Las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alcanzan a funcionarios estatales, municipales y federales. En ellas también está incluido el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, a quien se le pide que impulse la celebración de convenios que beneficien a la población jornalera agrícola y a sus familiares, «atendiendo a la diversidad étnica, lingüística y cultural».
Ciudad de México, 20 de febrero (EFE).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió hoy una recomendación a diversas autoridades mexicanas por «acciones y omisiones» que han contribuido a la persistencia de «condiciones de marginación, vulnerabilidad y pobreza» en agravio de jornaleros del estado de Baja California.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, la Comisión publicó el documento que responde a quejas presentadas en marzo de 2015 por habitantes del Valle de San Quintín, en el municipio noroccidental de Ensenada.
Los denunciantes interpusieron la queja por supuestas detenciones arbitrarias ocurridas en el marco de un bloqueo carretero, que se realizó para protestar por «sus inadecuadas condiciones laborales y de seguridad social», ya que no les pagaban un «salario digno», ni les otorgaban prestaciones de ley, afirma el comunicado de la CNDH.
Tras ello, la CNDH detectó omisiones que «confirmaron el incumplimiento de las obligaciones del Estado, a través de sus instituciones, para garantizar de manera efectiva los derechos humanos de esa población».
La Comisión concluye que se produjo «una violación indirecta» a los jornaleros agrícolas en general, y de las personas indígenas, mujeres y niñez en particular, tanto en la perspectiva cultural como en la estructural.
Por ello, la institución solicita al gobernador de Baja California, Francisco Vega, que entre otras acciones elabore un diagnóstico de la situación socioeconómica y laboral de los jornaleros de la región y que inicie un «programa emergente de trabajo».
Asimismo, que este instruya a la Secretaría de Trabajo del estado para que incremente las inspecciones anuales y se inicien los procedimientos administrativos pertinentes a aquellos patrones o empresas que incumplan sus obligaciones laborales.
La CNDH aprovechó la celebración del Día Mundial de la Justicia Social para instar a las autoridades a «impulsar una justicia social humanitaria que permita a las y los mexicanos el ejercicio pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales».
En el país, recordó, todavía persiste el «flagelo» de la pobreza, que toca a 55,3 millones de personas, de las cuales 11,4 millones viven en la pobreza extrema.
