El ex técnico de la CIA que reveló que el Gobierno de Estados Unidos utiliza un programa para espiar a millones de ciudadanos, calificó hoy como un crimen el espionaje del Gobierno de México contra periodistas y activistas a través del malware “Pegasus”, que en teoría sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas.
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Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo/EconomíaHoy).- Edward Snowden opinó sobre el caso del presunto espionaje del Gobierno de México contra periodistas, activistas y organismos civiles. Desde su cuenta oficial de Twitter, el estadounidense escribió el siguiente mensaje acompañado del link del reportaje publicado en The New York Times:
«No importa si es una sorpresa, o si nos advirtieron. Lo que importa es que se trata de un crimen contra el público».
Snowden, un ex técnico de la CIA, es un consultor de la Agencia Nacional de Seguridad que reveló que el Gobierno de Estados Unidos utiliza un programa para espiar a millones de ciudadanos.
Ayer, el diario estadounidense publicó que periodistas como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, así como los defensores de derechos humanosMario Patrón y Stephanie Brewer, entre otras personas, han sido espiados por el Gobierno mexicano.
De acuerdo con el Times, el programa informático de espionaje había sido usado contra abogados que trabajan para la reconocida organización de derechos humanos Centro Prodh, que representa a familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y a otras víctimas de abusos, contra un académico que impulsaba la adopción de legislación contra la corrupción y contra dos periodistas influyentes que expusieron casos de abuso y corrupción gubernamental.
La investigación indica que el Gobierno de México adquirió el software Pegasus a NSO Group apenas llegó al poder Enrique Peña Nieto. Ese programa, en teoría, sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas.
Sin embargo, una investigación de las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá, revelaron que entre enero de 2015 y julio de 2016 se registró una serie de ataques contra periodistas y activistas mexicanos través del malware “Pegasus”.
En una escueta hoja sin membrete, el Gobierno de Peña Nieto le respondió al New York Times. Sólo pidió a los afectados denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR). Y dijo, sin más, que no hay pruebas.
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La organización internacional Human Rights Watch exigió este día a las autoridades mexicanas asegurar que se lleve a cabo una investigación oportuna, exhaustiva y confiable «de las evidencias que indican que un complejo programa informático de espionaje vendido al Gobierno fue usado para espiar a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción».
«El Gobierno debería asegurar que rindan cuentas todos aquellos que se determine que son responsables del uso del programa contra activistas y periodistas».
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, consideró «sumamente preocupante» que este tipo de armas cibernéticas puedan usarse contra ciudadanos de a pie, «sobre todo cuando se trata de defensores de derechos humanos y periodistas que se dedican a denunciar corrupción y abusos”,
Dijo que la disculpa que ofreció el Gobierno es insuficiente y que debe esforzarse mucho más para determinar quiénes fueron los responsables, llevarlos ante la justicia y asegurarse que esto no vuelva a ocurrir.
La organización recordó la manera en la que opera Pegasus, fabricado en Israel: una vez que un teléfono inteligente se infecta con el programa tras recibir un mensaje de texto o correo electrónico, el software de NSO Group permite a organismos gubernamentales vigilar cualquier actividad en el teléfono, incluidos mensajes de correo electrónico, archivos, listas de contactos, información sobre ubicación y mensajes de chat. El programa espía también permite que los gobiernos realicen en forma secreta grabaciones de audio o video utilizando el micrófono y la cámara incorporados a un teléfono.
La reglamentación de la venta de potentes programas de espionaje sigue siendo insuficiente a nivel global. Los controles y límites nacionales sobre su exportación no son suficientes para evitar la venta a gobiernos que los han utilizado o probablemente los utilicen para actuar contra críticos del gobierno y perseguirlos. Hay además una necesidad urgente de adoptar medidas de supervisión y mecanismos que garanticen que las empresas que venden estas herramientas rindan cuentas por abusos asociados con su actividad comercial, destacó Human Rights Watch.
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NSO Group es una empresa que vale mil millones de dólares. La firma de capital privado Francisco Partners Management, que es propietaria de NSO Group, buscó este año venderla 10 veces más cara que los 120 millones de dólares que pagó por una participación mayoritaria en 2014, de acuerdo con CyberScoop.
El grupo, que se ha visto involucrado en escándalos internacionales por el espionaje de gobiernos nacionales a activistas, creció de unos 50 empleados cuando fue adquirido a casi 10 veces ese tamaño, incluyendo a más de 200 ingenieros dedicados a los productos de hacking.
Desde febrero pasado, el NYT reveló que activistas y funcionarios mexicanos partidarios de los impuestos a las bebidas con alto contenido de azúcar fueron espiados cuando iniciaron una campaña para aumentar el impuesto a esos productos.
Simón Barquera, director del área de investigación en políticas y programas de nutrición y salud del Instituto Nacional de Salud Pública; Luis Manuel Encarnación, ex director de Fundación Mídete; y Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, los tres partidarios de gravar las bebidas con alto contenido calórico, fueron víctimas desde hace un año del programa espía desarrollado por NSO Group.
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