Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon del Antimonumento, ubicado en Reforma, hacia las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), en donde realizaron un mitin e instalaron una carpa frente a las instalaciones de la procuraduría.
México, 20 abr (EFE).- Los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 instalaron hoy un plantón frente la sede de la Fiscalía general de México y exigieron una investigación eficiente.
A horas de que culmine la segunda visita oficial a México del mecanismo de seguimiento del caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 19 al 21 de abril, los padres de los jóvenes exigieron una investigación «seria y exhaustiva», dijo a los periodistas el abogado Vidulfo Rosales.
Entre otros puntos, reclamaron la detención «inmediata» de los policías municipales de Huitzuco y de los agentes federales presuntamente involucrados en la desaparición de una veintena de estudiantes, según una hipótesis del caso destapada el pasado año por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El abogado indicó que si bien los policías posiblemente involucrados en el suceso ya están identificados, «no han sido consignados ni detenidos», lo que prueba «una dilación que no puede estar presente en una investigación de esta envergadura».
Además, explicó que solicitarán la investigación y procesamiento del entonces Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y del ex procurador de ese estado Iñaki Blanco.
«Estamos pidiendo que inicie un proceso de investigación serio, exhaustivo, contra elementos del Ejército mexicano que hoy en día, pese a existencia de múltiples elementos, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha querido iniciar una investigación formal», agregó.
El abogado de los padres explicó que los últimos avances en torno al caso por parte de la PGR es un análisis de la tecnología móvil en la noche del suceso y una búsqueda a través de tecnología láser.
De acuerdo con la versión oficial, los 43 jóvenes fueron detenidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos que los mataron e incineraron en el basurero de Cocula.
Esta versión ha sido cuestionada por organismos internacionales, entre ellos un grupo de expertos de la CIDH que denunció irregularidades y debilidades en la investigación oficial.
En abril del pasado año, el grupo que investigó durante un año la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cerró su asistencia en el caso dibujando inconsistencias y acusando al Gobierno de obstaculizar su trabajo.
Aunque el Ejecutivo decidió no renovar el mandato para que el equipo nombrado por la CIDH prosiguiera las pesquisas, se acordó la instalación de un mecanismo de seguimiento especial al caso, que incluye visitas periódicas al país por parte de un comisionado y asesores técnicos.
El trabajo del mecanismo, que realizó en noviembre su primera visita oficial a México, se sostiene sobre cuatro pilares: investigación, apoyo a los familiares, monitoreo de la búsqueda e impulso de políticas estructurales que generen acciones de no repetición.
De esta manera, se pretende dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a las medidas cautelares dictadas por la CIDH para los familiares de las víctimas.
Entre enero y marzo se realizaron dos visitas técnicas del mecanismo especial, al que actualizaron sobre el avance de la investigación.
No obstante, a mediados de marzo el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, dijo desde Washington que el organismo no está satisfecho con las respuestas de México y el tratamiento dado al mecanismo de seguimiento.
