecuciones en la entidad, y este día causó revuelo la publicación de un video en el que hombres armados que se identifican como seguidores de José Antonio Yepes, “El Marro” -considerado líder de ladrones de combustible en la entidad- y declaran la guerra al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Autoridades -como el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana del Gobierno federal, Alberto Begné Guerra- han reconocido que la política de atomización contribuyó a la violencia, y que la entidad se volvió atractiva por los trenes que pueden ser atracados y las tomas clandestinas de combustible.
Hasta mayo, el Presidente Enrique Peña Nieto se jactaba de haber neutralizado a 106 de 122 objetivos prioritarios. Santiago Roel critica que este descabezamiento de cárteles no ha buscado solucionar los problemas por el dominio del mercado negro de las drogas.
“Quien está generando toda esta violencia no es el crimen organizado, es la política que no han querido enfrentar el verdadero problema. […] En México los políticos siguen lo que Estados Unidos les indica, es el Plan Mérida, el ataque frontal a los cabezas del narco que atomiza, e incrementa la competencia entre ellos, y esta es la principal consecuencia de la política en México”, apuntó Roel.
A agosto de este año, Guanajuato encabezaba los hallazgos de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) con mil 246, seguido de Puebla que reportó 948 y Tamaulipas con 810.
El segundo Reporte Trimestral de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano de 2017 destacó que la entidad se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional de saqueo de trenes, con un total de 76 reportes, sólo superado por Veracruz y sus 26 asaltos.
Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. resaltó que la incapacidad del Gobierno de Enrique Peña Nieto para generar una estrategia integral contra la violencia ha afectado a estados que antes eran considerado como seguros.
“Algo similar pasó en Colima, Baja California, y Baja California Sur”, explicó Cortez.
EMPRESARIOS, BAJO ACECHO
En junio pasado, el Gobernador Márquez se reunió con empresarios del sector automotriz para expresarle avances sobre la policía militar. Un mes más tarde tocó el tema de seguridad con representantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos Zona Bajío.
El turismo en Guanajuato representa una inversión de 9 mil millones de pesos, y junto con el sector comercio y de servicios abarca el 80 por ciento del empleo de esta entidad, de acuerdo con datos ofrecidos por la Gubernatura del estado.
Roel apuntaló que hay un riesgo en las reuniones que se sostienen entre autoridades y empresarios que no consideran a la ciudadanía, y es el de que los elementos de seguridad se dediquen a combatir delitos que afectan principalmente al empresariado.
“Deben de ser reuniones públicas, un grave error es que algunos empresarios y cámaras se juntan en privado con la autoridad. Esto no debe de ser así. […] Está sujeto a que intereses tienen los empresarios que participan esto. En puerta cerrada es muy peligroso analizar un tema de seguridad”, apuntó Roel.
Luis Alberto Ramos añadió que los micronegocios en la entidad también atraviesan tiempos difíciles. En los primeros ocho meses hubo mil 345 carpetas de investigación por robo a negocio, cuatro más que en el mismo periodo del año pasado.
“Entonces hay que pensar que no son nada más las grandes empresas (las afectadas), sino las microempresas que se manifiestan con la inconformidad”, recalcó.
