Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- Organizaciones internacionales enviaron una carta al Presidente Enrique Peña Nieto en la que le solicitaron extender el mandato al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que asiste en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, ante la investigación que aún se debe hacer por la evidencia perdida, las solicitudes de información que aún quedan pendientes y los peritajes forenses que deben concluir.
“Es importante no sólo para completar las labores aún pendientes en relación al caso de los estudiantes desaparecidos sino también para abordar la problemática más amplia de las desapariciones forzadas en el país”, sostuvieron las organizaciones firmantes.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro Robert F. Kennedy, Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI), Brigadas Internacionales de Paz (PBI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF) y Asociadas por lo Justo (JASS), firman una carta en el que sostienen que es importante extender la estancia de los expertos internacionales ante las solicitudes de información que tienen pendientes “con las autoridades mexicanas, las tareas relacionadas con peritajes forenses que deben ser completadas, y la investigación de evidencia perdida, entre otros asuntos”.
“A medida que nos acercamos a la terminación del mandato inicial de los Expertos, es evidente que el trabajo de este Grupo es imprescindible en ayudar a esclarecer las dudas que permanecen en el caso de los estudiantes desaparecidos”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de WOLA.
“Es claro que los expertos necesitan más tiempo para cumplir su objetivo. El apoyo del Gobierno mexicano a esta solicitud sería una muestra de su sincero compromiso a la verdad, justicia y reparaciones en este caso”, agrega.
Los investigadores de la CIDH asisten en la búsqueda en vida de los 43 estudiantes de escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, así como en la investigación de los hechos para determinar responsabilidades penales, y la atención a las víctimas.
Sumado a ello dijeron que el permiso para que continúen laborando en el país es importante para abordar la problemática más amplia de las desapariciones forzadas en México.
En la misiva dijeron reconocer “la gran importancia del acuerdo logrado el 12 de noviembre de 2014 entre el gobierno mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y los representantes y familias de los estudiantes para establecer el GIEI para dar asistencia técnica en el caso”.
Consideraron que de aprobarse la extensión del mandato del GIEI, esperan que las autoridades mexicanas sigan apoyando su trabajo y que proporcionen acceso a las pruebas pertinentes y a los agentes del Estado claves, así como acatar sus recomendaciones.
Pues ello, sería una muestra”del compromiso [del Presidente Enrique Peña Nieto] con la verdad y justicia en este caso tan emblemático y de avanzar en la protección y respeto a los derechos humanos en el país”, finaliza el documento enviado con copia a la Arely Gómez González, Procuradora General de la República; a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; a José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores, y al Embajador Emilio Rabasa Gamboa, Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos.
Así mismo, envieron otra carta a el Secretario Ejecutivo Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Emilio Álvarez Icaza, en la que lo notifican del respaldo al grupo de investigadores a fin de “asegurar que esta oportunidad única no se acorte antes de que rinda todos sus frutos”.
Pues para ellas “el caso de los estudiantes de Ayotzinapa se ha convertido en un caso emblemático que demuestra el alcance y las dimensiones de la problemática de las desapariciones forzadas en México”.
Y destacan que entre 2007 y principios de 2015 se han registrado más de 25 mil personas desaparecidas, con muchas investigaciones incompletas y pocas condenas
Por lo que la investigación también “debe ser emblemática y constituirse en un ejemplo de cómo llevar a cabo una investigación exhaustiva para poder lograr verdad y justicia para las víctimas y sus familias”.
