Si el Sistema Nacional Anticorrupción se aprobara hoy, tal y como está propuesto, ningún funcionario –ya sea que trabajen en la administración pública federal o en las locales– pagaría con cárcel haber cometido delitos de corrupción, sin importar cuántos millones de pesos hayan robado o malversado. ¿Quiénes se oponen al castigo de estos actos?
Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).– El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) propuesto por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), en representación de la sociedad civil, exonera a los funcionarios públicos de ser castigados con cárcel, aun si cometen faltas graves de corrupción con los recursos del Estado.
Dos semanas antes de la presentación del documento, varios de estos grupos civiles –entre los que destacan Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)–, de la mano con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN), habían lanzado un frente común que incorpora iniciativas, como la de Humberto Fernández, Senador del Sol Azteca, que pretendía tipificar los actos de corrupción como delincuencia organizada y, en ese sentido, también contemplaba castigos severos.
Pero algo cambió al interior de las ONGs que conformaron el proceso, y el pasado 28 de abril la propuesta “grupos civiles-PRI-Verde” borró las iniciativas que incluyen reformas al Código Penal Federal y la creación de una Fiscalía Anticorrupción.
“Vamos a continuar exactamente igual, descafeinaron la iniciativa para dar la oportunidad a que la corrupción y la impunidad continúe. Sencillamente, si alguien roba lo inhabilitan y ya, pero ya se llevó los beneficios. Aquí en Puebla tenemos el caso de Antonio Gali del PAN, quien en cuatro años creció su fortuna de 19 millones a 77 millones de pesos y siendo un funcionario menor. Esto es inexplicable, pero no pasa nada, no hay investigaciones en su contra, y eso es justo lo que está provocando el actual sistema”, dijo Luis Sánchez Jiménez, Senador del Partido de la Revolución Democrática y vicepresidente del Senado.
La impunidad se ha erigido aun por encima de casos de funcionarios investigados en otros países. Por ejemplo, en junio del año pasado una Corte en el sur de Texas recibió una denuncia del Departamento de Justicia del Gobierno estadounidense en contra del priista Eugenio Hernández Flores, ex Gobernador de Tamaulipas, por los delitos de “conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transacciones financieras sin licencia para ello”. No obstante, al ex mandatario tamaulipeco sigue libre y sin orden de captura.
CINCO DE SIETE
De tal suerte que de siete leyes reglamentarias que solicitó la ciudadanía la propuesta del PRI-Verde-ONGs sólo incluyó cinco. Y se limitó a las sanciones por actos corruptos expuestas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que no castiga con sanciones de cárcel delitos graves de corrupción.
“Las faltas administrativas graves de los servidores públicos se sancionarán con suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica; inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”, cita el capitulo de sanciones.
Grupos de oposición han criticado el poco carácter punitivo de esa propuesta. Su contenido se basa en un argumento del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, que reza: «Responsabilidades de los servidores públicos: El sistema de imposición de sanciones administrativas que regula la Ley Federal relativa, no debe analizar a la luz de los principios rectores de las sanciones penales, dada su diversa naturaleza».
El 28 de abril, las Organizaciones No Gubernamentales, también promotoras de la «Ley 3 de 3», lanzaron un comunicado en el que se congratulaban por los consensos en cinco leyes, pero acusaban la falta del tema penal.
«Estimamos imperativo que se reformen los tipos penales relativos a los delitos de corrupción y que se hagan explícitas las competencias que tendrá la nueva Fiscalía», demandaron.
Las sanciones disuasivas no son un mal menor.
La corrupción le costó a México el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2015, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico). Además, datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) refirieron que la Nación perdió en el 2014 unos mil 100 millones de dólares por esa actividad criminal.
Por su parte, la organización Transparencia Internacional elabora cada año el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), mismo que posicionó a México en el puesto 95 de los 168 países que observa.
Por su parte, la alianza PRD-PAN para aprobar el SNA sí contempla impulsar las siete leyes.
Además del Código Penal y la Fiscalía mantiene otras como la Ley Federal para Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción, que detalla diversos castigos penales. De ahí la inconformidad de estos grupos en cuanto a la posibilidad de dejar un Sistema sin castigos.
“Las disposiciones de esta Ley son de orden público y observancia general, y tienen por objeto establecer las medidas y procedimientos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados, tanto administrativa como penalmente”, destaca el artículo 1 de la propuesta, propuesta por el Senador Zoé Robledo.
UN RELOJ SIN ENGRANAJES
El último día de sesiones en el Senado de la República, Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, presentó un trabajo consensado con las organizaciones civiles.
La iniciativa del legislador representante del Partido Verde contempló la expedición de tres leyes: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como modificaciones a otras tres ya existentes.
Sin embargo quedaron fuera la iniciativa para la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y las modificaciones al Código Penal, lo que de acuerdo con Juan Carlos Romero HIcks, Senador del Partido Acción Nacional, deja sin funcionar a cabalidad el SNA.
“Tanto Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática consideramos que son siete leyes, no son cinco. Ayer hubo una expresión de uno de los compañeros, señalando que ya había avances importantes en los cinco y eso es parcialmente correcto. Sólo que el PRI y Verde se levantaron de la mesa desde el 21 de abril. No han regresado y no se ha convocado tampoco a comisiones”, dijo el Senador el miércoles pasado en la Comisión Permanente, donde un reducido grupo de legisladores labora en los periodos de receso en el Congreso.
“Hago una reflexión muy comedida a mis compañeros del PRI y del Partido Verde: si el paquete no incluye la parte penal no es un paquete integral. Y lamentablemente, al día de hoy, no ha habido una sola expresión del PRI en torno a la iniciativa que existe para una Fiscalía Anticorrupción, con independencia técnica y presupuesto, ni tampoco en torno al Código Penal”, expuso Hicks, en el pleno.
Otros partidos, como el Partido del Trabajo, ven con pesimismo las propuestas tanto del PRI-Verde, como las del PAN-PRD.
“Todo ha sido un show político”, dijo el Senador Manuel Bartlett Díaz. De esta cuenta, aseguró, es necesario que se consideren otras propuestas que alcancen al Presidente de la República.
“El Sistema Anticorrupción aprobado en la reforma es una pifia. Yo voté en contra. Es una cosa enorme y sin control, pero los cargos a los que se les entrega esas tareas son todos cooptados. Nombramientos fraudulentos, en organismos autónomos, que son nombrados por el propio Presidente, a través de su mayoría en el Congreso, y que se reparte las cúpulas como si fueran ganancias corporativas”, dijo Bartlett.
El Senador impulsó ayer una iniciativa para reformar el artículo 108 constitucional, para que sean investigados los casos de corrupción en los que pudo incurrir el Presidente, cuyo debate se llevará a cabo en el periodo extraordinario.
FUERA DEL PLAZO
El miércoles pasado, las tres bancadas mayoritarias del Senado acordaron convocar a un periodo extraordinario de sesiones del próximo 13 al 17 de junio, pasadas las elecciones del domingo 5 de junio.
De esta forma, el SNA no cumplirá con ser aprobado dentro del plazo constitucional que vence el 28 de mayo, tal como lo estableció la promulgación de esta reforma a la Constitución. A la fecha no existen siquiera dictámenes de las comisiones encargadas: Anticorrupción, Justicia y Asuntos Legislativos.
Representantes de diversos partidos de oposición en las cámaras Alta y Baja lamentaron que se no se haya aprobado el SNA en el plazo constitucional.
“Desgraciadamente no hay una penalización, una sanción, algo que nos obligue a cumplir. Es muy lamentable que por cuestiones político electorales, una norma que debió estar antes de que concluyera mayo se tuviera que ir para después”, dijo el Senador Jiménez, quien acusó al PRI y al PVEM de maniobrar políticamente para “descafeinar” el SNA.
Manuel Barquín Álvarez, abogado constitucionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ratificó que en estos casos nada se puede hacer. El incumplimiento con los plazos fijados ha sido una constante en el Poder Legislativo.
“Si fuera un solo legislador se podría hacer un Juicio Político, pero al ser consensos entre los partidos no se les puede castigar a todos por igual. En otros países sí que existen estas sanciones, pero este no es el caso”, explicó.
Hasta ahora el PRD y el PAN han hecho un listado de 30 observaciones temáticas con las que no están de acuerdo, respecto a las iniciativas presentadas por el PRI y el PVEM. El Senador Pablo Escudero se tomó una semana para responder en no más de cinco de ellas, por lo que el proceso de dictaminación en comisiones sigue sin consensos, en un contexto en el que los partidos se juegan en las elecciones del próximo 5 de junio 12 gubernaturas en el país.
