De 2007 a la fecha hay al menos 2 mil niños asesinados en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, existen más delitos que afectan a los menores de edad en México, pues el Estado no está garantizando su integridad, coincidieron organizaciones civiles. «Estos crímenes, en mayoría quedan en impunidad. A los niños no se les está brindado derecho a la justicia. […] Lo que estas personas están haciendo es mandar mensajes de horror, donde pueden matar a toda una familia, incluyendo a un niño pequeño, porque no hay límites, no hay castigo», refirió Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim.
Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– A Marcos Miguel Pano Colón lo mataron junto a sus padres el viernes 29 de enero. Tenía siete meses de edad, y el horror que impera en México, originado por operaciones del narcotráfico y las fuerzas castrenses, le arrebató la vida. El fuego y el plomo –al menos 18 casquillos percutidos– lo alcanzaron en su natal Santiago Pinotepa Nacional, zona costera del estado de Oaxaca.
Las autoridades al principio dijeron que el ataque se trató de un ajuste de cuentas dirigido hacia su papá, Juan Alberto Pano Ramos, de 24 años, pero luego corrigieron, y argumentaron que se trató de «un daño colateral». La hipótesis apuntaba que un comando armado confundió y mató a las víctimas, incluyendo a la mamá de Marcos: Alba Isabel Colón, de 17 años.
Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, titular de la Fiscalía General de Oaxaca, informó que hasta el momento hay al menos dos líneas de investigación y siete personas entrevistadas, pero no hay consignados. A pesar que la institución presentó a Habacuc Quiroz Rivera, de 41 años; Manuel García Casanova, de 47 años; y Juan Carlos González Jerónimo, de 36 años de edad. Los dos últimos originarios del estado de Guerrero.
La primera hipótesis que se planteó relacionaba Juan Alberto Pano, padre de Marcos Miguel, como ex miembro de un grupo criminal de Guerrero y quien, tras su deserción de un grupo criminal, fue atacado. Pero habitantes de Pinotepa Nacional defienden la memoria del joven y aseguran que trabajaba en el Mercado Municipal Pedro Rodríguez, y que siempre se ganó la vida de forma legal.
La segunda línea de investigación refiere que Pano Ramos, de 24 años de edad, fue confundido, pues ese misma noche fue asesinada otra persona en Pinotepa ligada al narcotráfico. La cuarta víctima es Isidoro González Jerónimo, «El Isis», quien tenía una orden de aprehensión por homicidio en Guerrero, una orden más por secuestro y una identificación falsa.
En entrevista con la prensa nacional, el Fiscal Carrillo Ruiz detalló que a «El Isis» lo venían siguiendo y lo asesinaron, y que ese caso se sumaba a las líneas de investigación del multihomicidio de la familia Pano Colón.
No obstante, ambas hipótesis apuntan al grupo de Guerreros Unidos.
“Se está metiendo gente de Guerrero, que se autonombran Guerreros Unidos, y un grupo local comandado por otro sujeto en la parte de Pinotepa”, explicó vía telefónica el Fiscal de Oaxaca. “Hemos tenido varios enfrentamientos y son estos dos grupos que están en disputa”, aseveró.
2 MIL NIÑOS ASESINADOS
Organizaciones de derechos humanos coincidieron que la muerte del pequeño Marcos Miguel no debe tratarse de un hecho aislado, y que la crueldad del crimen está relacionada con la impunidad.
«La intención de los criminales es crear terror, mandando un mensaje –incluso a las autoridades– que pueden mostrar con hechos que son capaces de todo, y no recibirán castigo», expuso la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). La organización denunció que desde que inició la estrategia militarizada en diciembre de 2006 hasta la fecha, la violencia en México ha cobrado la vida de al menos 2 mil niños.
Sin embargo, los homicidios son una parte de los crímenes contra infantes, pues se suman desapariciones, trata, tortura, reclutamiento forzado, entre otros delitos. No obstante el Estado, dijo Redim, no ha implementado políticas públicas y estrategias integrales para salvaguardar a la infancia mexicana.
«Nos hemos pronunciado en diversas ocasiones sobre la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes; particularmente el derecho a la vida y al desarrollo pleno», detalló Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim.
«Nosotros tenemos registro de al menos 2 mil casos de niñas, niños y adolescentes que han sido asesinados en el marco de la ‘lucha contra el crimen organizado'», añadió el activista.
Sumado a ello, el Foro Oaxaqueño de la Niñez (FONI) llamó a las autoridades del estado de Oaxaca a garantizar justicia a a la familia Pano Colón, investigando de forma inmediata y llevando a tribunales a quienes resulten responsables de este brutal homicidio.
«Lamentamos que las autoridades locales recurran a la práctica equivocada de justificar el homicidio ante la opinión pública por presuntas ‘actividades delictivas de narcomenudeo’ sin que exista una determinación judicial. La filtración de información sobre la investigación del Ministerio Público es violatorio a los derechos humanos de las víctimas, en su presunción de inocencia, respeto a su dignidad y buena reputación. Criminalizar a las víctimas sólo anuncia que la averiguación no será profesional, imparcial e inmediata. Están a tiempo de corregir el mal inicio de la investigación», refirió el FONI.
En tanto, Juan Rodríguez Ramos, integrante de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), dijo que en Oaxaca la situación de violencia no tiene las dimensiones de otros estados de la República Mexicana, pero en los últimos años la problemática se ha agravado.
«El caso de Pinotepa no debe ser tomado como aislado. Lo que está pasando en la costa sucede en otras regiones del estado. Esta violencia está afectado de manera directa o indirecta a nuestros niños y adolescentes. Incluso ellos ya no tienen la confianza de salir, y eso también es una forma de violentar sus derechos. Y lamentablemente ya hay varios casos lamentables, cercanos a la ciudad [de Oaxaca]», comentó Rodríguez.
El activista oaxaqueño explicó que a pesar de los avances, en la entidad sigue imperando la falta de oportunidades y la pobreza, situación que impide que los menores de edad continúen sus estudios o tengan acceso a mejores empleos.
HORROR Y MUERTE
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim, agregó que el Estado mexicano sigue sin atender a la infancia, pues considera que es responsabilidad de la familia. Inclusive, a pesar que existen compromisos con organismos internacionales, a la fecha no hay una base de datos nacional que permita conocer el número de menores que son víctimas de la violencia.
Perez García agregó que la crueldad en los crímenes contra infantes está relacionada con la impunidad, pues no hay castigos, o en muchos de los casos se carece de culpables.
«Estos crímenes, en mayoría quedan en impunidad. A los niños no se les está brindado derecho a la justicia. […] Lo que estas personas están haciendo es mandar mensajes de horror, donde pueden matar a toda una familia, incluyendo a un niño pequeño, porque no hay límites, no hay castigo», refirió.
Los niños, niñas y adolescentes de México enfrentan un panorama desalentador, pues persisten los casos de desaparición, violencia y maternidad o matrimonio adolescente. De acuerdo con el balance anual de la Red por los Derechos de la Infancia en México, no existen políticas públicas ni recursos suficientes para protección de los infantes.
De enero a noviembre de 2015 –según cifras oficiales–, 622 personas de 0 a 17 años perdieron la vida por homicidio. El 62.9 por ciento, que equivale a 391 casos –81 eran mujeres y 310 eran hombres–, fueron adolescentes que tenían entre 15 y 17 años. Es decir, 5.8 de cada 100 mil personas de 15 a 17 años fallecieron por homicidio durante ese periodo.
La tasa de mortalidad por homicidio entre adolescentes de 15 a 17 años fue de 2.4 mujeres y 9.1 hombres, por cada 100 mil habitantes.
De acuerdo con la Red, la tercera parte de los homicidios de niños, niñas y adolescentes se concentraron en los estados de Guerrero, Estado de México y Jalisco.
Por otra parte, demógrafos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y del Colegio de México (Colmex) aseguraron a SinEmbargo que la “epidemia” de homicidios en México y la reducción de la esperanza de vida, evidencian una falta de acción por parte del Estado y son el resultado de una expansión sangrienta que avanza de forma paralela a los grupos del crimen organizado; lo peor es que las muertes violentas son apenas “la punta del iceberg”.
«La pirámide poblacional está más centrada en edades jóvenes. Los muertos por homicidio están en ese segmento. La edad media de la población de acuerdo con un dato intercensal está entre 33 años, que es la edad productiva. Y esto nos lleva a un tema, que es el bono demográfico, que significa la capacidad que tiene el Estado para capitalizar a edades productivas; con empleo, educación, salud… que es lo que hizo Finlandia, que hoy tiene una población grande, pero tiene una buena esperanza de vida», refirió Victor Manuel García Guerrero, profesor e investigador del Colmex.
Hiram Beltrán Sánchez, profesor-investigador en el Centro de Salud comunitaria de la Escuela de Salud Pública y del Centro de Estudios de Población de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), informó que el incremento de homicidios es una de las razones de la reducción en la esperanza de vida de los mexicanos, la cual bajó de 72.5 años a 72, en el caso de los hombres, durante el periodo de 2005 a 2010. Para las mujeres, el promedio de años de vida es de 77.
