Por Ornela Garelli*

Diversas organizaciones sociales, así como sectores progresistas del aparato gubernamental, han trabajado arduamente desde hace años para hacer frente a algunos de los principales problemas sociales y ambientales que enfrentamos. Una de las formas en que este trabajo se ha hecho ha sido mediante el impulso, cabildeo y aprobación de legislaciones estatales y federales (o modificaciones a normas y programas) que permitieran dejar establecidos en la ley los cambios deseados para el beneficio del bien común, como una forma de asegurar su cumplimiento y continuidad. 

Sin duda, cambios legislativos como estos, al impulsar transformaciones sistémicas, tocan en lo más profundo intereses particulares de aquellas personas o sectores que se benefician directa o indirectamente de la permanencia del status quo. Ante esto, es de esperar la efervescencia de respuestas y contraargumentos por parte de estos con el fin de echar para atrás los avances y proteger sus intereses políticos y/o económicos. 

Éste ha sido el caso del sector privado. Representantes de diversas industrias, como la de los plásticos o la de alimentos y bebidas, así como el sector automotriz, han iniciado campañas para desacreditar, contraargumentar y directamente bloquear las iniciativas ciudadanas con el fin de evitar la aprobación de modificaciones legislativas y normativas o, una vez que éstas han sido aprobadas, retrasar o lograr la cancelación de su puesta en vigor. 

Así, ante la aprobación de diversas legislaciones estatales y reglamentos municipales para prohibir ciertos productos de plástico desechable (bolsas de acarreo, contenedores de unicel, popotes, etc.) para hacer frente a la contaminación plástica que daña gravemente nuestros océanos, la industria plástica y las asociaciones que la representan han salido a denunciar las medidas presentando todo tipo de excusas que permitan la continuación de su negocio, desde su referencia a la pérdida de empleos, la negación de los beneficios ambientales o sociales de las iniciativas, la presentación de amparos, la solicitud de mayor tiempo de adaptación, etc. 

Además, ahora, en plena crisis de salud, han utilizado el argumento sanitario como parte de su estrategia, aprovechándose del temor de la gente a ser contagiados con COVID-19 para alegar la mayor higiene de los plásticos desechables ante, por ejemplo, el uso de bolsas o vajillas reutilizables. La realidad es que los plásticos de un solo uso pueden transmitir el virus de la misma forma que otros materiales (aquí un estudio al respecto), y sea que se usen bolsas o vajillas reutilizables o desechables se deben mantener las medidas recomendadas por el personal de salud, es decir, lavar y desinfectar nuestras manos y las superficies que toquemos con agua y jabón de forma frecuente. Por lo que no tiene caso volver a los plásticos de un solo uso que generan tantos residuos y contaminan el planeta. Este tema ya lo habíamos explorado en otra columna para SinEmbargo que puede verse aquí.

Siguiendo una línea semejante, la industria de alimentos y bebidas ha reaccionado ante la modificación a la norma 051, que permitirá el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas para enfrentar la grave epidemia de sobrepeso y obesidad que vive el país, con la presentación de amparos, alegaciones sobre afectaciones en la producción que ocasionaría la norma, altos costos a los que las empresas tendrán que incurrir para cambiar las etiquetas, entre otras estrategias para bloquear la medida. 

Al igual que la industria del plástico, las empresas de alimentos y bebidas también han buscado aprovechar la coyuntura del COVID-19 para detener el etiquetado, alegando que se encuentran vulnerables ante la contingencia  y la medida “implicaría un alto impacto en costos y recursos con los que no contamos en estos momentos”, según indicó el presidente de la CANACINTRA, por lo que también enviaron misivas a las autoridades competentes para retrasar la publicación de la NOM. En este caso, para comprender la impertinencia de la reacción de la industria cabe decir que hoy las y los mexicanos somos más vulnerables al COVID-19 debido a los altísimos niveles de sobrepeso y obesidad existentes en nuestra población, debido en gran parte a la sobreoferta de comida chatarra, proveniente justamente de esta industria, como ya lo ha indicado el Subsecretario Hugo López-Gatell. 

La historia se repite de nueva cuenta en las respuestas que dio la industria automotriz ante los cambios al Programa de Verificación Vehicular Obligatorio (PVVO) definidos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a finales del año pasado. Ante estas medidas para mejorar la calidad del aire en el Valle de México, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C., recurrió al argumento de la falta de tiempo para adaptarse a la medida y la descalificó alegando que no forma parte de una política pública integral. Además de que en repetidas ocasiones han recurrido al argumento del impacto económico de las medidas y sus afectaciones al empleo que genera esta industria. Al respecto, si bien es importante considerar el expertise de la industria en la adopción de medidas como éstas, lo cierto es que la mala calidad del aire en la Ciudad de México y sus alrededores es un grave problema ambiental, cuya atención no puede postergarse más.  

Las respuestas, si bien adecuadas a la realidad de cada industria, han utilizado argumentos semejantes, buscando postergar o incluso evitar la puesta en vigor de las nuevas medidas. Detrás de estas estrategias se encuentra el interés por mantener el status quo y privilegiar la continuación de sus negocios a pesar de los grandes problemas ambientales, sociales y para la salud pública que estos ocasionan. 

La emergencia sanitaria que enfrentamos en la actualidad ha hecho evidente que el modelo económico dominante, basado en la explotación del planeta y de la gente y en la generación de amplias desigualdades, está quebrado y nos vuelve cada vez más vulnerables ante emergencias como la que enfrentamos ahora. Por esto, hoy más que nunca, debemos denunciar a aquellos sectores industriales que buscan favorecer la permanencia de sus negocios, sin cambios, sin pérdidas en sus ganancias, a costa del bien común, del bienestar de la gente y de la salud de nuestro planeta Tierra. Hoy más que nunca el bien colectivo debe primar sobre los intereses de unos cuantos.

* Ornela Garelli es campañista de Océanos sin Plásticos en Greenpeace México.

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