“Es la punta del iceberg”, se dijo reiteradamente ayer luego de que se divulgara el informe que documenta el espionaje gubernamental a periodistas y activistas en México, durante el periodo que va de enero de 2015 a julio de 2016.

¿A cuántas personas más el gobierno ha espiado o espía? Quizás a muchas más, no sólo a personajes incómodos del periodismo y las organizaciones sociales, sino a académicos, empresarios, funcionarios públicos, artistas, deportistas, legisladores y por supuesto a políticos. Cuenta con todas las herramientas tecnológicas para hacerlo (malware Pegasus) y, lo más lamentable, con total impunidad, sin contrapesos reales para evitar estos abusos que vulneran derechos humanos.

El reporte elaborado por Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC, con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, es exhaustivo y revela de qué manera se espió o se intentó espiar a 12 personas, una de ellas menor de edad, Emilio Aristegui, hijo de la periodista Carmen Aristegui. Detestable e inaceptable.

Del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh) se habría espiado a Mario Patrón, Stephanie Brower y Santiago Aguirre; de Aristegui Noticias, a Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán; del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) a Juan Pardinas y Alexandra Zapata, y de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a Salvador Camarena y Daniel Lizárraga. Estos dos últimos periodistas, como se sabe, formaron parte del equipo que encabezaba la misma Carmen Aristegui en Noticias MVS.

A la anterior lista, se suman los casos, también documentados en febrero de este año, de espionaje a promotores del impuesto a bebidas azucaradas: Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, coordinador de la coalición ContraPESO.

Con estas prácticas ilegales de espionaje no se hace un trabajo de inteligencia para abatir la delincuencia o para preservar la seguridad nacional, sino que se busca intimidar, acosar, impedir, obstaculizar el trabajo de los periodistas y activistas sociales que se han caracterizado por revelar y prevenir casos de corrupción del gobierno actual. El fin último, por lo visto, es que la sociedad no sea informada de aquellos hechos que cuestionan la actuación de determinados funcionarios públicos.

El espionaje se utiliza para fines políticos. El PRI de los años setenta, de la “guerra sucia”, de la siniestra Dirección Federal de Seguridad (DFS) ha regresado, pero con tecnología del siglo XXI y grandes cantidades de dinero público. Es un enorme retroceso democrático, en la transparencia y rendición de cuentas, sin que hasta ahora haya un poder que detenga estos abusos, que se suman a las agresiones y asesinatos a periodistas y defensores de los derechos humanos, con un incremento considerable de casos en los últimos años.

Ayer, Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, dijo a Carmen Aristegui que este reporte sobre espionaje, recuperado en primera plana por el diario The New York Times, debería ser un tema relevante en la agenda de los medios de comunicación en México ante lo que está en juego.

Mientras terminaba de escribir este artículo aún no lo era, pese a la contundencia de la información y de los datos duros que demuestran los abusos en el uso malware Pegasus, adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Cuando se advierte la facilidad con la que se puede tener acceso a toda tu información personal o comunicaciones privadas, uno supone que detrás de muchas conversaciones telefónicas o de WhatsApp filtradas a los últimos años en medios de comunicación, pudiera estar el gobierno, pero también, por qué no, otros actores, que tampoco son investigados.

Sigo preguntándome, por ejemplo, ¿quién divulgó las conversaciones, personalísimas, entre el periodista Pedro Ferriz de Con y su colaboradora Mary Carmen Tovar? ¿o las que tuvieron Purificación Carpinteyro, entonces diputada del PRD, con José Gutiérrez, exdirectivo de Telefónica, para plantearle una oportunidad de negocios con la nueva ley de telecomunicaciones?

Decenas de denuncias por intervenciones de comunicaciones se han presentado ante la PGR en los últimos años (¿recuerda que también fue espiada Josefina Vázquez Mota, cuando fue candidata a la presidencia en 2012?) y de estas indagaciones prácticamente nada se sabe. Como sucede con los casos de agresiones y asesinatos a periodistas, ha reinado la impunidad. Si ahora se acusa a la misma PGR de espionaje, damos por hecho que las revelaciones de este nuevo informe no tendrán efecto legal alguno si es la misma autoridad la responsable de llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Estamos, pues, en el peor de los escenarios para que los funcionarios gubernamentales que espían sin órdenes judiciales sean sancionados por violar la ley.

Ante la imposibilidad de que el gobierno actúe imparcialmente frente a estas denuncias (como sucedió con las revelaciones de “La casa blanca de Peña Nieto”), el balón está en el Congreso para que, como lo proponen Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC, se establezcan candados legales para la contratación y uso de malwares de vigilancia, así como de controles de vigilancia y medidas de rendición de cuentas suficientes para no continuar con la violación sistemática de derechos humanos.

La sociedad, los medios, debemos exigir estos cambios. Por ahora hay alrededor de 15 casos de espionaje documentados, pero como decíamos, quizás sean muchos más.

¿Ya revisó sus mensajes de texto SMS o mensajes de WhatsApp que le han enviado de un número no conocido para comunicarle alguna “tragedia” familiar o quizás noticias “escandalosas” atribuidas a Uno Noticias? Si es así, cuidado, porque si hizo clic en el enlace colocado después del texto, el malware se habrá instalado en su equipo y de manera remota tendrán acceso a sus mensajes, contactos, correos electrónicos, fotografías, videos y por si fuera poco a la cámara y el micrófono del teléfono. Parece una historia de ciencia ficción, pero lamentablemente es posible hacerlo hoy día, en México, desde una indeterminada cantidad de oficinas del gobierno.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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