El Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó regularizar más de 2 millones de autos chocolate en la frontera norte, Michoacán y Nayarit para, dijo, disminuir la inseguridad y beneficiar a las familias. Sin embargo, la industria automotriz estima que el programa regional beneficie al crimen organizado que los trafica, aumente la contaminación del aire y disminuya la venta de autos formales.
Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– El Gobierno federal planea regularizar 2.2 millones de autos chocolate en la frontera norte, Michoacán y Nayarit con el argumento de evitar que grupos criminales cometan delitos en ellos al no tener placas y para que las familias de menores ingresos puedan adquirir uno para trabajar o trasladarse.
Pero la industria automotriz, abollada por la crisis de semiconductores, advirtió que «lo más grave» de aprobar este «contrabando» es que beneficiará al crimen organizado que los trafica y será «un premio para la corrupción» de los funcionarios que lo permiten y de las empresas estadounidenses que se enriquecen con ello.
«Grupos organizados vinculados o protegidos por el crimen llevan a cabo una actividad coordinada en la que incurren empresas en Estados Unidos —que son las que venden estos vehículos para contrabando en México– y la participación de funcionarios gubernamentales en los cruces fronterizos, lo cual sería inexplicable si no hubiera de por medio una colusión corrupta», dijo en videoentrevista Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que agrupa a 2 mil 800 empresas de vehículos.
También, estimó, disminuirá las ventas de carros formales, como cuando cayeron un 30 por ciento de 2006 a 2009 con la regularización a nivel nacional en el Gobierno de Vicente Fox Quesada, y aumentará la contaminación atmosférica al tratarse de «basura» automotriz de Estados Unidos.
Para instruir que las secretarías de Hacienda, Economía y Seguridad regulen la importación de vehículos usados provenientes del extranjero —algunos rescatados de accidentes o inundaciones—, el 18 de octubre el Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para lo estados fronterizos de Baja California hasta Tamaulipas y hace unos días —sin publicarse oficialmente— extendió la medida a Michoacán y Nayarit hasta finales de mes.
«Ya se emitió este acuerdo, se va a aplicar. Originalmente estaba pensado para la zona fronteriza, pero ya nos hicieron la solicitud [el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla] y decidimos también ampliarlo a Michoacán», dijo López Obrador. «Me comprometo a que también se va a aplicar el programa para Nayarit», añadió durante su gira por esa entidad a pregunta expresa de un reportero.
Los ingresos que se obtengan por los 2 mil 500 pesos de pago simbólico para regularizar el auto en el Registro Público Vehicular, y por las sanciones por exceder el plazo de retorno, serán destinados conforme a la Ley de Ingresos de la Federación. El Presidente ha sugerido que el dinero se destine al bacheo de las calles de las entidades donde operará el programa.
¿REDUCE LA INSEGURIDAD?
La Secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez ha aseverado que de los más de 2 millones de autos chocolate, una gran parte es usada por criminales para delinquir por lo que registrarlos abonará a la seguridad de la frontera.
La Asociación Mexicana de la Industria Autromotriz (AMIA) registró un incremento de 600 mil autos «chuecos» en 1992 —antes del TLCAN— a 18 millones hasta 2019. El diario Washington Post expone que implican un tercio de los autos que circulan en el país, algunos «cooptados» por el crimen organizado.
Desde Baja California, el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Vicente Sánchez, observó que no hay un padrón oficial del número de autos chocolate «muchas veces robados» ni de los vendedores, en su mayoría «agentes no registrados comercialmente» que los cruzan fácilmente hasta con remolques por «una falta de control, decomiso o arreglos» de la autoridad aduanera.
«Muchas veces los autos sin matrícula y de procedencia extranjera son usados por grupos criminales para cometer ilícitos», dijo la Secretaria de Seguridad en Chihuahua, entidad donde en el 80 por ciento de los homicidios dolosos están involucrados autos de este tipo, documentó con datos de la Fiscalía General (FGR). En Baja California el escenario es similar, según el Instituto de Identidad Vehicular estatal.
«Necesitamos que estos vehículos dejen de estar en el anonimato, que se regularicen y que puedan llevarse a cabo las investigaciones para dar con los responsables de la violencia», llamó Rodríguez.
El programa, prevé, permitirá que se «tenga rostro, nombre y domicilio del propietario como ocurre con todos los vehículos regulares en el país» al estar inscritos en el Registro Público Vehicular (Repuve).
Sin embargo, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, afirmó que «está fuera de la realidad» dado que ese Registro no contempla ningún instrumento jurídico que castigue el no registrarse y, aunque su infraestructura «es obsoleta» y la calidad de los datos «es deplorable», para 2022 no contará con un aumento presupuestal para «dejar de funcionar con alambritos».
Contrario a lo dicho por la Secretaría de Seguridad y el Presidente de la República, la industria automotriz afirmó que la «afectación más grave» para el país por la regularización de autos chocolate es «favorecer» a los grupos criminales que «encabezan» el negocio millonario de la introducción del contrabando automotriz —a veces junto con armas y dinero— gracias a la corrupción gubernamental.
La Unidad de Inteligencia financiera (UIF) reveló en abril la existencia de un cartel aduanal en Baja California que introdujo autos, armas y otras mercancías a México, en presunto contubernio con funcionarios que ya fueron separados de sus cargos. El supuesto “capo” es Alejandro Miramontes, exadministrador de aduanas en Torreón, Ciudad Juárez y Mexicali, de acuerdo con la investigación federal.
«¿Por qué siguen permitiendo su introducción, sobre todo a la frontera?, ¿por qué permiten la circulación de los vehículos sin placa cuando se tiene toda esa información que refiere la Secretaria de Seguridad?», cuestionó Rosales. «Sin la corrupción gubernamental, la acción de las bandas criminales que introducen el contrabando automotriz no podría darse».
En Baja California, observa el Colef, hay tianguis con lotes de autos robados donde libremente acude la ciudadanía para la compra venta. El Washington Post agrega que los conductores de los coches chocolate alertan en Facebook las ubicaciones de puntos de control para evadir a las autoridades y evitar pagar las multas. Pero cuando los agarran, suelen dejar un pequeño soborno.
El líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California Sur, Gustavo Díaz Tronco, criticó hace unos días que el programa es «un cheque en blanco» que el Gobierno de México entrega a la delincuencia, la irregularidad y la ilegalidad.
Al final, el auto que usted vendió hace unos años en alguna ciudad estadounidense o que le robaron, plantea el diario WP, ahora es una gran oportunidad en México.
IMPACTO AMBIENTAL Y ECONÓMICO
Los autos chocolate tienen hasta 15 años de antigüedad sin seguro, sin certificados ambientales y sin catalizador en el tubo de escape, lo que provoca mayor emisión de nitrógeno, hidrocarburos y monóxido de carbono que el parque vehicular regular, como lo acreditó un estudio del Centro Mario Molina realizado en Ciudad Juárez en 2006.
Esto «se ha agravado por la sobrepoblación» actual y la «insuficiencia» del transporte público en la frontera, dijo el presidente de la AMDA, Guillermo Rosales. Gabriela Muñoz Meléndez, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, agregó que el impacto ambiental también es por generar residuos de manejo especial al ser viejos (electrónicos, baterías y llantas) y abonar al cambio climático por la emisión de contaminantes.
La medida también tiene un efecto económico a gran y pequeña escala. Al considerar la caída en producción y exportaciones por escasez de microchips, el incremento en los precios de materias primas por los cuellos de botella, el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores por la pandemia y la incertidumbre por la iniciativa del Presidente Joe Biden que discrimina las exportaciones de los autos eléctricos mexicanos, Rosales añadió:
«Nunca es un buen momento para tomar una equivocada decisión como ésta, mucho menos cuando la industria y el mercado automotor se encuentra en una crisis. Este 2021 la producción mundial de vehículos disminuirá un 10 por ciento, en la región de Norteamérica será una caída de 21 por ciento y en México se dejará de producir casi medio millón».
Además, «la palabra presidencial estimula la creencia popular de que ya está en marcha la regularización, lo que ha provocado que los contrabandistas aceleren la introducción de vehículos para regularizarlos y no hay ninguna acción gubernamental para ponerles freno», lamentó el presidente de la AMDA.
Pero aun sin considerar el impacto de esta regularización, que se suma «al rosario» de afectaciones al sector, para el año entrante la industria automotriz sigue viendo un escenario muy complicado al grado de que los niveles prepandemia de producción, exportación y ventas podrían llegar hasta «un lejano 2024», estimó Rosales.
Por la sobreoferta que se generará, añadió Rosales, «los primeros perjudicados» serán los propietarios de vehículos legales —sobre todo de seis o siete años— que tratarán de venderlo para comprar uno de modelo más reciente, pero les representará mayor tiempo y menor ingreso.
¿AYUDA A ADQUIRIR AUTOS?
Desde que anunció el programa en Tijuana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que la regularización de vehículos chocolate ayudará a quienes no tienen para comprar una camioneta nueva para ir a la parcela o un carro para llevar a los hijos a la escuela o trasladarse de un lugar a otro, y también beneficiará a los migrantes que visitan a sus familiares. De acuerdo con Border Hub, familias desplazadas por la violencia también los usan como transporte para cruzar a Estados Unidos.
«No todos tienen posibilidad para comprar un carro nuevo y estos vehículos le sirven mucho a la mayoría de la gente para sus labores y para llevar a sus hijos a la escuela y consideramos que es un apoyo», reiteró la semana pasada en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Pero para la asociación de los distribuidores de aumotores es una «idea romántica» por falta de información, ya que el eje de la movilidad es el transporte público. El cual, sin embargo, es deplorable y caro en la frontera.
Asimismo, alegó la AMDA, al año sólo 12 mil autos de migrantes que llegan a comunidades rurales son los que incumplen las disposiciones, en comparación con la mayoría de vehículos que son contrabandeados y vendidos en las ciudades fronterizas con «total libertad e impunidad» por la «corrupción» de funcionarios municipales, estatales y federales.
«La mayor parte de los migrantes cuando visitan el país cumplen con el procedimiento aduanero para realizar la importación temporal de seis meses, circulan legalmente y se regresan con el vehículo», afirmó Guillermo Rosales, presidente de la AMDA.
«Por el contrario, el peso mayor de los vehículos ilegales se concentra en la franja fronteriza norte, donde grupos organizados vinculados o protegidos por el crimen tienen a cabo una actividad concertada y coordinada en la que incurren empresas en Estados Unidos y la participación activa de funcionarios gubernamentales ubicados en los cruces fronterizos, lo cual sería inexplicable si no hubiera de por medio una colusión corrupta», explicó.
En las ciudades fronterizas de Texas y California, documentó The Washington Post, hay magnates cuyas fortunas provienen de la venta de los coches chocolate. A lo largo del Río Grande brotaron enormes lotes de autos.
De este lado, la organización Anapromex ayuda a ampararse para circular con ellos sin temor a ser multados. En Tijuana, hay una industria artesanal que se sustenta de la venta de matrículas falsificadas. El Colef menciona además que a veces más que falsificadas son robadas y están «sobrepuestas», pero en general «no traen placas y nadie les dice nada».
«Hay muchas irregularidades, pero están muy asimiladas socialmente y muy toleradas por las autoridades», dijo el investigador del Colef, Vicente Sánchez.
En el marco de esta socialización y este negocio, agregó el presidente de la AMDA, se genera una «presión social y política» en la que «cayó» el Presidente López Obrador.
Lo que se necesita, planteó, no es promover que las familias adquieran una «basura» que afecte a la economía, al ambiente y a la salud, sino programas de impulso a la renovación vehicular de las mipymes y productores de campo, así como la modernización del transporte público en la frontera, el más usado para movilizar, pero con niveles de contaminación superiores a la Ciudad de México.
