Los organismos evidenciaron que, de acuerdo a datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina (Semar), entre 2007 y 2014, murieron 3 mil 967 civiles y 209 militares, es decir, una proporción de 19 civiles fallecidos por cada militar muerto.
Ciudad de México, 20 octubre (SinEmbargo).- Diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en Washington que hay un patrón de ejecuciones extraoficiales y de encubrimiento en México. Sin embargo, dijeron, la respuesta del Estado mexicano fue que “no coincidía” con ese diagnóstico.
Hoy por la tarde, varias organizaciones expusieron durante la 156 periodo de sesiones de la CIDH, que se realiza en Washington, DC, la situación de alarma que se vive en el país en torno a las ejecuciones extrajudiciales.
Por su parte, Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien forma parte de la comisión de expertos en derechos humanos que se encuentra en Estados Unidos en este momento, confirmó a SinEmbargo que esa fue la respuesta de las autoridades mexicanas ante la denuncia de los grupos civiles.
Durante la audiencia sobre Ejecuciones Extraoficiales en México, representantes de diversas organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Oficina para América Latina en Washington (WOLA, por sus siglas en inglés), Human Rights Watch, y el Centro Robert F. Kennedy Human Rights, denunciaron que estos crímenes se han registrado en México desde los años setenta, y sin embargo, “la impunidad de ayer y hoy permanece”.
Enfatizaron además en los factores estructurales que fomentan esta práctica como son: “la impunidad de las ejecuciones desde décadas pasadas hasta la actualidad, el encubrimiento, la falta de prácticas adecuadas de investigación y la militarización de la seguridad pública”.
Ejemplificaron con una serie de casos ocurrido entre 2014 y 2015 como las matanzas de Tlatlaya, Estado de México; Apatzingán, Tanhuato y Ostula en Michoacán; Calera, Zacatecas; y la privación de la vida de 6 personas en Iguala, Guerrero, durante los ataques a los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Los grupos civiles precisaron que en México las ejecuciones extrajudiciales se encubren de diversas maneras, entre ellas, debido a que marinos y militares que intervienen en tareas de seguridad mantienen el control de la escena del crimen; introducen elementos ajenos para incriminar a las víctimas; difunden información falsa a medios a través de boletines o declaraciones.
Aunado a ello, agregaron, revictimizan a las víctimas filtrando a la opinión pública imágenes fotográficas indignas; además de que el Ministerio Público interviene tarde y no investiga eficazmente, y que tampoco se indaga la cadena de mando.
Con este patrón, agregaron las organizaciones, se da “impunidad para los perpetradores, [hay] ausencia de reconocimiento de responsabilidad y de relación del daño, [y] repetición de las violaciones de derechos humanos”.
Los organismos evidenciaron además, de acuerdo a datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina (Semar), que entre 2007 y 2014, murieron 3 mil 967 civiles y 209 militares, es decir, una proporción de 19 civiles fallecidos por cada militar muerto. En cauto a las cifras de la Marina, “el mismo índice de letalidad de 2012-2014 alcanza los 21 civiles difuntos por cada miembro de la marina fallecido, mientras se conoce que la Policía Federal ha matado a más personas de las que haya detenido en ‘enfrentamientos’ en el presente sexenio” del Presidente Enrique Peña Nieto.
En este sentido, continuaron, “como muestra de la impunidad que impera en dichos caso se evidenció que solo se tiene conocimiento de una sentencia condenatoria por una ejecución extrajudicial en Nuevo León, estado en el que ocurrieron 394 ‘enfrentamientos’ de militares y civiles entre 2007 y 2014”.
Las organizaciones recordaron hoy ante la CIDH que en 2014, “antes de que ocurrieran los casos recientes de ejecuciones”, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, publicó su informe sobre México, dando cuenta de “una impunidad sistemática y endémica”, que alentaba las violaciones al derecho a la vida en sus modalidades de “muerte de personas detenidas; muertes a manos de miembros del ejército, la marina y la policía; uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden; muertes durante manifestaciones de protesta”, entre otras. Sin embargo, criticaron que el Estado no ha cumplido diversas recomendaciones clave formuladas por el Relator.
En este contexto, los organismos de defensa de los derechos humanos, plantearon diversas acciones prioritarias para erradicar la práctica de las ejecuciones extrajudiciales en México, incluyendo: la implementación estatal de un plan programático para poner fin al actual modelo militarizado de seguridad pública; incorporar la investigación de la cadena de mando y la posible alteración de las escenas del crimen en todos los casos de graves violaciones a derechos humanos.
Instaron también que se garantice que después de toda privación de la vida por integrantes de las fuerzas de seguridad, se realice una averiguación independiente, tomando en cuenta las directrices internacionales contenidas en el Protocolo de Minnesota; que se cumpla con las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos que hayan visitado el país y además de garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas de ejecuciones cometidas en tanto en décadas pasadas como en años recientes; respetar la independencia de jueces y fiscales.
En tanto, Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, sostuvo que hay una crisis que el Gobierno federal no reconoce y no se compromete a remediar, porque no puede. Sus instituciones estás socavadas, superadas por el crimen, la corrupción y la impunidad, aseguró.
“Cuando un gobierno federal concentra sus energías a disputar el diagnóstico, y no ha cumplir las recomendaciones, en realidad el mensaje es catastrófico para quienes llevamos la agenda nacional en materia de derechos humanos. Lo que nos están diciendo es que no están dispuestos a construir agenda, porque disputan el diagnóstico, y que las medidas de cambio, no están dispuestos a ponerlas sobre la mesa y a instrumentarlas. Por eso es que estos casos como Ayotzinapa son un punto de inflexión, de no retorno”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
