En los últimos 20 años, los gobiernos estatales inhabilitaron a 798 servidores y servidoras públicos que cometieron irregularidades graves, algunas ligadas a actos de corrupción. Aunque las inhabilitaciones por faltas graves impuestas por gobiernos estatales van al alza desde el año 2000, la tercera parte de ellas fue dictada entre enero de 2019 y julio de 2021.
Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- La lucha contra la corrupción —que es el mayor problema de México, según ha señalado en distintas ocasiones el Presidente Andrés Manuel López Obrador— no sería posible sin el actuar de las autoridades locales, las cuales registran un aumento de las sanciones a funcionarios públicos por esta causa en lo que va de la presente administración federal.
Desde que inició el actual sexenio, los gobiernos estatales inhabilitaron a 289 funcionarios públicos que cometieron faltas administrativas graves que incluyen abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, cohecho, contratación indebida, desacato, desvío de recursos, encubrimiento, enriquecimiento oculto, nepotismo, peculado, simulación de acto jurídico, tráfico de influencias y/o uso indebido de información.
Estas inhabilitaciones forman parte de miles de sanciones que los gobiernos estatales impusieron a sus propios funcionarios entre enero de 2019 y julio de 2021, pero que por su severidad —y a diferencia del resto que incluye faltas administrativas no graves— fueron reportadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) e incluidas por esta dependencia en el Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS).
«En el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional se inscribirán y se harán públicas […] las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves”, se lee al respecto del RSPS, en el cuarto párrafo del Artículo 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
Los 289 inhabilitados registrados en lo que va del actual sexenio equivalen a la tercera parte (36.2 por ciento) del total de personas (798) que fueron inhabilitadas por gobiernos estatales entre el 1 de enero de 2000 y el 12 de junio de 2021, que cometieron faltas administrativas graves —entre ellos delitos vinculados a actos de corrupción— reportadas y ratificadas por la SFP.
Entre las irregularidades vinculadas a estos funcionarios y exfuncionarios públicos (durante 2019-2021) están 128 actos de negligencia administrativa, 71 violaciones a leyes y normatividad presupuestales, así como 63 faltas por incumplimiento de declaración patrimonial. Estas tres irregularidades representan el 90.7 por ciento de las causas de sanción en contra de los 289 inhabilitados. Además hubo casos de abuso de autoridad (10), violación a procedimientos de contratación gubernamental (10) y cohecho o extorsión (seis), entre otros.
Las inhabilitaciones impuestas por los gobiernos estatales a 289 personas en lo que va del actual sexenio tienen una duración que va de tres meses a 20 años.
Las sanciones de un año en adelante y hasta por 10 años de inhabilitación (233 casos) corresponden a irregularidades cuyo monto de afectación al erario no excede 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto de entre 16 mil 898 y 17 mil 924 pesos (dependiendo del año de sanción).
Las inhabilitaciones a partir de 10 y hasta por 20 años (21 casos) corresponden a irregularidades cuyo monto de afectación excede el límite de 200 UMAs. Y las sanciones de tres meses a un año de inhabilitación (35 casos) corresponden a faltas graves que no causaron daños o perjuicios, ni generaron beneficio o lucro para el imputado (Art. 78, cuarto párr. LGRA).
Entre los agravantes de sanciones (Art. 80 LGRA) contra funcionarios públicos está la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En ese sentido destacan tres casos de sancionados en 2019, en contra de personas que ya habían sido inhabilitadas en años previos.
Uno de estos casos es el de Geovanny Julián Martínez Jasso. En calidad de “cajero en caja número 47 de la Subdelegación Otay del H. XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California”, Martínez fue hallado culpable (2017-2018) de realizar cobros por pago de impuesto predial sin ingresar el dinero a las arcas municipales (expediente RES/149/2017). Sólo en 2018 fue inhabilitado cuatro veces y acumuló una sentencia de 20 años sin poder fungir como servidor público. En 2019, el Gobierno del estado de Baja California lo inhabilitó con tres sanciones más por 26.2 años adicionales, por lo que no podrá laborar en el sector público hasta el año 2069.
Otro caso es el de Yuri Moisés Rojas Pérez, exjefa del Departamento del Hospital Comunitario de Tulcingo del Valle, Puebla. En mayo de 2018, durante la administración de la exgobernadora poblana Martha Érika Alonso Hidalgo, Moisés fue inhabilitada por 10 años por cometer irregularidades ligadas a actos de negligencia administrativa. Un año después, en mayo de 2019, la exfuncionaria pública recibió otra inhabilitación por negligencia para un periodo de cinco años, así como una multa por 29 mil 440 pesos.
También está el caso de reincidencia de Pedro Salazar Hernández. Entre 2017 y 2018 —en calidad de director general de Finanzas del municipio de Irapuato— fue inhabilitado en cuatro ocasiones por el Gobierno de Guanajuato. A ello se sumarían dos inhabilitaciones más en 2019, con lo que Salazar acumuló tres cargos por negligencia administrativa y tres cargos por violación a leyes y normatividad presupuestales. Pese a que Salazar debió de haber estado inhabilitado desde el 4 de diciembre de 2018 hasta el 26 de septiembre de 2021, un documento oficial indica que en 2020, Salazar laboró como director de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Irapuato.
Las cifras de la SFP también indican que el 44 por ciento de las inhabilitaciones impuestas por los gobiernos estatales entre enero de 2000 y julio de 2021 partieron de denuncias de servidores públicos. El resto fue consecuencia de auditorías (26 por ciento), quejas o denuncias ciudadanas (22.9 por ciento) e incumplimientos relacionados con declaraciones patrimoniales (5.5 por ciento), entre otros.
Aunque la mayor parte (91.5 por ciento) de las sanciones fue impuesta por contralorías estatales y municipales, asimismo hubo inhabilitaciones impuestas por congresos locales (6.8 por ciento) y el resto por instancias del Poder Judicial de cada entidad federativa.
CASTIGO EN LOS ESTADOS
En poco más de dos décadas —entre el 1 de enero de 2000 y el 12 de julio de 2021— 29 de 32 gobiernos estatales impusieron 974 sanciones de inhabilitación a 798 funcionarios públicos que cometieron faltas administrativas graves. Sólo Durango y Yucatán no tienen denuncias registradas, mientras que el Estado de México (Edomex) ni siquiera aparece en el sistema del RSPS.
Durante el periodo referido, las inhabilitaciones promedio por estado —sin contar a Durango, Edomex y Yucatán— fueron al alza, pasando de una a nueve entre 2000 y 2020. Sin embargo, en los últimos 20 años hubo tres periodos excepcionales de variación: 2001-2002, 2004-2006 y 2015-2016.
En 2001-2002, cuando las inhabilitaciones por parte de gobiernos estatales en contra de funcionarios públicos que cometieron faltas administrativas graves pasaron de cero a cuatro, el Gobierno federal publicó una nueva normatividad. El 13 de marzo de 2002 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Los Servidores Públicos (LFRASP) que fortaleció la reglamentación del Título Cuarto de la Constitución Mexicana para regular los deberes y obligaciones de los funcionarios públicos, entre ellos, las declaraciones patrimoniales.
En 2004-2006, las inhabilitaciones pasaron de dos a 19. En ese lapso, nueve de cada 10 inhabilitaciones fueron impuestas por el Gobierno del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en un contexto en que el entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, renunció a su cargo (2005) para contender en las elecciones presidenciales de 2006, quedando en el cargo Alejandro Encinas Rodríguez, con un clima de reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal —como consecuencia de la expedición de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en 2003— que conllevó a que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo se convirtiera en la SFP a partir de 2003.
En 2015-2016, a la par en que las inhabilitaciones de funcionarios públicos por parte de gobiernos estatales pasaron de tres a 11, en México hubo dos procesos coyunturales: la elección de 12 gubernaturas, en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sufrió su peor descalabro electoral (hasta entonces) después de perder siete de 12 gobiernos en juego; y la publicación de la LGRA (2016) que conllevó la abrogación de la LFRASP (2017), luego de que en 2015 fuera creado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que es la “instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”, de acuerdo con el DOF.
Asimismo hubo un repunte importante de inhabilitaciones entre 2019 y 2020. Ello podría estar relacionado con el hecho de que a mediados del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución para que la SFP pudiera substanciar, investigar y resolver los procedimientos de responsabilidad que se iniciaron durante la vigencia de la LGRA, respecto de conductas o hechos ocurridos durante la vigencia de la LFRASP, actualmente abrogada.
Aunque las inhabilitaciones por faltas graves impuestas por gobiernos estatales van al alza desde el año 2000, la eficacia para sancionar conductas administrativas irregulares es «muy baja» en México, de acuerdo con una investigación (2018) del maestro Luis Darío Ángeles González para la organización civil Impunidad Cero.
A nivel nacional, sólo ocho de cada 100 conductas administrativas irregulares de funcionarios públicos son sancionadas efectivamente, se lee en el estudio «Las responsabilidades administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción».
De acuerdo con los datos oficiales recabados por Ángeles González, la SFP «sólo sanciona en promedio 13.4 por ciento de las quejas o denuncias que recibe, lo cual implica una impunidad en la Administración Pública Federal de 86.6 por ciento. Además, si consideramos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anula 41.8 por ciento de las sanciones de la SFP, la impunidad pasa de 86.6 a 92.2 por ciento».
La ineficiencia sancionatoria relativa a las irregularidades de funcionarios públicos es observable en todos los niveles de gobierno. A nivel estatal, los periodos excepcionales de variación indican que más allá de factores como cambios legales y el fortalecimiento del SNA, la sanción de funcionarios que cometieron faltas graves es (en algunos casos) desproporcionada entre entidades federativas, máxime considerando su proporción con base en el volumen de delitos cometidos por servidores públicos a nivel estatal, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En 2000-2021, los gobiernos de Puebla y de la Ciudad de México impusieron la tercera parte (32.4 por ciento) de las inhabilitaciones a funcionarios públicos que cometieron faltas administrativas graves con 190 y 126 sanciones, respectivamente. A ellos siguen los estados de Morelos (69), Hidalgo (67) y Jalisco (63).
Por el contrario y sin considerar los casos de Durango, Edomex y Yucatán, las entidades federativas que menos inhabilitaciones impusieron durante las últimas dos décadas fueron Zacatecas (cinco), Chiapas (tres) y Baja California Sur (dos), además de Nayarit y Sinaloa (una sanción cada una).
Un ejemplo de la desproporción de sanciones entre estados es la capital del país. Pese a que la Ciudad de México también fue la segunda entidad federativa con más inhabilitaciones en 2015-2020, que es el periodo comparable con las cifras desagregadas del SESNSP, su proporción de sanciones por delitos registrados (una por 3.7 mil) fue inferior a la de Sinaloa (una por 1.6 mil), Baja California Sur (una por 772), Zacatecas (una por 255), Jalisco (una por 85), Hidalgo (una por 51), Puebla (una por 14) y Morelos (una por ocho).
La variación de sanciones en el último año asimismo indica diferencias por estado. De acuerdo con las cifras de la SFP, en 2019-2020 hubo nueve estados que aumentaron el número de inhabilitaciones, así como 10 que las redujeron. En cambio, en el resto de las entidades federativas (10) no hubo variación del número de inhabilitaciones impuestas a funcionarios públicos.
En el primer grupo están Campeche (que pasó de cero a nueve inhabilitaciones), Colima (cero a tres), Hidalgo (tres a 19), Jalisco (una a 37), Michoacán (dos a cinco), Oaxaca (una a dos), Puebla (siete a 10), Querétaro (ocho a 14) y Tlaxcala (dos a siete). Y en el segundo conjunto están Aguascalientes (siete a tres), Chihuahua (cuatro a cero), Coahuila (una a cero), Guanajuato (tres a cero), Morelos (dos a una), Nuevo León (de 15 a una), Sonora (cuatro a cero), Veracruz (17 a nueve) y Zacatecas (dos a cero).
