El pasado 4 de junio se produjo un derrame de jales mineros al interior de la mina La Cieneguita, en Chihuahua, el cual arrastró maquinaria, vehículos y a varios trabajadores que realizaban maniobras de contención. Han pasado más de 16 días y sólo se han recuperado los cuerpos de cuatro de los nueve trabajadores desaparecidos del complejo operado por Minera Río Tinto S.A. de C.V. y la canadiense Pan American Goldfields.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería exigió el cierre irreversible de la mina, que cuenta con autorización para la explotación de oro, plata, plomo y zinc desde abril de 2017. Minera Río Tinto es una sociedad que aumentó su capital en 2016 al fusionarse con la empresa de Sevicios MR Tinto, y su representación recae en Jacobo Elías Ayub Touché, originario del estado de Chihuahua.
“Los Slim, los Larrea, los Salinas Pliego, los Bailleres y los Ayub Touché, así como las empresas extranjeras, especialmente las canadienses, se han enriquecido gracias al despojo, el desplazamiento forzado de los pueblos y el saqueo de nuestros bienes naturales”, dijo la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
Por Sibely Cañedo
Ciudad de México, 20 de junio (Noroeste/SinEmbargo).– Tras el derrumbe en la mina La Cieneguita del municipio de Urique, Chihuahua, cinco trabajadores cumplen 16 días desaparecidos, luego de que un total de nueve quedaran atrapados bajo los escombros de la presa de jales mineros.
El complejo es operado por Minera Río Tinto S.A. de C.V. y la canadiense Pan American Goldfields.
El vocero de la empresa Minera Río Tinto (MRT), Nicolás Juárez, confirmó que oficialmente se han encontrado dos cuerpos, en tanto dos lesionados han sido dados de alta del hospital. En estos días se han descubierto restos humanos que, se presume, son de los trabajadores perdidos, pero no han sido identificados. Mientras, continúan las labores de búsqueda a cargo de Protección Civil del estado de Chihuahua.
“El fin de semana y los últimos días se han encontrado algunos restos, pero la Fiscalía del Estado de Chihuahua realiza estudios de ADN para determinar a qué personas corresponden de los que están registrados como desaparecidos”, declaró en entrevista.
La operación de la mina, que cuenta con autorización para la explotación de oro, plata, plomo y zinc desde abril de 2017, ha sido suspendida por decisión propia de la empresa para seguir las labores de rescate y de construcción de bordos para impedir que los materiales de la mina avanzaran hacia el Río Fuerte. Pero hasta el momento no se ha determinado ninguna sanción.
“Una cantidad importante de personas se encuentra precisamente en las actividades de rescate y en los muros de contención, por eso hay un paro temporal determinado por la misma empresa, pero no ha habido una sanción que evite sus operaciones”, reafirmó Nicolás Juárez.
Esta es la prioridad inmediata, por lo que se desconoce cuándo se normalizarán las actividades en la planta minera. Tampoco se han cuantificado los daños materiales de la tragedia.
Recordó que tanto los estudios de suelo de Profepa como los del agua de la Comisión Nacional del Agua (CNA), han determinado que los residuos vertidos tras el derrame no son peligrosos para la salud humana ni para el medio ambiente, ya que al trabajar por el método de flotación “no utilizan metales como cianuro o arsénicos para el proceso de los minerales”.
No obstante, una vez concluidas las acciones de localización de las personas desaparecidas, las autoridades dictarán a la compañía las medidas de mitigación para remediar los impactos del derrumbe.
Minera Río Tinto, aseguró su representante, atiende todas las indicaciones oficiales e indemnizará a los deudos conforme a la Ley, aun cuando sólo tres de los afectados se encontraban en nómina. El resto eran subcontratados a través de una sociedad cooperativa, que cuenta con un contrato con la mina para el acarreo de materiales. En este esquema laboran 350 personas. De forma adicional, 200 trabajan de manera directa como parte de la compañía.
NIEGA MRT RELACIÓN CON TRANSNACIONAL
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) exigió el cierre irreversible de la mina de la empresa Río Tinto en Urique, Chihuahua, además de medidas enérgicas para la rendición de cuentas y control y reparación de los daños en la región.
En un comunicado del 7 de junio, la organización civil señaló a MRT de pertenecer al grupo británico Río Tinto Plc, también de capitales australianos, “que en conjunto forman la segunda más grande empresa minera diversificada a nivel mundial por sus trabajos en los sectores de hierro, aluminio, cobre, diamantes, energía y minerales”.
Se trata de una polémica transnacional que ha enfrentado demandas legales, acusada de crímenes de lesa humanidad en Nueva Papua Guinea, en 1988, cuando supuestamente incitó a una guerra civil que costó miles de vidas humanas.
La información de que Minera Río Tinto pertenece a esta multinacional, desde 2008, aparece en el directorio minero de la Secretaría de Economía del gobierno federal mexicano, con actualización hasta 2015.
En ese año, además, el listado de inversiones extranjeras en la minería señala que Minera Río Tinto operaba “La Cieneguita” en participación con Pan American Goldfields Ltd, una empresa registrada en Delaware, Estados Unidos.
Nicolás Juárez señaló que el dato es erróneo, pues MRT es una empresa cien por ciento mexicana, propiedad de empresarios chihuahuenses.
En el Registro Público de Comercio, consultado por Noroeste, encontró que MRT es una sociedad que aumentó su capital en 2016, al fusionarse con la empresa de Sevicios MR Tinto, y su representación recae en Jacobo Elías Ayub Touché, originario del estado de Chihuahua.
Por su parte, REMA incluye a esta familia entre aquellas que se han enriquecido a través de causar daño a las comunidades a través de la minería.
“Los Slim, los Larrea, los Salinas Pliego, los Bailleres, los ahora Ayub Touché, así como las empresas extranjeras, con particular énfasis en los dueños y accionistas de las empresas canadienses, se han enriquecido gracias al despojo, el desplazamiento forzado de los pueblos y el saqueo de nuestros bienes naturales”.
En ese tenor, afirman que el negocio es redondo, porque no pagan por los daños que ocasionan a la salud, al ambiente, la naturaleza, a la cultura y a la comunalidad y la vida de los pueblos.
En refuerzo a estas afirmaciones, REMA propone cambiar el modelo extractivo minero “si en verdad queremos transitar a un país en armonía con la vida y una sociedad justa”.
CONTINÚAN DESAPARECIDOS:
–Óscar Minjarez Vázquez
–José María Santini
–Juan Escalante Valenzuela
–Monserrat Cervantes Orduño
–Román Rodríguez Chávez
MINAS CANADIENSES EN MÉXICO
La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del Gobierno mexicano.
Un documento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, cita cifras de la SE: hasta julio de 2016, existían en toda la República Mexicana 25 mil 178 títulos de concesiones mineras vigentes en 22 millones de hectáreas.
En apego al último registro del Sistema de Administración Minera (SIAM), sólo en septiembre de 2017 se otorgaron 84 permisos.
Cabe mencionar que la concesión es otorgada hasta por un siglo: de entrada se concede por 50 años, con la posibilidad de solicitar una prórroga por un periodo igual, que, indicaron los especialistas, difícilmente será negada.
Las dependencias federales que autorizan que las mineras nacionales y extranjeras operen en una extensión que abarca ya 22 millones de hectáreas en el territorio mexicano son las secretarías de Economía (SE), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener).
También se involucran las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
DEMANDAN CASTIGO PARA MINA
Organizaciones civiles de Chihuahua lanzaron una exigencia al Estado mexicano para que se realice una auditoría ambiental a la empresa minera, que se sancione a los responsables del siniestro y que se remedie el daño ecológico lo antes posible.
“Los grandes grupos mineros despojan de la tierra a sus propietarios y posesionarios (sobre todo indígenas y ejidatarios), contaminan los mantos acuíferos, modifican agresivamente el paisaje, producen montañas de residuos que contaminan la tierra y el aire con el sistema de explotación a tajo abierto y la lixiviación por cianuración del mineral”, señala un comunicado emitido a principios de mes por la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara (REDETI).
De acuerdo a datos proporcionados por la organización civil, en el Estado de Chihuahua existen actualmente 4 mil 149 títulos que abarcan 3 millones 487 mil 514 hectáreas, 17 asignaciones mineras con una superficie de 3 millones 162 mil 990 has. y 9 zonas de reservas con 11 mil 120 hectáreas. Los municipios con mayor número de concesiones trabajando son: Ocampo yUrique con 7 y Guadalupe y Calvo con 5, mientras que Batopilas, Chínipas, Maguarichi y Uruachi solo tienen una.
“En el Estado existen 64 compañías con proyectos en exploración, 80 por ciento de ellas canadienses. Su producción es millonaria (27 mil 270 millones de pesos fue el valor de la producción minera en el 2014), por lo que hay grandes intereses por encima de vidas humanas y la importancia ecológica de la Sierra Tarahumara”, destaca la red civil.
