En una carta enviada a sus familiares y abogados, presos indígenas denuncian su posible contagio de COVID-19 y las nulas condiciones de seguridad sanitaria dentro del penal número 5 en San Cristóbal de las Casas.
Por Heriberto Paredes
Chiapas, 20 de mayo (Pie de Página).- Chiapas, junto con Puebla y Oaxaca, son las entidades que concentran la mayor parte de los más de ocho mil indígenas presos en el país, según datos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, compartido públicamente en marzo de 2019. Previamente, entre 2017 y 2018, un censo elaborado por la extinta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) arrojó que la cifra de Población Indígena Privada de la Libertad (PIPL) era de 6 mil 698 personas. En tres años los números han aumentado, aunque sigue haciendo falta un estudio actualizado.
Ocho de estos presos constituyen el colectivo de los Solidarios de la Voz del Amate y se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 5, ubicado en las afueras de San Cristóbal de las Casas. En una carta enviada recientemente a sus familiares y abogados denuncian su posible contagio de COVID-19 y las nulas condiciones de seguridad sanitaria al interior del penal.
Mauricio Pérez Velasco, Martín Gómez López, Marcos Gómez López, Mario Gómez López, Mariano Gómez López, Felipe Díaz Méndez, Mario Díaz Rodríguez y Roberto Martínez Pérez presentan fiebre, fuerte dolor de cabeza, escalofríos y diarrea. Tres de ellos, Mariano, Marcos y Martín se dirigieron a la enfermería y recibieron pastillas de eritromicina. Se les aclaró que era la única medicina existente.
Este medicamento, sin embargo, es un antibiótico que necesita receta y observación. Por el momento no es una medicina reconocida para el tratamiento del coronavirus.
«Necesitamos que nos hagan urgentemente un estudio de COVID-19», subrayan en la carta.
Los miembros del colectivo también señalan que al interior no existen condiciones de limpieza adecuadas y denuncian hacinamiento. Exigen tapabocas, desinfectantes, guantes, jabón, cloro y alcohol en gel. Piden que los custodios permanezcan al interior del penal durante la crisis pandémica. También, que no haya nuevos ingresos de Población Privada de la Libertad (PPL).
«Los compañeros PPL de población interna también presentan los mismos síntomas, no sabemos con exactitud, el número de personas afectadas, lo que sí es cierto es que hay un custodio fallecido, supuestamente de un ‘paro cardíaco’, por otro lado, se rumora que hay custodios que están infectados de COVID-19».
Finalmente, los presos indígenas afirman que en las últimas dos semanas han ingresado entre 12 y 14 nuevos PPL. Se han dado algunos traslados pero sin la existencia de medidas de seguridad sanitaria ni protocolos adecuados.
SIN AMNISTÍA
Presos por delitos de alto impacto, los Solidarios de la Voz del Amate han denunciado con anterioridad la violación al debido proceso judicial, la no implementación de intérpretes y la fabricación de pruebas. Pese a que algunos tienen sentencias que superan los 15 años y otros con más de 10 años sin recibir sentencia, todavía no hay señales de vayan a ser beneficiados por la Ley de Aministía. Los plazos de implementación se han prolongado por la crisis sanitaria.
Este colectivo de presos también ha logrado la libertad de otros indígenas. Alberto Patishtán y Alejandro Díaz Santíz pasaron 14 y 19 años presos, respectivamente. Son dos de los ejemplos más conocidos.
Los dos ex presos han sumado sus voces para señalar, en foros y redes sociales, que quienes integran el colectivo fueron víctimas de caciques y que también están pagando delitos que no cometieron. Así lo señaló Patisthtán, quien se ha vuelto un referente.
«Si un cacique no te quiere ver libre es fácil que te fabrique un delito y entonces te ponen preso».
