El Programa J-1 Au Pair, que regula el Departamento de Estado (DOS), permite a jóvenes viajar a Estados Unidos bajo un esquema de intercambio en el que se les promete empleo, vivienda y alimentación mientras mejoran sus habilidades en el inglés y proveen cuidado infantil. Sin embargo, y al omitir la naturaleza laboral del proyecto, se permite «el abuso de los empleadores».
Los Ángeles, 20 de agosto (EFE).- Las decenas de miles de jóvenes que cada año se trasladan a Estados Unidos para ejercer de niñeras sufren un «abuso generalizado» y falta de justicia por las deficiencias del programa de trabajo temporal J-1 bajo el cual se les recluta, reveló un estudio publicado hoy.
El reporte «Shortchanged: El gran negocio detrás de los salarios bajos del Programa J-1 Au Pair», del Centro de los Derechos del Migrante (CDM) junto a otras tres organizaciones, recoge las denuncias que durante años han hecho los defensores de los derechos laborales.
El programa que regula el Departamento de Estado (DOS) permite a jóvenes venir a Estados Unidos bajo un esquema de intercambio en el que se les promete empleo, vivienda y alimentación mientras mejoran sus habilidades en el inglés y proveen cuidado infantil.
Elizabeth Mauldin, directora de Políticas de CDM, explicó hoy en una conferencia telefónica que la mala interpretación que el Gobierno hace sobre el programa, al que clasifica como intercambio cultural y no como uno de naturaleza laboral, permite «el abuso de los empleadores».
El estudio encontró que la mayoría de niñeras Au Pair, amparadas bajo la visa J-1 y con un salario promedio de 4,35 dólares la hora, reportaron que fueron obligadas a trabajar más de 45 horas a la semana, además de hacer labores prohibidas por el programa, entre ellas jardinería, limpieza y cocina.
En la conferencia se expuso el caso de Abril, una joven mexicana que bajo este programa llegó a EE.UU. en 2014 para trabajar con una familia en Boston (Massachusetts) y debió encargarse del cuidado de tres menores, uno de ellos de menos de un año de nacido, y además debía sacar al perro a pasear.
«Es una carga de trabajo muy dura y extenuante que me causó mucho estrés», denunció la mexicana.
Relató que incluso era casi prohibido enfermarse y que la familia anfitriona terminó su contrato antes de tiempo, y sin avisarle, y no le dieron certificaciones de trabajo.
Para Rocío Ávila, directora de políticas estatales de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, otra de las organizaciones que participó en el estudio, estas niñeras deberían tener las mismas protecciones de un trabajador estadounidense y, por ende, las garantías de salarios y pagos de horas extras.
Los autores del estudio detectaron serias deficiencias en el programa y en la supervisión, tales como que el DOS se basa casi de manera exclusiva en los informes de las agencias reclutadoras.
Estas agencias, que cobran tanto a las jóvenes participantes como a las familias, hacen un doble juego al prometer a las niñeras una experiencia de intercambio estudiantil en la que tienen que pagar de su propio bolsillo las clases que toman, mientras que a las familias les estarían ofreciendo mano de obra barata, señala el reporte.
Otra de las deficiencias señaladas es la escasez de personal del Gobierno para vigilar las operaciones de las agencias así como el bienestar de las jóvenes Au Pair.
Para el año 2016, el DOS tenía 40 funcionarios supervisando entre otras labores las condiciones de cerca de 340 mil jóvenes Au Pair que estuvieron en el país con la visa J-1.
La falla sistemática en este proceso detonó una demanda colectiva que encabezó Joana Paola Beltrán, una niñera colombiana que aseguró fue esclavizada por la familia que la acogió en Colorado, la misma que incluso la dejó sin alimentos.
Beltrán y otras cuatro niñeras colombianas y sudafricanas son asesoradas por la organización Towards Justice, que logró incluir los reclamos de miles de trabajadoras extranjeras.
Anita Sinha, profesora de leyes y directora de la clínica legal de la Escuela de Leyes de Washington College, además de una de las autoras del estudio, dice que éste pone de manifiesto la necesidad de un nuevo modelo de migración laboral.
«Necesitamos un programa que da a las personas trabajadoras el control sobre su proceso migratorio, provee supervisión gubernamental efectiva y que examina a los empleadores rigurosamente», aseguró.
Los defensores de los derechos laborales temen que las denuncias no salgan a la luz por miedo, tras las restricciones que el Gobierno Trump quiere imponer sobre las visas a trabajadores y las amenazas de deportación a extranjeros con la visa vencida.
«A las familias les gustan las latinas porque son fáciles de manejar y trabajan duro, pero deberíamos recibir un trato justo», aseveró Abril.
