Especialistas en economía, seguridad y derechos humanos han descrito un Estado de México «controlado» por el Grupo Atlacomulco y el PRI, cuyo «sistema político y de corrupción» ha rodeado a la entidad de una ola de inseguridad y violencia, sobre todo en los municipios que colindan con la capital del país, así como de pobreza y violación a derechos humanos mediante «el uso excesivo de la fuerza pública» y despojos a comunidades indígenas que han vivido ahí incluso antes de la época de la colonia. Este es la entidad por la que contienden Alfredo del Mazo (PRI), Delfina Gómez (Morena) y Josefina Vázquez Mota (PAN). Esta es la entidad que hereda el priista Eruviel Ávila Villegas.
Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– El abogado Eruviel Ávila Villegas comenzó a administrar el Estado de México en septiembre de 2011, luego de gobernar Ecatepec, el municipio donde nació y que también gobernó como Alcalde en dos periodos. Tras cinco años de su gestión, sumados a las ocho décadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, el 29 por ciento de los mexiquenses votaría por el candidato priista mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, pero el 28 por ciento lo haría por Delfina Gómez, de Morena, y otro 25 por ciento preferiría a la panista Josefina Vázquez Mota, reveló una encuesta realizada por el Grupo Reforma.
A tres meses de las elecciones locales, el priista entregó 20 mil laptops a 5 mil estudiantes con promedio de 9.5 o más de San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca, Chimalhuacán y Los Reyes… a cambio, sus colaboradores pidieron la copia de la credencial de elector de sus padres. El Gobierno mexiquense destinará hasta 2 mil millones de pesos para las elecciones del domingo 4 de junio, han calculado candidatos y legisladores de oposición.
Especialistas en economía, seguridad y derechos humanos han descrito un Estado de México «controlado» por el Grupo Atlacomulco y el PRI, cuyo «sistema político y de corrupción» ha rodeado a la entidad de una ola de inseguridad y violencia, sobre todo en los municipios que colindan con la capital del país, así como de pobreza y violación a derechos humanos mediante «el uso excesivo de la fuerza pública» y despojos a comunidades indígenas que han vivido ahí incluso antes de la época de la colonia.
René Alejandro Jiménez Ornelas, especialista en sociodemografía de la violencia en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que Eruviel Ávila Villegas heredará «una situación de horror» en términos de violencia porque ha continuado con las políticas del Grupo Atlacomulco. Con la candidatura del primo del actual Presidente de la República, Alfredo del Mazo, «se da la continuidad de este grupo dentro del poder en una entidad federativa en donde los niveles de violencia e inseguridad están en los más altos de todo el país».
«El Estado de México es uno de los estados pioneros en corrupción, homicidios y robos. Se da desde antes con el Grupo Tlacomulco», aseguró en entrevista.
El académico especialista en finanzas, Abraham Vergara Contreras, afirmó que «gran parte de la base de la pobreza que existe en el Estado de México es por la corrupción». La entidad, con 8 millones, registra el mayor número de personas en situación de pobreza.
«La corrupción y la idea en el PRI de pan y circo de regalar una televisión o un refrigerador para ganar su voto, aunque no tengan luz o comida con qué llenarlo, los tiene metidos en la mediocridad y analfabetismo», dijo. «¿Qué hace la gente con esa laptop [como las que regaló Eruviel]? La vende. Ellos lo que quieren es comer o pagar deudas. En la compra de voto, con tortas o laptops, el esquema sigue siendo el mismo», determinó el académico de la Universidad Iberoamericana.
José Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, destacó que en el Estado de México «hay una desafortunada tradición» de violación de derechos humanos. Siempre ha gobernado el PRI por lo que hay «una práctica muy arraigada» en la política mexiquense en términos de autoritarismo, represión y modo de gobernar con raíces muy profundas.
«Al menos en los últimos 20 años es notorio el recrudecimiento de violaciones de derechos humanos, sobre todo en términos de despojo y de imposiciones en territorios campesinos e indígenas y en términos de la indebida aplicación de la justicia para encarcelar a los opositores políticos», expuso el activista.
INSEGURIDAD: CORRUPCIÓN Y LÍDER EN FEMINICIDIOS
Una señora y un niño, el sábado 11 de marzo a las dos de la tarde, fueron captados por una cámara de vigilancia robando la limosna de una capilla vacía ubicada en la comunidad de Santa María Atarasquillo, en el municipio de Lerma, Estado de México, la entidad que más número de pobres registra a nivel nacional, en parte por su demografía. En septiembre del año pasado, los cuerpos sin vida de Karen Esquivel, de 19 años, y de Adriana Hernández, de 52 años, fueron hallados en el interior de una vivienda en Naucalpan tras días de reportarse como desaparecidas.
En un estado con más de 16 millones de habitantes, Eruviel Ávila Villegas, luego de ser trending tropic por #MeMaquilloComoEruviel durante un debate, recibió un Estado de México con 84 mil 533 reportes de robo, mil 518 homicidios, 81 secuestros y 15 mil 751 violaciones sexuales, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo hasta septiembre del 2011, cuando el ahora Presidente Enrique Peña Nieto le pasó la estafeta.
«Los niveles de violencia son una constante en el Estado de México, principalmente porque hay cuerpos policiacos con un nivel de corrupción de tal envergadura que es de los principales estado de la República donde son vulnerados», dijo el investigador René Jiménez del Instituto de Investigaciones Sociales.
De 2012 a 2016, gran parte del gobierno de Eruviel, los datos oficiales de robos en bancos y carreteras así como homicidios culposos (sin intención) se presentan en ceros en el Secretariado Ejecutivo, el cual registra cifras reportadas ante las fiscalías.
En 2016, su último año de gobierno, la entidad al centro del país reportó 65 mil 379 robos (sin considerar en bancos y carreteras), 2 mil 810 homicidios (sin culposos), 254 secuestros y 2 mil 148 violaciones.
Respecto a los feminicidios, «el Estado de México es el primer lugar en feminicidios que se nutre no solamente de la misoginia y machismo, también de una gran ola de violencia que existe en el contexto social», aseguró Jiménez.
El Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio (Mexfem) documentó 263 casos, principalmente en Ecatepec, Naucalpan, Toluca y Chimalhuacán durante 2016. Un año antes, en julio, se emitió la Alerta de Género en 11 municipios: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.
De 2000 a 2015, el estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, «Asesinatos de mujeres en México», reveló que esa entidad concentró el mayor número de víctimas de homicidio femenino al sumar 5 mil 163 crímenes.
En su página oficial el Gobernador mexiquense expone que en materia de seguridad se han instalado 10 mil cámaras de videovigilancia en vialidades; un centro de monitoreo «más grande en Latinoamérica» para prevención y persecución de ilícitos; se cuenta con 213 patrullas con sistema GPS para reforzar al Mando Único, al que pertecenen 119 municipios de los 125 existentes; y hay más de 800 elementos de la fuerza especial de seguridad además de los 34 mil policías «capacitados y especializados».
La prensa ha reportado en los últimos meses casos de asaltos al transporte público. «Me da pavor viajar en camiones mexiquenses… pero no hay de otra», dijo Mariana, una habitante del municipio de Cuatitlán Izcalli.
Para reforzar la seguridad de los mexiquenses, destaca Eruviel Ávila en su sitio Web, «hemos fortalecido» el operativo Plan TRES (Transporte Seguro) y llevarlo a cabo en las carreteras federales de la entidad. Para la labor, se destinaron 100 policías estatales y 300 de la Gendarmería Nacional, y se detuvieron más de 17 mil probables responsables de diferentes delitos y faltas administrativas.
Asimismo, con el Mando Único «se fortalece» la infraestructura, equipamiento, profesionalización y certificación policial, para «cuidar» la integridad física de las personas, sus bienes y mantener el orden y la paz pública de la entidad. Además se generó la división del territorio en cuadrantes operativos lo que busca tener mayor cercanía con la población; así como el observatorio ciudadano que mantendrá vigilado a los cuerpos de seguridad.
«Con la infraestructura no resuelves los problemas contextuales que se dan en el Estado de México, donde la corrupción no es solo de un policía, sino de un sistema de corrupción», determinó el especialista en tema de violencia.
12 POR CIENTO MÁS DE POBRES
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El 49.6 por ciento de los mexiquenses, 8 millones 269 mil personas, vive en situación de pobreza, un 12 por ciento más que en 2012, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo Social (Coneval).
Hay 2 millones 550 mil con rezago educativo; 3 millones 280 mil con carencias en acceso a salud; 10 millones 108 mil con carencia por acceso a seguridad social; un millón 715 por espacios de vivienda; 2 millones 061 por servicios de vivienda, y 3 millones 550 mil con carencias por acceso a alimentación.
El académico Abraham Vergara de la Universidad Iberoamericana enfatizó que un gobierno debe gastar en rubros productivos que den beneficios a largo plazo, en vez de solo en burocracia o nóminas.
«Este año se viene un gasto importantísimo de 2 mil millones de pesos en el Estado de México para las elecciones. ¿Eso qué beneficio tiene? Se pueden aplicar mejor para escuelas, centros de salud, infraestructura en carreteras o fomento a las pequeñas y medianas empresas que tienen un beneficio a largo plazo», dijo.
Durante su administración, se puso en operación tres rutas del sistema del Mexibús, los cuales ofrecen el servicio diariamente a 292 mil usuarios con 168 autobuses, y se construyó el primer teleférico en México para la movilidad de la población que vive en la parte alta de la Sierra de Guadalupe de Ecatepec. Beneficia a 29 mil habitantes al día al disminuir su tiempo de traslado de 45 a 17 minutos.
«Además de preocuparse por la población que se traslada del Estado de México a la Ciudad de México y viceversa, que se preocupen por llevarle a los trabajadores las empresas al estado, donde viven; sería más eficiente. Además esa inversión privada generaría productividad y crecimiento para esa entidad. Pero no van en parte porque no les resulta atractivo y por temas de inseguridad», expuso el especialista en finanzas.
TRADICIÓN: VIOLACIÓN A DDHH
El coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, José Antonio Lara, ha detectado dos tipos de violación a derechos humanos en el Estado de México: despojo a territorios de comunidades indígenas para instalar megaproyectos o carreteras sin que les brinden algún tipo de desarrollo y, por otra parte, uso excesivo y desproporcionado de la fuerza policiaca.
«Desafortunadamente las inversiones privadas en la lógica del gobierno mexiquense no generan ningún tipo de desarrollo para las propias comunidades. Es un gran negocio para unos cuantos a costa de la riqueza natural de los pueblos que están ahí algunos desde antes de la época colonial», destacó.
Representantes de pueblos indígenas del Estado de México también han alertado sobre una ofensiva de años en su contra para despojarlos de su territorio, agua y bosques para pasarlos a manos de empresas privadas. Además, los comuneros han acusado que la denominada “Ley Eruviel” no sólo está diseñada para reprimir la protesta social, sino que también pone sus vidas en riesgo.
El jueves, contó José Antonio Lara, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue prácticamente unánime en desechar el uso de la fuerza pública como primera opción para el tratamiento de las manifestaciones pública en actos de protesta.
«Eso se puede leer como un revés jurídico y político de gran calado en contra de la administración de Eruviel Ávila. Sin embargo, falta un debate del uso de las armas intermedias, es decir, las descargas eléctricas, balas de goma, camisa de fuerza o gas lacrimógeno porque pueden privar de la vida a menores de edad o a adultos mayores. Eso es un uso excesivo de la fuerza pública contra un grupo de la población que tiene derecho de manifestarse en la vía pública», declaró el abogado.
Finalmente, el coordinador del centro de derechos humanos recordó que desde 2001, cuando gobernaba Peña Nieto, se ha registrado un conflicto en Texcoco entre habitantes de San Salvador Atenco y autoridades por la construcción del Aeropuerto Internacional.
«Para despojar estas tierras han hecho actos de represión y violación de derechos humanos. En 2006 donde hubo violación de mujeres y acusaciones penales falsas», denunció.
No obstante, muchos otros pueblos de la entidad también han sido víctimas de asedio para quitarles su agua para empresas.
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