Organizaciones urgieron al próximo Gobierno, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, a escuchar las voces de las comunidades, a poner fin a las concesiones mineras y a detener «los proyectos de muerte» a lo largo y ancho de la República Mexicana.
Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), pidió que el nuevo Gobierno los escuche, pero manifestó que la lucha en contra de este tipo de proyectos continuará ya sea con un «Gobierno amigo o con un Gobierno enemigo».
Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- En el marco del Día Mundial contra la Megaminería, celebrado el 22 de julio, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que durante al menos los últimos 24 años se ha implementado una política de Gobierno neoliberal que ha incurrido en la violación a los derechos humanos de comunidades enteras y en la entrega de los recursos naturales.
«Es importante seguir con nuestros planteamientos de protección al territorio y de detener la industria minera. En estos 24 años de Gobierno neoliberal ha sido constante el despojo y esto tiene que cambiar», señaló Ivette Lacaba, de Colectivo Azul.
Las organizaciones urgieron al próximo Gobierno, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, a que escuche las voces de las comunidades, a poner fin a las concesiones mineras y a detener «los proyectos de muerte» a lo largo y ancho de la República Mexicana.
En entrevista con SinEmbargo, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, del Colectivo Azul, explicó que los «proyectos de la muerte» son todos aquellos que atentan contra los bienes y la herencia biocultural de los territorios. El extractivismo de energéticos y minerales, subrayó, son especialmente depredadores.
Ruiz hizo un llamado a López Obrador a establecer comunicación con las organizaciones.
«Le llamamos proyectos de muerte a todo aquel proyecto que, en su afán de convertir en mercancía los bienes bioculturales de la humanidad, destruye el territorio. Allí obviamente están el fracking, hidroeléctricas, minería de tajo a cielo abierto y la eólicas que están acabando con las vocaciones agrícolas y de cuidado del cielo», dijo.
Denunció que este tipo de proyectos «fracturan a las comunidades y las dividen». «Hay todo un modus operandi muy bien definido para llevar a cabo la explotación del territorio y todo es a partir de ilegalidades y de impunidad», añadió.
Durante una conferencia, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Ivette Lacaba indicó que desde las organizaciones existe «un poco de esperanza» de que el nuevo Gobierno muestre disposición de hacer un cambio. Sin embargo consideró que en el tema, el discurso del próximo Presidente de México ha sido ambiguo.
«Dice que va a haber justicia ambiental. ¡Qué padre!, porque en este país nunca ha habido justicia ambiental. Sin embargo dice que no va a cambiar ninguna ley, que con esas leyes que tenemos -que fueron hechas a modo de las empresas trasnacionales- va a haber justicia. Entonces, le queremos decir al Gobierno electo que va a entrar en funciones que eso no puede ser posible, necesitamos cambios fuertes legales», apuntaló.
En ese sentido, Ruiz Guadalajara pidió a López Obrador: «Sentémonos a discutir el asunto, pero con la clara convicción de que en la cuarta transformación no puede permanecer el actual modelo extractivista ni los proyectos de muerte. Queremos leyes que protejan los territorios y la vida».
«Es preocupante que en Morelos hay 39 concesiones y los pueblos no lo saben», Juan Jiménez pic.twitter.com/5u2jLl1rxy
— Cencos (@cencos) 20 de julio de 2018
Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), pidió que el nuevo Gobierno los escuche, pero manifestó que la lucha continuará ya sea con un «Gobierno amigo o con un Gobierno enemigo».
Ruiz Guadalajara enlistó una serie de puntos que el Gobierno de López Obrador podría seguir, si tiene como objetivo proteger al medio ambiente y la salud de la población:
1. Impartir justicia y rendir cuentas.
2. Cancelar concesiones mineras de forma inmediata.
3. Armonización legislativa para la protección del ambiente y de los derechos humanos.
4. Poner fin a la corrupción institucional.
5. Establecer democracia participativa.
6. Recuperar la soberanía y la paz social.
Finalmente, los organismos no gubernamentales dieron a conocer que en distintas ciudades y comunidades alrededor del mundo habrá manifestaciones en contra de la contaminación y el saqueo que produce la actividad extractiva, en el marco del Día Mundial contra la Megaminería.
