Una ola de quejas en el sector salud presionan a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, que enfrenta la crisis en un rubro que no fue contemplado en las controversiales reformas estructurales aprobadas en los primeros 20 meses del Gobierno federal. De 11 reformas, sólo una, la del ámbito fiscal, tocó un tema de salud al gravar alimentos y bebidas con alto contenido calórico para reducir su consumo. Sin embargo, en lo que a la atención médica se refiere, el incremento de denuncias de pacientes en distintas instituciones refleja la incapacidad del sistema para resolver demandas ciudadanas.
Ante la petición de mejorar la atención a los usuarios de salud, ampliar la cartera de servicios médicos y reducir los casos de negligencia, la Secretaría de Salud federal ha hecho oídos sordos y centra su discurso en el Seguro Popular, que inició tiempo atrás el ex Presidente Vicente Fox Quesada.
Mercedes Juan López, Secretaria de Salud, tampoco parece preocupada por los recientes casos de malas prácticas médicas. En mayo pasado reiteró su intención de universalizar los servicios de salud pese a no haber podido impulsar una reforma a la Constitución, ésta abriría el Estado a la participación privada en ese sector.
Dependencias como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) realiza, en promedio, seis audiencias de conciliación al día para resolver quejas de usuarios del sistema sanitario mexicano.
¿Qué pasa entonces en un país donde los expertos descartan que el problema para mejorar los servicios de salud sea el presupuesto?
Los 134 mil 847 millones de pesos que destina la Federación al rubro de salud no han reducido las quejas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibe por servicios indebidos, falta de ética, omisiones, ineficiencia y negligencia médica.
Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– Bonifacio Medina Pérez lleva tres horas de pie en la fila de espera del Servicio de Urología del Hospital General de México, vino porque se recupera de una operación que le permitió volver a orinar, pero hace ocho días también estuvo aquí, aguardando horas para cumplir una cita en la que el médico encargado negó atenderlo y le dio cita para la semana siguiente.
Medina dijo estar cansado de lidiar con el servicio del hospital y se replantea si continuar sus chequeos en esas instalaciones. «Ni si quiera te revisan. Sólo le dicen: ‘usted tiene tal cosa’, y te posponen la cita. Yo me imaginaba que como eran médicos lo examinaban a uno. El doctor siempre dice que está muy ocupado”.
La mala experiencia del paciente no empezó hoy, sino hace tres meses cuando dejó de orinar por completo debido a un bloqueo en las vías urinarias. Medina salió de su casa en la Delegación Iztapalapa, de la Ciudad de México, con destino al área de emergencias del Hospital General de la capital del país. Cuando llegó, para su sorpresa, los doctores le avisaron que su calvario se alargaría 36 horas más.
“Vine de emergencia un sábado a las nueve de la noche, pero me dijeron que no me podían atender hasta el lunes. Pasé todo ese tiempo con dolor y sin poder orinar”, explicó.
Casos como éste se reportan a diario en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que recibió 3 mil 684 denuncias de enero del 2014 a junio del 2015. Sin embargo, a partir de estas denuncias la Comisión sólo ha hecho 27 recomendaciones a las instituciones para tomar cartas en el asunto.
Del total de quejas recibidas, el 70 por ciento se acumulan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Lo que llama la atención es que el IMSS es el gran depositario de quejas. Si tuviéramos la estadística de quejas del Seguro Popular, seguramente, superaría con creces al IMSS, pero no, por estar dividido en las 32 comisiones estatales de derechos humanos”, dice Gustavo Leal Fernández, investigador de salud de la Universidad Autónoma Metropólitana Xochimilico (UAM), en entrevista con SinEmbargo.
Lo cierto es que la mayor parte de los escándalos de este año se han dado en esa institución que cuenta con mil 700 instalaciones en la República. El 8 de mayo, 31 bebés del municipio de Simojovel, Chiapas, sufrieron afectaciones luego de ser vacunados contra rotavirus, hepatitis B y tuberculosis. El resultado fue de dos infantes muertos y 29 hospitalizados.
El IMSS, la Secretaría de Salud (SSa) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) argumentaron, pese a los alegatos de los familiares de los menores, que las vacunas no fueron la causa de la muerte de dos bebés y la hospitalización del resto, pues el cuadro clínico de los menores se debió a la bacteria Staphylococcus hominis, “que se encuentra en la piel de las personas” y no en la fórmula de vacunación.
La comunidad de la Pimienta, en donde los niños fueron vacunados, es una de las 124 comunidades del municipio de Simojovel, catalogado como una zona de alta marginación pues los poco más de 24 mil pobladores que cuentan con algún tipo de asistencia médica del sector público, tienen designados para su atención tan sólo a 32 médicos.
Tras la tragedia, una marcha en la localidad pidió castigo a los directivos del IMSS, Cofepris y el Gobierno de Chiapas. Así como el mejoramiento del sistema de salud. Sin que a la fecha haya cargos penales en contra de algún responsable.
PROCEDIMIENTOS ERRÓNEOS
Otro incidente en el IMSS sucedió el pasado 26 de junio, cuando el médico oftalmólogo Armando Cisneros Espinoza extirpó por equivocación el ojo derecho del bebé de un año Fernando Valdez Gastélum en las instalaciones de la dependencia en Ciudad Obregón, Sonora.
El oftalmólogo Armando Cisneros Espinoza debía extraer el ojo izquierdo del bebé, pues padece retinoblastoma, un tumor canceroso. Pero durante la intervención en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) le extirpó el ojo derecho.
Además, el médico debía colocar una válvula en el ojo derecho, porque el bebé padecía de un glaucoma congénito. Por ello, el infante necesitaba de dos operaciones, la extirpación del izquierdo y la reparación del derecho para evitar que su enfermedad avanzara.
La madre del menor, Marlene Ayala Quijano, denunció que el oftalmólogo se justificó luego del accidente diciendo que el bebé tenía un tumor detrás del nervio óptico que ponía el peligro su vida.
Cisneros Espinoza ya arrastraba desde 2010 una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), con número 81/2013, interpuesta por Isela Díaz Lara, madre de un niño de seis años que fue atendido por el médico, quien denunció negligencia médica en el IMSS. Sin embargo, las autoridades permitieron que siguiera en funciones.
“Las negligencias tienen que ver con un pacto o una responsabilidad del equipo de salud cuando atendió”, específico el profesor Gustavo Leal.
Luego de ser citado a declarar en la Procuraduría General de la República el 7 de julio, el médico Cisneros Espinoza subió a un auto y se tapó la cara ante los medios de comunicación. Acompañado de su abogado, Hugo Walldes, el doctor del IMSS se retiró y su defensor aseguró que su cliente alcanzará libertad caucional mediante el pago de una fianza.
Por otra parte, la madre del menor afectado denunció que el médico abandonó Sonora rumbo a Guadalajara, Jalisco, basada en la información que le proporcionaron familiares y amigos del doctor Cisneros Espinoza.
Otro suceso más reciente en el IMSS se dio en Coahuila, el 8 de julio, en el que dos practicantes del Hospital General de Zona Número 1 de Saltillo lesionaron el pene a un recién nacido, al confundirlo con el cordón umbilical.
Los padres del pequeño declararon que tras sacar al bebé del vientre, dos practicantes hicieron tres incisiones, esto sin la supervisión de la doctora en turno, de aproximadamente un centímetro de profundidad en el pene del bebé.
El padre, Diego Rangel, acudió a presentar su denuncia en la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico (Coccam). En respuesta, el IMSS no se hizo cargo de estas acusaciones y se limitó a aceptar que hubo una lesión en la piel del prepucio, pero que fue corregida a través de una circuncisión.
El IMSS que concentró el 70 por ciento de las quejas, de enero 2014 a junio 2015, en la CNDH y el 55 por ciento en la Conamed, en 2014, cuenta con un presupuesto de 497 mil 695 millones de pesos. Por lo que eficientar estos recursos es clave para aminorar los casos de negligencia.
“El eje transversal no serían más recursos, sino que esos mismos recursos en el IMSS, ISSSTE y las 32 entidades federativas fueran utilizados con una prioridad sanitaria. Y, ¿por qué no lo tenemos? Evidentemente los equipos que se han apoderado de la política de salud, básicamente la Fundación Mexicana para la Salud, no están interesados en mejorar servicios, sino en abrir el mercado a los prestadores privados”, considera el profesor Gustavo Leal sobre este tema.
En el caso de la Conamed la distribución de quejas recibidas por institución es la siguiente:
CASOS EN AUMENTO
La Conamed recibe cada año alrededor de 18 mil solicitudes, entre gestiones de ayuda, orientación e inconformidades. Son estas últimas las que derivan en quejas que son tratadas en audiencias, en primera instancia de conciliación, y segunda, de arbitraje.
De acuerdo con Miguel Lezana Fernández, director de Difusión e Investigación de esa dependencia, en el primer semestre de este año se recibieron 8 mil solicitudes de gestión y 650 inconformidades o quejas.
A diferencia de los tribunales, la Conamed carece de facultades para castigar penalmente o remover una cédula médica.
“Nuestras audiencias resuelven conforme la queja del paciente, éstas pueden conllevar una retribución económica de parte del médico. Al final un equipo de doctores y abogados determina en un laudo, si absuelve o condena el caso”, explicó Lezana.
Las estadísticas de la Conamed arrojaron que el número de inconformidades aumentó de mil 651 en el 2010 a ser 2 mil 50 en el 2014.
Una inconformidad puede tener varios motivos, el año pasado los afectados registraron en la Conamed que 3 mil 333 de éstos fueron por diagnósticos; 2 mil 299 por relación médico paciente; 613 por tratamiento médico; 496 por deficiencias administrativas; 98 por auxiliares de diagnóstico y tratamiento; 92 por atención a parto; 75 por accidentes e incidentes y 75 por tratamiento quirúrgico.
Alberto Arellano Méndez, gerente del área del Laboratorio de Salud de la consultora PwC, opinó que es posible que estas quejas vayan en aumento conforme las personas van teniendo más conocimiento de los servicios que presta la institución y tienen acceso a medios electrónicos para colgar las denuncias en línea.
“La idea es bien importante y es que los pacientes conozcan a cabalidad sus derechos, que sepan que tienen derecho a una segunda opinión médica, yo tengo derecho a preguntar lo que no me quede claro. Tengo derecho a que me expliquen con un lenguaje adecuado a mi nivel académico”, dice en entrevista.
POR ENTIDAD
Del 2010 al 2014, entre las entidades que registraron un aumento en las peticiones de intervención de la Conamed sobre servicios de salud estuvo Campeche, donde subieron 95 por ciento; Colima, 90 por ciento; Tamaulipas, 48; Michoacán, 47; Zacatecas, 43, y Quintana Roo, 34.
Por el contrario, las entidades que reportaron descensos fueron Tlaxcala con 44 por ciento; Hidalgo, 43; Puebla, 39; Aguascalientes, 38, y Oaxaca, 34.
“Cabe mencionar que son 26 comisiones estatales de arbitraje médico. Estas comisiones estatales dependen de los gobiernos de los estados, aunque tenemos un trabajo de coordinación con cada uno de ellos y un mismo modelo”, destacó Miguel Lezana Fernández, director de Difusión e Investigación de la Conamed.
Las entidades tienen bajo su jurisdicción el uso de los recursos que se asignan a salud en el caso de programas como el Seguro Popular, el cual no cuenta con instalaciones propias pero abarca, junto con el Programa de Inclusión Social y la prestación de servicios a los diferentes niveles de atención a la salud, el 73.5 por ciento de los 134 mil 847 millones de pesos asignados al rubro de Salud por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
“Cada estado se vuelve dueño de ese recurso y el impacto que éste tiene en materia de lo que sería la votación de la infraestructura se vuelve estrictamente de la entidad. Entonces, la Federación en este modelo muy equívoco del Seguro Popular es incompetente para que este dinero luzca en términos del cumplimiento de los parámetros de infraestructura”, consideró Gustavo Leal .
MÉDICOS SEÑALADOS
En junio de 2014, un juez dictó órdenes de aprehensión en contra de 16 médicos del Hospital de Pediatría del IMSS en Jalisco por el presunto delito de negligencia médica en la muerte de un joven de 15 años a finales del 2009.
Los doctores se pusieron a disposición de la Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Guadalajara, donde se les dictó auto de formal prisión. Ahora, los procesados enfrentan el proceso penal en libertad bajo caución, gracias a un amparo.
El padre del fenecido, Sergio Valente Gallardo Ramos, ha dicho en reiteradas ocasiones que los médicos fallaron al diagnosticar el padecimiento del menor. El muchacho llegó al hospital con un cuadro asmático y fue sometido a 15 cirugías abdominales, luego de 55 días el joven murió.
El certificado de defunción señaló una infección intestinal, cuando la posible causa fue una tuberculosis intestinal.
Por otra parte, el proceso legal que enfrentan los médicos desató una ola de marchas del gremio galeno a los médicos de Jalisco, por considerar injusto su procesamiento.
El doctor Renato Núñez Ortíz, médico y gerente senior de PwC, reconoció que hay errores médicos que pueden ser evitados, por lo que existe una importancia en preservar sistemas ayuden a minimizar el riesgo de equívocos.
“En todos los hospitales hay una cadena de mando. Esa es la primer supervisión que existe. Muchos hospitales se dedican a la docencia, entonces, está desde el estudiante, también está el médico interno de pregrado, luego los residentes, pero atrás de ellos está el médico adscrito, que tiene todas las credenciales y las cuales demostró a la institución que está trabajando”, destacó.
De acuerdo con el experto, muchos de los errores que se cometen pueden ser por las largas jornadas de trabajo a la que están sometidos los médicos. Así como aquellos que salen de una cirugía para entrar en otra. Lo que implica un mayor grado de coordinación entre compañeros para poder relevarse y descansar lo suficiente.
“No es excusa pero afectan. Es un sistema que ya lleva años en nuestro país, que no ha sufrido cambios, suena contradictorio que nosotros seamos médicos y que sometamos a otros médicos sabiendo lo que puede suceder en un momento dado”, explicó.
DISCRIMINACIÓN E INEQUIDAD
Organizaciones civiles agrupadas en la iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza afirman la diferencia de asignación de recursos que provee el Estado a las instituciones públicas genera diferenciaciones en el trato a los pacientes.
En una comparación entre los servicios del Seguro Social y el Seguro Popular, las organizaciones sostuvieron que “hay diferencias en los recursos públicos asignados, en la cobertura de enfermedades, en los tratamientos médicos, intervenciones, que afectan el servicio y calidad. Y esto desde luego viola el artículo primero de la constitución a la no discriminación”, a través de un comunicado de prensa el 13 de julio.
Debido a esta distribución, los recursos del Estado se estarían destinando más a las personas con ingresos más altos de la sociedad. Y gasta cada año 2 mil pesos más por persona para quienes tienen seguro social, que para quienes no tienen.
Y es que de acuerdo con la estratificación por deciles de la sociedad, un método para visibilizar los diferentes niveles de ingresos de los mexicanos, los pobres son los más afectados en el acceso a la salud, de acuerdo con las organizaciones civiles.
“Sólo el 4 por ciento de los hogares con menores ingresos [del decil I] tienen seguridad social, mientras el 63 por ciento de los hogares con mayores ingresos (del decil X) tienen seguridad social”, dijo Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
También se dice que los recursos no llegan a donde deben de llegar. Hay recursos crecientes pero eso no se ha reflejado en mejor calidad ni en el gasto de bolsillo, que es el que los ciudadanos tienen que desembolsar para sufragar sus gastos médicos.
Entre el 2004 y el 2013 el gasto público total en salud pasó de 231 mil millones de pesos a 524 mil millones esto es un incremento de 58 por ciento en términos reales, aseveraron fuentes de la iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Siguiendo esos datos, el incremento fue de más del doble para quienes no tienen seguro social, 114 por ciento, durante ese mismo periodo, y el número de unidades de salud se incrementó sólo 14 por ciento; el número de establecimientos con servicios de hospitalización 23 por ciento y el número de camas en hospitales 13 por ciento.
“Estos aumentos son una proporción relativamente pequeña, el sistema de salud está fragmentado. Algunos de los síntomas de esta mala distribución o circulación de recursos se pueden ver en las colas y la dilatación en la atención para los pacientes”, dijo Enrique Cárdenas Sánchez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
De acuerdo con un estudio de la Fundación Mexicana para la Salud, el 99 por ciento del gasto total de medicamentos en México lo pagan las personas como gasto de bolsillo, expusieron las asociaciones.
Otra parte importante del problema es que no existe un mecanismo de seguimiento ciudadano más allá de la iniciativa de las organizaciones civiles. El Gobierno puso en marcha sistema Aval Ciudadano, que depende de la Dirección General de Calidad de la SSa. Sin embargo, éste tiene muy poca influencia en la gestión propia de los servicios.
“En la práctica el Aval Ciudadano es una contraloría social no ciudadanizada porque depende de la Secretaría de Salud. Y directamente, de sus partes a nivel estatal”, dijo Gómez Hermosillo.
UN GOBIERNO INDIFERENTE
El nivel de quejas está relacionado con la calidad del servicio. Sin embargo, el Gobierno de Enrique Peña Nieto no cambió la política de salud de su antecesor Felipe Calderón Hinojosa, más que cuando al inicio de su mandato intentó buscar una Reforma de Salud, que universalizara los servicios sanitarios a los mexicanos con la inclusión de participaciones privadas en dicho sector.
No obstante el Gobierno busca otras rutas de universalizar la salud mediante convenios de intercambio de servicios entre el IMSS y el Seguro Popular y alianzas con el sector asegurador, pese a que las demandas sociales están encaminadas a mejorar los servicios, ampliar el catálogo de los mismos y reducir la negligencia médica.
“El equipo de Peña Nieto puso esta sofisticación de la universalización de la salud y la segunda cosa es que entregó la política de salud a un grupo de interés que es la Fundación Mexicana para la Salud, que colocó a la actual secretaria Mercedes Juan en el cargo. Ella nunca pensó en las dos quejas o demandas ciudadanas, sino en la Fundación”, refirió el profesor Gustavo Leal.
De acuerdo con Leal, la situación de las quejas durante el Gobierno de Peña Nieto se agravó al continuar con las mismas prioridades sanitarias de los dos gobiernos panistas anteriores, que no pusieron atención en las demandas ciudadanas, sino al fortalecimiento de un seguro popular que pueda redirigir a empresas privadas los servicios que no cubre.
“La gran cantidad de partos que tienen lugar fuera de las clínicas, la demanda a 16 médicos, el caso de un médico que operó un ojo que no era, todo esto en su conjunto lo que te está hablando es que el Estado se ha replegado en términos de la infraestructura adecuada, recursos, insumos y medicamentos. Entonces, el personal de salud que labora en esas condiciones es el que resulta victimizado, cuando la verdad es que esta queja de negligencia apunta a la falta de infraestructura que tiene que ver en efecto por un problema presupuestal diseñado por el Ejecutivo”, concluyó.
