Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- Con la afirmación de que en el caso Ayotzinapa las autoridades “han cumplido a cabalidad” en la investigación de la desaparición de los normalistas y defendiendo la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad, el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, y la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benitez Tiburcio, comparecieron ante la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados.
Al comenzar la reunión de trabajo con diputados y senadores, la presidenta de la Primera Comisión, la perredista Aleida Alavez, hizo un recuento de los principales problemas que en materia de seguridad encara actualmente el país, dijo que el gobierno federal no tiene una estrategia eficaz y diferenciada de la del sexenio anterior para combatir la delincuencia, además de plantear cuestionamientos puntuales sobre el caso de 43 normalistas desaparecidos en Iguala y señalar que se ha negado a abrir una línea de investigación sobre la presunta participación del Ejército.
“¿Qué respuesta hay a la indicación del GPS del celular de un normalista que registró que el 26 de septiembre estaba en el 27 Batallón de Iguala? ¿Cuantos detenidos hay por el caso Ayotzinapa? ¿Cuantos son policías y cuántos de la delincuencia organizada? ¿Cuál es su estatus jurídico? ¿Cuántas fosas clandestinas se han descubierto a parte del 26 de septiembre de 2014? ¡Cuántos restos se han encontrado? ¿Quien encabeza la investigación de esos hechos y la identificación de cadáveres?”, lanzó Alavez.
Pero sus cuestionamientos no encontraron eco en los posicionamientos del resto de sus compañeros legisladores. Tampoco fueron atendidos por los funcionarios convocados, quienes durante sus intervenciones, se dedicaron a presentar cifras que avalaran los avances conseguidos en dos años de gobierno en materia de seguridad y combate a la delincuencia, según presumieron.
En la única referencia que Rubido García hizo al respecto, defendió que se ha investigado “a cabalidad” y refirió datos como que hasta ahora se han detenido 97 personas y los funcionarios han sostenido 38 reuniones con los padres de los normalistas desaparecidos, sus abogados, sus compañeros y organizaciones civiles.
En esa tónica, la de las cifras, Rubido García continuó su intervención.
Una reducción de 16 por ciento en los homicidios dolosos y de un 3 por ciento en robos; la “neutralización” de 88 de los 122 “objetivos” criminales establecidos al inicio de la administración actual; o la detención de una “inmensa mayoría” de presuntos delincuentes sin usar la fuerza, fueron algunos de los logros que presumió el Comisionado.
La representante de la PGR hizo lo propio al hablar de la modernización tecnológica, del trabajo de la Agencia de Investigación Criminal, del aumento del presupuesto para combate a la corrupción, de la capacitación del personal…Y, de nueva cuenta, de la “neutralización” de 88 de los 122 “objetivos relevantes” del crimen organizado, sin detallar más sobre quiénes son esos “objetivos” y de qué manera su “neutralización” repercutió en la incidencia criminal en el país.
La investigación de los esquemas financieros de presuntos criminales, un aspecto que se ha señalado como fundamental para desarticular a grupos del crimen organizado, apenas mereció unas palabras de la funcionaria, mas no sobre acciones concretas.
La atención a víctimas de delitos fue otro de los temas poco abordados por Benítez Tiburcio, quien sólo refirió que se avanza en la creación del Sistema Nacional de Búsqueda.
Sólo hasta la segunda sesión de preguntas, el caso Ayotzinapa fue retomado. La Diputada perredista Roxana Luna Porquillo preguntó a los funcionarios cuáles han sido los avances en la investigación del caso, cuáles son las líneas de investigación que aún están en proceso, si existía una línea de investigación que involucrara la posible participación de militares y si se investigaba el señalamiento de la presunta ubicación, vía GPS, del teléfono celular de uno de los normalistas desaparecidos en el 27 Batallón del Ejército.
Sobre la posible participación de elementos del Ejército en la desaparición forzada, Benítez Tiburcio expresó: “No hemos obtenido ningún elemento que nos indique ese vínculo”.
Respecto a la presunta ubicación del GPS dentro de la instalación militar, dijo que en las pruebas con las que cuenta la PGR “en ningún caso se ubica a persona alguna en las coordenadas de la ubicación de este 27 Batallón”.
Luego, Rubido García tomó la palabra para reiterar que han cumplido “a cabalidad” con la búsqueda. “Les llevamos los helicópteros, les llevamos los aviones no tripulados, les llevamos …les enseñamos a los padres de familia para que tuveira la certeza de que no estábamos escatimando recursos en la búsqueda de sus hijos”.
Hasta la fecha, tras casi cuatro meses de los hechos, sigue sin conocerse el paradero de 42 de los estudiantes.
