Sinaloa oscila entre los efectos de la violencia y el manejo que hace de ella el Gobernador Mario López Valdez. Familiares de las víctimas dudan que las cifras oficiales sobre desaparecidos sean verdaderas. Ellos saben dónde ir a buscar, pero las autoridades estatales no se los han permitido, dicen. La violencia –antes focalizada en el norte del estado– se ha expandido a otros municipios de la entidad, como es el caso de Mazatlán, donde los “Sabuesos de Sinaloa”, un equipo de 20 familiares de víctimas de desaparición, buscan a los suyos. El grupo alerta que un caso similar al sucedido en Tetelcingo, Morelos, podría esconderse en el Panteón 21 de marzo de Culiacán, Sinaloa. Sospechan que los cuerpos provenientes del Semefo son sepultados en ese lugar sin antes hacerles pruebas de AND. Por ello, exigen que peritos independientes los exhumen para tomarles las muestras necesarias.
Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- La ola de desaparecidos en Sinaloa tiene sus orígenes en las fuerzas de seguridad pública, apuntaron organizaciones de desaparecidos. En lo que podría ser un proceso de levantamiento de restos opaco, el grupo de búsqueda de desaparecidos “Sabuesos de Sinaloa” lamentó que las autoridades estatales negaran su presencia en los municipios de Mazatlán y El Rosario, pues consideraron que esto refuerza las sospechas sobre las cifras oficiales de personas desaparecidas en la entidad.
De acuerdo con la versión de las familias de víctimas de desaparecidos, bajo el pretexto de no poder garantizar su seguridad, el Subprocurador de Justicia del Estado, Jesús Martín Robles Armenta, rechazó que los familiares llegasen a los dos sitios, donde se presume la presencia de fosas clandestinas.
En el caso de El Rosario, las autoridades tomaron la decisión de adelantarse a una zona conocida como “Microondas La Palma”, en donde tres huesos habían sido encontrados con anterioridad.
“Cómo nos dijeron que nosotros no fuéramos y ellos sí pudieron ir. Eso me pareció extraño, porque no nos permitieron acercarnos. Ahora esperamos las coordenadas para poder llegar”, dijo con aire de suspicacia Alma Rosa Rojo, integrante del grupo de búsqueda “Sabuesos de Sinaloa”.
En ese mismo municipio, el 17 de junio, fueron encontrados en la zona serrana siete leñadores decapitados de la comunidad de Picachos. Una semana antes, la alerta de su desaparición había sido emitida.
El Subprocurador de Justicia en la zona sur, Jesús Antonio Sánchez Solís, detalló en su momento que había una hipótesis de que el ataque fue perpetrado por un grupo criminal.
En el caso de Mazatlán, 11 cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas hace una semana. Tres en un predio cerca del fraccionamiento Lomas del Sol, y otros ocho en el fraccionamiento Presa del Valle. Las investigaciones iniciaron por llamadas anónimas con 15 días de diferencia.
La semana pasada, el Secretario General del Gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas Landero, declaró que la Procuraduría General de Justicia (PGJE) contaba en su base de datos entre 400 y 500 desaparecidos. Una cifra difícil de creer para quienes buscan cada semana a los suyos.
Estos datos contrastan con los del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que reporta en el fuero común 2016 casos y en el fuero federal 18.
“Son muchísimos desaparecidos y a veces no dan el número de todos los que se encuentran. A nosotros nos interesa es estar cerca del lugar y ver cuántos cuerpos sacan. Queremos que con cada cuerpo que se encuentren nos avisen, porque no confiamos mucho en las autoridades” , dijo Rojo.
SEGURIDAD INCONSTANTE
Rojo detalló que la seguridad proporcionada por el Gobernador Mario López Valdez ha sido inconstante. Cada viernes el grupo «Sabuesos de Sinaloa» rastrea posibles sitios con osamentas clandestinas, sin embargo, el acompañamiento de las autoridades varía: “A veces es una patrulla, otras son sólo dos policías, con los que pensamos si realmente nos protegerían si algo paso. Es una cuestión muy variable”.
Los buscadores no están exentos de peligros. En el 2014, Sandra Luz Hernández, una madre que buscaba a su hijo fue asesinada en Culiacán. El hecho sucedió a plena luz del día, después de reunirse con autoridades de la Procuraduría de Justicia. El caso aún es un símbolo de lucha dentro del estado.
Un año después, el caso volvió a generar indignación, cuando el presunto asesino salió libre por falta de pruebas. El 13 de marzo fue dejado en libertad Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, pese a que había confesado la ubicación de un arma que coincidía con la que fue atacada Sandra Luz.
Oscar Loza Ochoa, integrante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, expuso que la experiencia nacional indica que en donde hay una osamenta es posible que hayan varias. Finalmente, aseguró, ante la falta de condiciones que les ofreciera la Procuraduría decidieron que lo más prudente era no acudir.
“Hemos estado saliendo dos días a la semana y en todas ellas estamos demandando que esté la seguridad. Una por protección, y dos por una cadena de custodia. Es la autoridad la que tiene que hacer el trabajo”, dijo Loza.
INHUMACIONES CLANDESTINAS
Alma Rosa Rojo expuso que un caso similar al sucedido en Tetelcingo, Morelos, podría esconderse en el Panteón 21 de marzo de Culiacán, Sinaloa.
“Casi estamos seguros que ahí hay familiares, porque muchos se van sin la toma de ADN. Salen de la Semefo y se van a la fosa común. En el caso de la exhumación del cuerpo que se presumía de mi hermano, yo me di cuenta de que varios restos están ahí”, dijo Rojo.
Ella, quien busca a su hermano, Ángel Rojo Medina, desaparecido el 4 de julio del 2009 en Culiacán, relató el calvario que ha tenido que pasar para descartar que un cuerpo encontrado el 5 de agosto de ese año por las autoridades fuese el de su familiar.
“Ese cuerpo estaba a la intemperie y sin pelo, pero tenía muchas coincidencias con mi hermano. Me hice las tomas para una prueba de ADN. Y siempre me decían ya va llegar, hasta que supe que eran mentiras. Después de presionar, se llevó a cabo. El resultado fue negativo. Yo no quería que ese cuerpo lo mandaran a la fosa común, pero eso hicieron”, relató.
“Yo pedí una prueba más y tuvieron que exhumar el cuerpo. Y me di cuenta lo que estaban haciendo. Porque me dieron otro cuerpo que no era el primero. Y la prueba de ADN también salió negativa pero muy diferente a la primera. Y esa es la razón por la que quiero que vengan los peritos independientes y que se exhumen todos los cuerpos para tomarles las muestras “, explicó Rojo.
VIOLENCIA EN SINALOA
El investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa Tomás Guevara Martínez explicó que no hubo una diferencia en la estrategia de combate a la violencia durante el Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Jesús Alberto Aguilar Padilla y el actual, del panista Mario López Valdez, quien se formó en las filas del PRI y hay quienes ven en la gestión de su administración una continuación en las formas de gobernar del partido tricolor.
Por otra parte, el trato mediático que hizo este Gobierno de la violencia sí fue diferente al anterior, dijo Guevara. Malova como le llaman, se alineó con la estrategia federal de ser indiferente ante la violencia.
“Si no se habla de algo, quiere decir que el problema no existe. Más o menos, eso fue el criterio. Pero yo creo que esta forma de tratar la violencia se sumaron la mayoría de las entidades federativas. En Sinaloa esa estrategia estuvo vigente por lo menos tres cuartas partes de la gestión de Malova”, detalló.
El narcotráfico sigue marcando las tendencias de violencia en Sinaloa, y el Gobernador ha buscado el respaldo del Ejército, Marina y Policía Federal, para combatir a los grupos del crimen.
“El gobierno tuvo que sortear los efectos de la fuga y reaprehensión de ‘El Chapo’. Yo creo en esos momentos en los que la población mostró bastante preocupación. Porque estos capos cuidan las plazas, y en ese sentido, en el imaginario colectivo, ellos cuidan a la población, porque hay cierta identificación. Tenemos un grupo delictivo sui generis [el cártel de Sinaloa], propio, y que fue muy mal tratado desde hace varios años; fue creciendo hasta convertirse en un monstruo que nos devora ahora”, explicó.
Estos vínculos han trascendido en la gestión de Malova, quien mantiene como Jefe de la Policía a Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, un hombre que se mantuvo prófugo por un tiempo, acusado de mantener nexos con el narcotraficante Rodolfo Carrillo Fuentes.
De acuerdo con una conferencia ofrecida en enero de este año por López Valdez en el Colegio de la Defensa Nacional, los homicidios dolosos disminuyeron durante su gestión. Mientras en el 2010 el promedio era de 6.23 asesinatos por día, en el 2015 este indicador bajó a 2.71, aseguró.
Sin embargo, este año hubo un repunte de homicidios en los primeros cinco meses del año, que se han reportado en las cifras oficiales de incidencia delictiva. De enero a mayo 430 homicidios dolosos han sido registrados, mientras que en el mismo periodo del año pasado hubo 410.
Otras tendencias también van al alza. Hasta mayo, la administración de Malova sumaba 421 feminicidios contra 356 que hubo en los seis años del Gobierno de Jesús Aguilar Padilla, apuntó el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses. “Los feminicidios van a la alza, y sin embargo, en los medios mantuvieron pocas referencias respecto a la información”, dijo Guevara.
Un cero informativo que también interactúa con la violencia. El 5 de noviembre del 2013, el periodista sonorense, Alberto Gerardo, fue atacado a balazos cuando se desplazaba con su familia a bordo de un auto, por una carretera en la zona central del estado de Sinaloa.
Alberto Gerardo era locutor deportivo en Hermosillo: trabajó para Televisa Sonora y varias estaciones de radio y actualmente laboraba como enlace de prensa de la Secretaría (estatal) del Trabajo. Para Guevara, este Gobierno quedará marcado por el apoyo mediático que recibió, pese a que las estrategias contra la violencia no buscaron una mejoría.
