Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó fallas en la planeación del uso de recursos destinados a la construcción y operación de ocho centros penitenciarios, establecidos bajo el esquema de Contratos de Prestación de Servicios de Largo Plazo para los Centros Penitenciarios (CPS), así como la falta de supervisión de las obras y servicios brindados en éstos. Además, señaló la falta de un marco legal que permita la participación de la iniciativa privada en la construcción y operación de cárceles.
Como parte del Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, correspondiente al primer año de la gestión de Enrique Peña Nieto, la ASF auditó las contrataciones que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) –encargado del sistema penitenciario nacional– hizo bajo el esquema de CPS, que supone la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios integrales dentro de los centros penitenciarios.
En diciembre de 2009, la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la que dependía entonces el OADPRS, planteó el desarrollo de 12 centros penitenciarios federales con la participación del sector privado. Éstos se ubicarían en Jalisco, Sonora, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua, Durango, Chiapas, Morelos, Puebla, Oaxaca, Campeche y la Zona Metropolitana.
En 2010, el OADPRS adjudicó de manera directa los contratos para la construcción y prestación de servicios en Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó recursos para la contratación plurianual del llamado “Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria para el Desarrollo de 8 Centros Penitenciarios Federales dentro del Territorio Nacional, a través de contratos de prestación de servicios de largo plazo”, vigente a partir de ese año y hasta 2032 y por un monto de 199 mil 46 millones 600 mil pesos. La contratación de los CPS también tuvo el aval de la Secretaría de la Función Pública y de la extinta SSP.
Sin embargo, la ASF planteó en su dictamen que el OADPRS no fundamentó la disposición legal que permite la participación privada en servicios para los Ceferesos. Asimismo, apuntó que ni la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) ni la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas regulan las contrataciones bajo esquemas de CPS.
El máximo órgano de fiscalización advirtió que esta falta de regulación «obstaculiza la supervisión y control» de este tipo de contrataciones, pues si bien los contratos prevén la construcción de obra como una condición para la prestación de servicios, en el proceso de edificación no se contemplan herramientas relacionadas con la obra, como las bitácoras, que permitan supervisarla.
No obstante la falta de regulación del esquema de CPS, la SHCP ha comprometido un presupuesto anual de 9 mil 973 millones 830 mil pesos para ello. El año 2013 fue el primero que se entregó, y un monto igual se tiene contemplado hasta el año 2032.
En su último informe, dado a conocer el pasado miércoles 18, la Auditoría se enfocó en la revisión presupuestal de los 9 mil 973 millones 830 mil pesos asignados en el año 2013 para cubrir el Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria, establecido mediante esquemas de CPS.
Pese a que los recursos etiquetados contemplaban la cobertura de ocho centros penitenciarios, durante 2011 y 2012 se celebraron, en total, 36 convenios modificatorios de los CPS, que establecieron prórrogas para el comienzo de la aplicación de los contratos.
En consecuencia, durante 2013 sólo operaron cuatro de los CPS: el CPS 11 Sonora, el CPS 12 Guanajuato, el CPS 13 Oaxaca y el CPS 14 Durango, pese a que su construcción tendría que haber concluido el 1 de julio de 2012.
Pese al atraso de las empresas proveedoras en la aplicación de los contratos, la ASF detectó que en éstos no se establecieron sanciones por el incumplimiento de las obras en su etapa de actividades previas (es decir, antes de que el centro penitenciario comenzara a operar). La existencias de penas convencionales, apuntó la Auditoría en su informe, habría servido para garantizar que los proveedores entregaran la infraestructura en el plazo estipulado de dos años.
Por el contrario, la falta de sanciones trajo como consecuencia «un sinnúmero de prórrogas concedidas a los proveedores», que además no tuvieron la justificación necesaria.
La omisión de penas ante incumplimientos como éste, agregó la ASF, se mantuvo a pesar de que el Testigo Social de las contrataciones había recomendado que se establecieran sanciones al respecto.
El OADPRS contestó a la Auditoria que había atendido a la recomendación de incluir penas convencionales por el atraso en el cumplimiento de los contratos. Mas para la ASF el señalamiento persiste toda vez que «dichas penalizaciones se establecieron a partir de que se inicie la prestación del servicio contratado y no para atrasos en la etapa de actividades previas».
Además, destacó, en los esquemas de CPS «no se puede aplicar ninguna sanción a los proveedores por incumplimiento a sus programas de obra, lo que ocasiona que no se entregue oportunamente la infraestructura para prestar los servicios en los tiempos comprometidos».
CONTRATOS BAJO LA LUPA
La ASF revisó prácticamente la totalidad de los recursos de la partida 33903 «Servicios integrales» del presupuesto del OADPRS, que durante 2013 ejerció 6 mil 539 millones 651 mil 700 pesos en ese rubro del gasto.
Uno de los aspectos que el órgano de fiscalización detectó fue que en la partida 33903 hubo «demasiadas» partidas presupuestales con un presupuesto autorizado de 1 peso o de plano sin recursos.
También encontró que el OADPRS estableció dos contratos, el OADPRS/DGA/S/006/2013 y el OADPRS/DGA/S/008/2013, sin contar con la opinión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre sus obligaciones fiscales.
El SAT emitió dichas opiniones hasta el 22 de abril y el 22 de mayo siguientes, cuando habían transcurrido ya 87 y 111 días de suscribirse los contratos.
La ASF promovió que se finque la responsabilidad administrativa ante el Órgano Interno de Control del OADPRS para investigar y en todo caso sancionar a los servidores públicos que formalizaron ambos contratos.
El primero de esos instrumentos era para contratar «Servicios profesionales, técnicos auxiliares en derecho administrativo al OADPRS en relación con los Contratos de Prestación de Servicio (CPS) vigentes y en relación con el diseño y proceso de contratación de la segunda generación de CPS». Del presupuesto de 22 millones 335 mil 800 pesos autorizados, se ejercieron 16 millones 908 mil 200 pesos, es decir casi 5 millones y medio menos.
El subejercicio le mereció un señalamiento de la ASF, que determinó que ello denotaba «una planeación inadecuada en las contrataciones efectuadas por el OADPRS con cargo a la partida 33903 ‘Servicios integrales’ aunado a que no acreditó contar con el documento que fundamente y motive las causas por la que se requirió la prestación del servicio correspondiente a la segunda generación de CPS, toda vez que se comprobó que a la fecha no existe requerimiento alguno por parte de la Coordinación General de Centros Federales para dar inicio a una nueva adjudicación para la segunda generación de CPS».
Al respecto, el OADPRS contestó que no se ejerció la totalidad del gasto porque el administrador del contrato no recibió una cancelación de la segunda generación de CPS, pero que aún se está evaluando la posibilidad de llevarlos a cabo.
El contrato OADPRS/DGA/S/008/2013 se otorgó por adjudicación directa por un monto de 13 millones 468 mil 900 pesos, para la prestación de “Servicios de Profesionales Técnicos Auxiliares para Administración de los Contratos de Servicios Integrales de Capacidad Penitenciaria o Contratos de Prestación de Servicios de Largo Plazo para los Centros Penitenciarios (CPS), para la Finalización de la Etapa de Actividades Previas y Comienzo de la Etapa de Inicio de Servicio”.
Pero la empresa contratada no se encontraba incluida en el Registro Nacional de Proveedores en materia de contrataciones de seguridad nacional, por lo que no se pudo acreditar que era la que ofrecía las mejores condiciones de precio, calidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia.
Todas las contrataciones hechas por el OADPRS para centros penitenciarios por esquema de CPS se han entregado por adjudicación directa, al amparo del artículo 41 fracción IV de la LAASSP, que permite adjudicaciones directas cuando se considere que las licitaciones públicas ponen en riesgo la seguridadnacional o la seguridad pública. Mas ese fue el único contrato sobre el que la ASF arrojó luz al detectar esa irregularidad.
En el caso del contrato OADPRS/DGA/S/028/2013, signado el 12 de agosto de 2013 y que significó una erogación de 412 mil 300 pesos para la prestación de «Servicios Integrales para Celebrar la IX Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario», la adjudicación se realizó al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones y el pago de los servicios se registró en la partida 33903 «Servicios integrales”. Sin embargo, señaló la Auditoría, por la naturaleza de los servicios contratados se debió registrar en la partida 38301 «Congresos y Convenciones”.
Lo mismo ocurrió con los contratos números OADPRS/DGA/S/007/2013, OADPRS/DGA/S/006/2013 y OADPRS/DGA/S/008/2013, establecidos en enero de 2013. El primero de ellos fue para contratar «Servicios Integrales Profesionales Técnicos Enfocados al Diagnóstico Situacional y Acompañamiento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social”, por un monto de 6 millones 435 mil 400 pesos; el segundo se estableció para contratar “Servicios Integrales Profesionales Técnicos Auxiliares en Derecho Administrativo al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en Relación con los Contratos de Prestación de Servicios Integrales de Capacidad Penitenciaria (CPS) Vigentes y en Relación con el Diseño y Proceso de Contratación de la Segunda Generación de CPS”, por un monto de 16 millones 908 mil 200 pesos. El último, que consistió en la contratación de «Servicios de Profesionales Técnicos Auxiliares para Administración de los Contratos de Servicios Integrales de Capacidad Penitenciaria o Contratos de Prestación de Servicios de Largo Plazo para los Centros Penitenciarios (CPS), para la Finalización de la Etapa de Actividades Previas y Comienzo de la Etapa de Inicio de Servicio”, significó una erogación de 13 millones 468 mil 900 pesos.
En los tres casos, apuntó la ASF, los contratos afectaron la partida 33903 “Servicios integrales”, aunque por su naturaleza tendrían que haber se registrado en la partida 33104 “Otras Asesorías para la Operación de Programas”.
La participación de empresas privadas en la construcción y operación de los centros penitenciarios fue promovida durante el sexenio de Felipe Calderón, a través de la extinta SSP (entonces al mando de Genaro García Luna). Uno de sus objetivos, según se estableció entonces en la Estrategia Penitenciaria 2008-2012, era contribuir a despresurizar los centros penitenciarios estatales. Aunque la infraestructura penitenciaria se ha ampliado, persiste un problema de sobrepoblación en las cárceles del país.
