La organización Greenpeace México se manifestó de forma pacífica a las afueras del Senado de la República para exigir a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales no aprobar la iniciativa de Ley General de Biodiversidad que se expide para abrogar la Ley General de Vida Silvestre, al considerar que los recursos naturales del país podrían ser privatizados.
«Esta Ley está abriendo la puerta al saqueo de nuestros recursos naturales, lo está haciendo legal», expusieron los activistas.
Ciudad de México, 20 Abril de (SinEmbargo).- Greenpeace México se manifestó de forma pacífica a las afueras del Senado de la República está mañana para exigir a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de aquel recinto a no aprobar la iniciativa de Ley General de Biodiversidad que se expide para abrogar la Ley General de Vida Silvestre, al considerar que los recursos naturales del país podrían ser privatizados.
La iniciativa de dicha Ley sería votada hoy, sin embargo, la discusión se canceló porque no llegó ningún senador y se pospuso para el próximo martes.
Gustavo Ampugnani, director de la organización, dijo: «Estamos a las afueras del Senado de la República para manifestar nuestro rechazo frente al dictamen de iniciativa de Ley de Biodiversidad que está promoviendo el Partido Verde, específicamente la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente Ninfa Salinas».
«Esta Ley está abriendo la puerta al saqueo de nuestros recursos naturales, lo está haciendo legal. Lo que actualmente podría estar ocurriendo de forma no regularizada o informal, ahora podría contar con la formalidad necesaria», acusó Miguel Alejandro Rivas Soto, campañista de Océanos de la organización con presencia internacional, en entrevista para SinEmbargo.
Por ello, hizo un llamado a la Comisión de Medio Ambiente a mostrar su compromiso con la biodiversidad de México y a traducirlo en un resguardo real de la misma.
«Esperamos que ellos en su calidad de senadores y legisladores de los recursos de México, tomen la iniciativa de votar en contra de esta iniciativa de Ley porque justamente creemos que abre la puerta a la privatización de los recursos naturales», subrayó.
No obstante, el activista aclaró que la organización está a favor de que exista una ley de biodiversidad, pero puntualizó en la necesidad de que se abra a la discusión, ya que tiene 20 artículos que hacen referencia a los recursos genéticos y no se ponen «las trabas ni los candados necesarios precisamente para impedir la privatización de la biodiversidad, para evitar que ocurra está bioprospección de manera justa con los pueblos y comunidades indígenas».
En el mismo sentido, Ampugnani explicó que la polémica iniciativa de Ley integra un título con 20 capítulos donde se pretende regular el aprovechamiento de los recursos genéticos del país y busca integrar en un solo ordenamiento lo previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), en el Título Segundo relativo a la biodiversidad, que incluye las áreas naturales protegidas; las zonas de restauración, y flora y fauna silvestre; además de pretender aplicar los preceptos del Protocolo de Nagoya.
«Desde nuestro punto de vista es un tema muy complejo y no sólo tiene que ver con la diversidad biológica, sino con la diversidad cultural de México y debería ser tratada en un marco regulatorio a parte, en una legislación independiente, entonces nuestro rechazo es porque integra eso», puntualizó.
Ayer, en un comunicado, personalidades de la comunidad científica, intelectual, organizaciones civiles y productivas alertaron que con este proyecto se podría privatizar los recursos genéticos del país y llamaron que se detenga el proceso legislativo.
“La materia de la iniciativa incide directamente en el patrimonio biocultural (genes, especies, ecosistemas, agroecosistemas y paisajes), en los territorios y tierras de los pueblos indígenas y comunidades equiparables que albergan en su seno la mayor biodiversidad de México. Además de que la iniciativa carece de mecanismos de difusión y debate de forma amplia, democrática, plural, en las diferentes lenguas de los pueblos, y comunidades indígenas, ni otorga el tiempo pertinente para garantizar la participación efectiva de estas comunidades, como lo establecen varios tratados internacionales de los que México es signatario”, apuntaron el documento.
Otro de los argumentos que también esgrimieron para echar atrás la iniciativa es que pasa por alto “el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación” al proponer un política pública destinada a regular el ordenamiento territorial, las actividades productivas, y el uso de los recursos naturales en una amplia porción de los territorios donde habitan”, a quienes, acusaron, no se les hizo “la más mínima consulta al respecto”.
Señalaron que se violenta la obligación del Estado mexicano de “preservar y enriquecer” las lenguas, conocimientos y todos los elementos de la cultura e identidad de estos pueblos y su derecho a preservar, mejorar y conservar sus tierras.
