Mientras los días se acumulan sin que aún se dé con el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos forzadamente el pasado 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero, las tumbas clandestinas siguen apareciendo. Hasta ahora no se ha informado con precisión cuántos cadáveres o restos humanos han sido sacados de esos entierros; sólo se sabe que en las primeras fosas que la PGR reportó había 28 cuerpos calcinados. Ninguno de ellos era de los normalistas, según las autoridades.
Imposible predecir si los trabajos de búsqueda que por ahora hacen los policías comunitarios agrupados en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) servirá para dar con todas las fosas clandestinas que hay en Iguala. Tan imposible como saber cuántas existen ahí y en todo el país.
Pero a la imposibilidad de saber cuántos cadáveres o restos humanos yacen bajo la tierra removida subrepticiamente en parajes, montes o predios, bien se puede sumar la inconsistencia en los datos sobre aquéllas tumbas que sí han podido localizarse, pues las cifras que la Procuraduría General de la República (PGR) ha proporcionado al respecto han cambiado significativamente en varios casos.
Si la lógica podría explicar que una variación en aumento sería a causa de una actualización -bastante dilatada- de los datos, ¿cómo entender que de las 141 fosas que la PGR informó en 2013, para septiembre de este año sólo dio cuenta de 32?, ¿o que hace año y medio haya referido el hallazgo de 656 cadáveres en fosas durante 2011, y luego esa cifra se haya ido diluyendo en otras menores?, ¿o que los datos de la PGR no coincidan con los del Ejército, la Marina y la Policía Federal?
Y detrás de esa inconsistencia en la cifras, lo que persiste es una falta de coordinación para hacer una eficiente identificación de los cuerpos encontrados, acusan organizaciones que trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas.
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).— Primero fueron seis; luego se precisó que sólo cinco fueron usadas como tumbas. Más tarde aparecieron otras cuatro. Y luego cuatro más. Y luego otras seis. Y después se habló de que habría siete más. Y así, las fosas clandestinas en Iguala, Guerrero, han ido apareciendo con el transcurrir de los días, mientras que el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “ Raúl Isidro Burgos”, ubicada en el poblado guerrerense de Ayotzinapa, sigue siendo un misterio tras 24 días de que fueron desaparecidos forzadamente por policías municipales de Iguala y Cocula, según la versión oficial.
Imposible saber si se llegarán a descubrir todas las fosas clandestinas que hay en ese municipio, o las que se acumulan en el estado de Guerrero, o las que persisten regadas bajo tierra removida por todo el país. Pero quizá sea igual de imposible tener una cifra única, precisa, de la cantidad de entierros ilegales que han sido hallados, así como del número de cadáveres o restos humanos encontrados en ellos y del destino que tuvieron esos cuerpos o fragmentos de cuerpos, detrás de los cuales es posible que haya un padre, una madre o un hijo siguiendo su rastro.
Y es que los datos que las autoridades han dado sobre la cantidad de fosas clandestinas que han sido encontradas en el país son inconsistentes, como lo muestran las respuestas a sendas peticiones de información hechas por SinEmbargo a la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal (PF), que se suman a las que han realizado sobre el mismo tema otros ciudadanos en los últimos años, de acuerdo con los documentos disponibles en el sistema de búsquedas del portal Infomex.
Presentadas en fechas distintas y con redacciones diversas, las peticiones de información en esencia versan sobre lo mismo: conocer la cifra de fosas clandestinas y de cuerpos o restos humanos hallados en ellas.
Casi todos los ciudadanos que han pedido tales datos buscan respuestas a partir del año 2006, cuando comenzó el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, quien un mes después de haber asumido el cargo en una dudosa elección, emprendió una política de un supuesto combate a los grupos del narcotráfico en el país. Esa «guerra contra el narcotráfico» tuvo resultados «calamitosos», a decir de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), pues exacerbó las violaciones a los derechos humanos y multiplicó por miles la cantidad de muertos y desaparecidos a causa de la violencia asociada al supuesto combate al narco.
En sus contestaciones, las dependencias públicas han entregado información distinta a algunos peticionarios, lo cual hace que ésta sea inconsistente al comparar las respuestas o cotejarlas con los datos proporcionados por las demás instancias.
Ejemplo de ello son las dos solicitudes de información hechas por este medio digital en distintas fechas a la PGR, y que fueron contestadas los pasados 5 y 8 de septiembre.
En una de sus respuestas, entregada el 5 de septiembre, la dependencia a cargo de Jesús Murillo Karam refirió el hallazgo de 82 fosas clandestinas y mil 537 cadáveres entre 2009 y marzo de 2014; tres días después contestó a la otra solicitud afirmando que entre 2005 y marzo de 2014 —un periodo de tiempo más amplio que en la primera petición— había localizado 32 fosas y 425 cadáveres, es decir una diferencia de 50 fosas y menos de una tercera parte de los cuerpos referidos en la anterior solicitud.
SinEmbargo comparó las cifras entregadas por la PGR con las proporcionadas en respuesta a otras cuatro solicitudes de información ciudadanas, que fueron contestadas entre febrero de 2013 y marzo de 2014.
Las diferencias en la información son persistentes.
Por ejemplo, en la solicitud con folio 0001700003814, contestada el 30 de enero de 2014, la Procuraduría refirió que en 2007 encontró 22 cadáveres en entierros clandestinos; el 14 de marzo siguiente, en respuesta a la solicitud 0001700041514, contestó que fueron 93 cuerpos; y luego el 27 de marzo respondió a la solicitud 0001700002414 que halló 22. En una de las dos peticiones hechas por este medio (la que tiene folio 0001700177314) la misma dependencia dijo que ese año encontró sólo dos fosas, y en la solicitud 0001700216414 ni siquiera entregó información de ese año, a pesar de que se requirieron datos desde 2006.
En la petición con terminación 41514 se requirió información desde el año 2000, mas la Procuraduría entregó datos sólo a partir del año 2006. Según la dependencia, ese año tuvo conocimiento de 61 cadáveres encontrados en entierros clandestinos, pero unos días después dio una cifra distinta (37) al solicitante cuyo folio termina con 02414. Para junio siguiente, sólo reportó cuatro cadáveres encontrados ese año, como consta en la solicitud con terminación 77314.
Cabe señalar que en todos estos casos, cuatro áreas de la PGR participaron en la entrega de la información requerida: la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, la Coordinación General de Servicios Periciales y la Dirección General de Comunicación Social, como se lee en los respectivos oficios de respuesta. Es decir que las mismas oficinas dieron información distinta en cada caso.
Otro ejemplo de la disparidad de los datos se ve al comparar las cifras de las solicitudes 41514 y 16414. En el primer caso, la PGR indicó que en 2006 se encontraron 61 cadáveres; en 2007, 93 cuerpos; y en 2008, un total de 353. Aunque la solicitud 16414 se hizo en una fecha posterior y requirió información de esos años, la dependencia no entregó los datos que ya había proporcionado unos meses atrás.
La información de ambas solicitudes para los años 2009 y 2012 es similar: 190 cuerpos encontrados en 2009 y 232 durante el año 2012, el último del sexenio calderonista. Para 2010 y 2011, en la solicitud 41514 se proporciona un dato ambiguo: que además de los cadáveres reportados cada año, entre esos dos periodos, sólo en Tamaulipas hallaron 192 cuerpos.
Si se suman las cifras de los dos años, de nuevo los datos de ambas solicitudes coinciden en la estadística mortal: 668 cadáveres encontrados en fosas, casi uno por día.
Para 2013, el primero de la administración de Enrique Peña Nieto, de nuevo hay una diferencia: la solicitud 41514 reporta 419 cadáveres y la 16414 da cuenta de 429.
Ahora bien, si se toman los datos anteriores como referencia, es notoria la diferencia con las cifras entregadas en la solicitud 77314, cuya fecha de entrega fue muy cercana a la de la petición 16414. Por ejemplo: en 2009, la solicitud 16414 refiere el hallazgo de 190 cadáveres, mientras que la 77314 tiene el registro únicamente de cuatro.
Las diferencias significativas persisten en los siguientes años, como se muestra a continuación:
*La solicitud 16414 fue respondida el 5 de septiembre y la 77314 el 8 de septiembre.
En la revisión de la información que la PGR ha brindado a los ciudadanos hay una solicitud, la que lleva el folio 0001700012714, que pidió el número de cuerpos encontrados en fosas clandestinas sólo en 2013.
La Procuraduría contestó el pasado 10 de febrero y le informó al ciudadano que había pedido ese dato que durante dicho año encontró 30 cadáveres. Un mes después, la misma instancia entregó otra cifra, la de los 419; y un semestre más tarde, entregó dos cifras más, distintas de las anteriores y entre sí: una de 429 y otra de 110 cadáveres.
Una mención aparte merece la solicitud 0001700019013, a la que la PGR contestó el 18 de febrero de 2013.
El ciudadano detrás de ese folio requirió información sobre los cuerpos encontrados en fosas entre 2006 y 2012. Destaca el número de cadáveres que la PGR dijo haber encontrado en 2011 en entierros clandestinos: 656. De esos, refirió entonces la Procuraduría, tan sólo al estado de Tamaulipas correspondían 229.
En peticiones posteriores, la dependencia proporcionó cifras menores sobre los cuerpos encontrados en 2011 en tumbas clandestinas: 385, 242, 179…
La discrepancia en los datos no sólo se ha dado respecto al número de cuerpos encontrados en las fosas, sino también sobre la cantidad de los entierros ilegales que la PGR afirma haber conocido e incluso sobre cuántos de los cuerpos encontrados han sido identificados.
Sobre el número de fosas, en las dos solicitudes hechas por SinEmbargo, la PGR entregó información distinta. En la del folio 77314, refirió que de 2005 a 2008 encontró 12 fosas, pero en la solicitud del folio 16414 no proporcionó dato alguno sobre esos años.
Para los años siguientes, las diferencias fueron notables:
En suma, los datos entregados en estas peticiones dan cuenta de 32 y 82 fosas, respectivamente, en todo el país.
Pero ninguno de esos números coincide con el que la misma PGR había entregado el 2 de mayo de 2013 a otro peticionario, a quien la dependencia contestó que durante 2007 y 2011 había encontrado 141 fosas clandestinas en el país. Un año después, la cantidad de fosas reportadas disminuyó, en lugar de aumentar.
Algo similar ocurrió con la información proporcionada sobre los cadáveres identificados.
Al comparar las solicitudes 03814 y 77314, se observa que en enero de 2014 la PGR aseguró que durante 2010 había identificado a 17 cuerpos hallados en fosas clandestinas, pero para junio dijo que ese año no había identificado ningún cuerpo.
Durante 2012, de acuerdo con la solicitud 03814, se encontraron 33 fosas en el país, mientras que la solicitud 77314 refiere que sólo fueron nueve.
Y de nuevo, en 2013, al ciudadano de la primera solicitud la PGR le contestó que había encontrado 51 entierros clandestinos; al segundo le dijo, seis meses después, que fueron 44, es decir siete menos.
IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES, UN CAOS
En Acapulco, Guerrero, una madre busca a su hijo desaparecido. Un día las autoridades que llevan la investigación del caso le llaman por teléfono para decirle que le van a entregar un trozo de hueso que encontraron en una fosa clandestina y que, según sus análisis, corresponde a su hijo.
La mujer, esperanzada de que ese hallazgo le va a dar la certeza que le hace falta tener sobre el paradero de su hijo, acepta la única evidencia de su posible identidad. Pero aproximadamente un mes más tarde, las mismas autoridades que le llamaron asegurándole que el hueso era de su hijo, van a su domicilio a recogerlo y le dicen que hubo una equivocación, que ese trozo de esqueleto no es de su hijo, sino de alguien más…
La historia es narrada por Javier Trujillo, del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, organización que desde 2007 se dedica a apoyar a familiares de personas desaparecidas en esa entidad, en la que ahora mismo se centra la mirada pública a raíz de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas.
Al preguntarle sobre cifras de desapariciones en la entidad, Trujillo dice que hasta mediados del año pasado mantuvieron un seguimiento de notas periodísticas para documentar casos de desapariciones y asesinatos extrajudiciales en la entidad y que en ese periodo registraron más de 600 casos de desapariciones ocurridas entre 2005 y 2013 y cerca de 6 mil 500 asesinatos extrajudiciales.
A esos números habría que agregar las 43 desapariciones de los normalistas y los 28 asesinatos de las personas cuyos cuerpos calcinados fueron encontrados en las primeras cinco fosas que reportó la PGR en Iguala, tras la desaparición de los estudiantes el pasado 26 de septiembre.
De los casos que el Comité ha llevado, además del de la madre de Acapulco, otro que les pareció significativo fue el de un funcionario público que desapareció hace aproximadamente dos años y medio, cuenta Trujillo.
Hace unos ocho o 10 meses, a la esposa del funcionario le presentaron restos de ropa, encontrados en una fosa, que ella identificó como de su marido. Le dijeron que investigarían e incluso le tomaron pruebas de ADN.
Hace dos meses le llamaron para decirle que los restos encontrados en la fosa no era de su esposo, sino de una mujer. Fuera de esa llamada, hasta la fecha no ha habido ningún funcionario que se acerque a esa mujer a darle una explicación sobre esa supuesta confusión. Sobre su pareja, aún no sabe nada…
Trujillo considera que no hay un trato adecuado de los cadáveres, restos humanos y objetos que son encontrados por las autoridades en las fosas clandestinas, y que son claves para la eventual identificación de los cuerpos. Con base en los datos que el Comité ha conocido, dice que a las familias de los desaparecidos se les convoca a que acudan a revisar entre huesos y restos de ropa y zapatos para ver si algo de eso corresponde a sus familiares.
“Es un viacrucis terrible, tanto para las familias, como para los propios restos porque eso no tiene ningún manejo que corresponda a protocolos o a investigaciones científicas, y hasta la fecha se ha hecho. En las fosas que han estado apareciendo en Iguala ese es el manejo que se ha hecho”, asegura el integrante del Comité. La organización actualmente acompaña a las familias de los 43 normalistas desaparecidos.
El activista considera que ese manejo de los cadáveres y restos humanos, al que califica como «irresponsable», se hace deliberadamente para obstaculizar la identificación de los cuerpos.
“Es una manera de eximir su responsabilidad y de desalentar a las familias a que exijan la verdad y justicia”, dice.
El Comité ha exigido a las autoridades la creación de un banco de ADN de todos los familiares que reclaman a víctimas de desaparición, pero la demanda no ha econtrado eco ni a nivel local ni federal.
Desde Coahuila, Alma Rosa García, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), coincide con que no hay un tratamiento adecuado de los restos y de los cadáveres que son encontrados no solamente en entierros clandestinos, sino también en parajes, carreteras, casas o predios.
Si bien Fundem no ha tenido hasta ahora ningún caso que involucre la identificación de cuerpos o restos hallados en una fosa clandestina, García refiere que no existe una comunicación con las autoridades respecto al hallazgo de esos cementerios. El intercambio de información serviría para poder cruzar los datos de las personas desaparecidas y cotejarlos con los de los cadáveres y restos encontrados en las fosas.
Pero la falta de comunicación no es sólo entre las autoridades y los familiares de los desaparecidos, sino entre las propias instancias públicas, pues la información de los laboratorios genéticos de las procuradurías locales no necesariamente se comparte con el laboratorio genético de la PGR, a decir de García. A esa complejidad se abona la carencia de laboratorios de genética de algunas procuradurías locales, como es el caso de Coahuila, que suele solicitarle los análisis a la Policía Federal.
«Entonces nos encontramos con una problemática muy difícil porque PGR tiene su laboratorio, Policía Federal tiene su laboratorio, y tengo entendido que al menos 16 estados tienen sus propios laboratorios […] Pueden encontrar un cuerpo, pueden tomarle el ADN, pero no significa que vaya a haber un cruce en las bases de datos nacionales que existen», señala.
La falta de coordinación de las autoridades y la carencia de un tratamiento adecuado de los restos y cadáveres no son los únicos obstáculos para la identificación de personas.
En Coahuila, donde según la solicitud 26414 se encontraron 35 cadáveres en fosas entre 2012 y 2013, más que cuerpos en tumbas clandestinas lo que se han encontrado son restos de personas sin identificar, refiere García.
Uno de esos casos ocurrió en junio de 2011, cuando elementos del Ejército encontraron en un ejido en el norte del estado mil 314 fragmentos humanos que habían sido quemados.
A principios de este año, en los últimos días de enero y los primeros del mes siguiente, militares y peritos de la procuraduría estatal hallaron al menos 500 restos de personas, algunos de ellos calcinados, en predios públicos y privados en la zona norte de Coahuila, en la región de Cinco Manantiales.
En esa misma zona, en los municipios de Allende y Nava, en 2011 fueron desaparecidas más de 300 personas, cuando sicarios del grupo criminal Los Zetas tomaron las comunidades, destruyeron las casas y secuestraron a unas 80 familias.
García dice que la incineración de los fragmentos humanos representa un obstáculo adicional, pues conforme a lo que les han dicho algunos peritos, es más difícil tomar una muestra de ADN de restos que han sido quemados.
Trujillo suma otra dificultad: el estigma negativo que las autoridades comunican sobre esos entierros ilegales, a los que desde los primeros hallazgos que reconocieron en Guerrero -por allá en 2009, según el activista- llamó “narcofosas”.
“Fue hasta 2009 que se dio a conocer una fosa en Taxco y a partir de ahí las mismas autoridades empezaron a darle la connotación de ‘narcofosas’, lo cual de entrada a nosotros nos parecía mal intencionado, porque eso de inmediato incriminaba a las personas cuyos restos estaban ahí y los colocaba en la situación de que eran delincuentes”, explica.
En Coahuila, dice García, a los sitios donde se han encontrado los restos calcinados de personas, las autoridades suelen llamarles «narcococinas».
«Nosotros preferimos no usar ese término. Preferimos llamarles como lo que son: lugares de exterminio de las personas», espeta.
Las autoridadeades en Guerrero, considera Trujillo, “han manejado esto de meter a todos en el mismo costal de la delincuencia y tratar de justificar que si le pasó esto es porque se lo merece, porque estaban metidos en algo ilícito y finalmente eran delincuentes, para nosotros es incorrecto, porque tienen que esclarecer y saber la verdad”.
Mas el activista resalta un aspecto clave, que ha sido denunciado reiteradamente en la prensa y que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha ayudado a recordar: la necesidad de los familiares de las víctimas de conocer la verdad.
Habla Trujillo: “Independientemente del motivo por el cual hayan vivido ese trato inhumano y ese destino, los familiares merecen que les sean entregados los restos para que puedan también quedar en paz, porque es una situación que impacta mucho la estabilidad de las familias y su entorno”.
DANZA DE CIFRAS
La PGR no es la única dependencia del gobierno federal donde la información sobre la cantidad de fosas clandestinas y cadáveres encontrados es una danza de cifras. El Ejército y la Marina también han aportado datos discordantes no sólo con los números de la PGR, sino incluso internamente.
En dos solicitudes de información hechas por SinEmbargo, la Sedena contestó que no contaba con información al respecto.
Pero meses atrás, en marzo de 2014, había dado respuesta a la solicitud de un ciudadano, que quedó registrada bajo el folio 0000700036914. En ésta, refirió que tenía conocimiento de 246 fosas clandestinas y de 543 cadáveres encontrados en ellas.
Tres años antes también había contestado a un ciudadano sobre la información que tenía disponible para ese momento, según la dependencia, y que correspondía a los años 2010 y 2011. Se trataba, en total, de 87 fosas, donde fueron hallados 270 cadáveres.
Por otra parte, la Semar ha atendido varias peticiones que inquieren también sobre la cantidad de fosas clandestinas y cuerpos hallados.
En la solicitud con folio 00013000008013, la Marina contestó el 20 de marzo de 2013 que había tenido conocimiento de 33 entierros clandestinos durante 2011 y 2012. Exactamente un año después, a la solicitud con folio 0001300011414 respondió con datos únicamente de 2013. Según lo que refirió la dependencia en esa ocasión, sólo había sabido de ocho fosas, en las que se localizaron en total una veintena de cadáveres.
A la solicitud hecha por este medio, la Marina refirió que entre 2010 y 2013 había sabido de 47 fosas, donde había en total 76 cadáveres.
En 2013, indicó la Semar, supo de 12 fosas. Acorde con esa respuesta, de 2010 a 2012 halló 35 fosas, una cifra muy similar a la que, en otro momento, refirió sólo para dos años.
Los datos de la Policía Federal también difieren de los anteriores, pues esa dependencia da cuenta de 101 fosas de las que ha tenido conocimiento, y refiere un total de 724 cadáveres, entre 2007 y 2014.
La aparición de más de una veintena de nuevas fosas clandestinas en Iguala, Guerrero, pone de nuevo la atención de organizaciones como Fundem y el Comité guerrerense sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de identificación, que hasta ahora ha estado marcado por el desinterés de las autoridades, a decir de Trujillo y García.
Pero para García arroja también nuevas preguntas y pone en evidencia la ineficacia del Estado mexicano para atender la problemática de las desapariciones en México.
“El caso de Ayotzinapa viene a reflejar la nula institucionalidad que hay en el estado para buscar a las personas desaparecidas. Hemos estado pidiendo las familias y las organizaciones un plan nacional de búsqueda, un protocolo, un plan para buscar los desaparecidos de años pasados, incluyendo los de la ‘Guerra Sucia’, hasta las desapariciones que ocurren ahorita en 2014, y lo de Ayotzinapa reflejó que no hay ningún plan nacional”, señala.
La activista, cuya organización ha conocido de 324 casos de desaparición tan sólo en el estado de Coahuila hasta 2013, repite una pregunta que ha resonado desde que el pasado 14 de octubre el Procurador Jesús Murillo Karam declaró que los cadáveres de las primeras fosas halladas en Iguala no eran de los 43 normalistas desaparecidos.
“El hecho de que están en encontrando cadáveres en más fosas clandestinas nos lleva a la pregunta: ¿Quiénes son estas personas que están dentro de estas fosas clandestinas?”.
-Con información de Obed Rosas
