Lo que se intercambia en estos mercados no es el agua como tal, sino los contratos de futuros de los derechos de uso y aprovechamiento de este bien.
Por Sara Elisa Fernández
Madrid, 19 de diciembre (EFE).- La reciente decisión del mercado de futuros de materias primas en Wall Street de incluir el agua como un valor a cotizar similar al petróleo, el oro o el arroz, ha levantado una agria polémica entre los que defienden que promoverá la eficiencia en su uso y los que la consideran un riesgo para la vida.
El sector financiero y empresarial no ve con malos ojos la cotización en aras de incrementar esa eficiencia, pero otras voces prefieren reforzar una gestión pública que contribuya a considerar este recurso como parte de los derechos humanos básicos y su aplicación a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Así, el director de Economía del Agua en el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, Gonzalo Delacámara, ha precisado a EFE que lo que se intercambia en estos mercados no es el agua como tal, sino «algo más sofisticado: contratos de futuros de los derechos de uso y aprovechamiento de este bien».
Se trata de un acuerdo entre dos partes para poder disponer de ese agua en una fecha futura, regulando los intercambios de derechos para «evitar las transacciones informales, que ya se daban, de este bien público», pues los precios que contempla desde el pasado 7 de diciembre el nuevo indicador ‘NQH20’ de la Bolsa norteamericana afectan a cuencas hidrográficas de California desde 2018, aunque «han alcanzado ahora la actualidad porque se acaba de abrir las primeras transacciones para los activos».
Según Delacámara, esta herramienta «bien utilizada, permite mandar señales en términos de eficiencia, de modo que si un regante tiene derecho a esa agua pero no la utiliza, la puede llevar al mercado para que otro la aproveche”, aunque es necesario aplicar una regulación pública «muy exigente» para evitar la especulación.
La regulación no sólo debe identificar y validar todas las transacciones, sino también evitar el empleo de información privilegiada, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas y proteger los atributos de bien público, sin otorgar nunca más licencias administrativas del recurso que posea cada cuenca, so pena de «sobreexplotarlo y generar un grave impacto ambiental”.
Sin embargo, otras organizaciones consultadas por EFE como Amigos de la Tierra, se oponen frontalmente a que «un derecho humano básico para las Naciones Unidas esté sometido a las fluctuaciones del mercado bursátil» ya que como ha recordado su responsable de recursos naturales y residuos, Adriana Espinosa, «es difícil predecir cuál va a ser el comportamiento de un producto financiero”.
Espinosa alerta ante la posibilidad de afrontar «las peores distopías» al evocar el «antecedente terrible de la hambruna de 2008», un año en el que según datos del Fondo de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el trigo encareció su precio un 130 por ciento por la especulación bursátil y ello llevó a que “unos pocos ganaran dinero con la muerte y el hambre de miles”.
En la misma línea, la directora técnica de la Fundación Global Nature, Amanda del Río, se ha mostrado crítica con la decisión de Wall Street puesto que “la lógica del mercado no reconoce el valor que tiene el agua para la Naturaleza o la biodiversidad”.
Aplicar correctamente la legislación comunitaria, en concreto la del Marco del Agua, «permitiría muchas mejoras, sin necesidad de mercantilizar un bien tan básico», ha añadido.
En todo caso, el catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid, Javier Calatrava, considera que «no es factible» extrapolar el modelo norteamericano a España, dada su incompatibilidad con el marco legal vigente, «muy diferente al estadounidense, ya que son las administraciones hidráulicas españolas las responsables de autorizar cada cesión de derechos».
El hecho de que la legislación española dé «prioridad absoluta al abastecimiento frente a otros usos» hace «altamente improbable» la especulación, ha concluido.
