Bogotá, 20 Oct (Notimex).- La investigación contra el ex Presidente Alvaro Uribe Vélez por sus nexos con grupos paramilitares de extrema derecha, tiene sentido porque el ex mandatario debe responder por varios crímenes de lesa humanidad, aseguró el congresista opositor Iván Cepeda.
“Creo que la decisión de pedir investigación a fondo contra el ex Presidente Uribe, por sus nexos con los paramilitares, es acertada y largamente esperada por el país”, dijo a Notimex Cepeda, quien es congresista por el partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA).
En la última semana la Fiscalía General de Colombia y el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, pidieron -en decisiones separadas- investigar a Uribe Vélez, por su supuesta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, antes y durante su ejercicio como jefe de Estado.
El pasado 6 de octubre la Fiscalía General de Colombia envió copias a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que investigue al ex presidente Uribe Vélez, por su presunta colaboración y financiamiento de grupos paramilitares de extrema derecha.
La Fiscalía General tomó dicha decisión después de examinar las declaraciones del ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo (alias Don Berna), desde una prisión en Miami, Florida, en lo que tiene que ver con la masacre de El Aro, cuando Uribe Vélez era gobernador de Antioquia (1995-1997).
En esa declaración el ex jefe paramilitar dijo que la masacre de El Aro fue ordenada por Carlos Castaño y que conocía de testigos que vinculaban a miembros del Estado de haber participado en ella y al entonces gobernador Uribe Vélez.
El 16 de octubre una sentencia del Tribunal Superior de Medellín pidió también investigar a Uribe Vélez, por varios delitos de lesa humanidad cuando ejerció el cargo de gobernador en el departamento de Antioquia y como jefe de Estado.
El fallo fue emitido por la Sala de Justicia y Paz de dicho tribunal, que investiga diferentes casos de los grupos paramilitares de extrema derecha que operaron en el departamento de Antioquia, en el nor-occidente de Colombia.
El Aro, es un caserío del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, que fue declarado objetivo militar por las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por considerar que el lugar era un enclave de las guerrillas de las FARC.
El 25 de octubre de 1997, los paramilitares asesinaron a 17 campesinos, robaron mil cabezas de ganado, incendiaron comercios, la iglesia, el hospital y obligaron a salir de la zona a más de mil 200 personas.
Para el legislador, quien ha denunciado ante el congreso los nexos del ex mandatario (2002-2010), con los grupos paramilitares de extrema derecha, es importante tener en cuenta algunos antecedentes, para contextualizar las decisiones de los órganos judiciales,
“Hay que recordar el contexto de la masacre de El Aro. Los paramilitares estaban a sus anchas en el departamento de Antioquia, al amparo de las empresas que había promovido Uribe, como fueron las Convivir (firmas de seguridad privada)”, explicó Cepeda.
Recordó que el defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, hizo múltiples denuncia ante el gobernador y la IV Brigada del Ejército, sobre posibles masacres en el municipio de Ituanga y “esas denuncias fueron desoídas y por el contrario se acusó a Jesús María de ser enemigo de las Fuerzas Militares”.
Las denuncias concluyeron -según Cepeda- en la masacre de El Aro, en Ituango, y en el asesinato de uno de los más destacados defensores de los derechos humanos en el departamento de Antioquia.
Para Cepeda, las acusaciones contra Uribe Vélez, toman cada día más fuerza por las confesiones que están haciendo los ex jefes paramilitares que están en prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
La última declaración en contra del ex presidente Uribe Vélez la hizo en Estados Unidos el ex paramilitar Don Berna, quien aseguró que los mensajes los entrega el secretario de Gobierno en Antioquia, Pedro Juan Moreno, quien luego falleció en un misterioso accidente aéreo.
Don Berna aseguró que Moreno, como secretario del Interior, en la Gobernación de Antioquia, era “el que llevaba las razones de como los paramilitares debían actuar y perpetuar estos crímenes”.
“Yo espero que estas decisiones judiciales fructifiquen porque la masacre de El Aro en Ituango, siguen en la impunidad. Ahora son los propios ex jefes paramilitares, quienes han confesado”, subrayó Cepeda.
El dirigente político, el 17 de septiembre del 2014, presentó en un debate en el Congreso una relación de los hechos en los que está implicado Uribe Vélez cuando era gobernador en Antioquia, y luego como presidente de Colombia.
