Washington, 19 oct (EFE).- Representantes del Gobierno de Ecuador pidieron hoy a la CIDH que archive el caso de dos pueblos indígenas voluntariamente aislados en la Amazonía y supuestamente amenazados por la actividad de empresas petroleras, pues, según dijeron, están protegidos por el Estado.
«El Estado ha tomado medidas como ningún otro estado para la protección de los pueblos indígenas en régimen de aislamiento voluntario», afirmó Ricardo Velasco en nombre de Ecuador.
Después de dos años y medio de ausencia, el Estado ecuatoriano está presente en el periodo de sesiones iniciado hoy en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Velasco pidió a la CIDH el archivo de un caso sobre la presunta violación de los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenani, cuya supervivencia está supuestamente en peligro por las extracciones petroleras en el Parque Nacional Yasuní, la cuenca amazónica con más biodiversidad de bosque tropical.
El caso se remonta a 2006, cuando la Comisión recibió una petición de varias organizaciones que alegaban que el Estado ecuatoriano había violado los derechos de los Tagaeri y Taromenani porque presuntamente no había adoptado los recursos necesarios para protegerles.
Para los peticionarios, esta desprotección se ha manifestado en tres supuestas matanzas cometidas en mayo de 2003, abril de 2006 y marzo de 2013 por taladores ilegales, indígenas Waorani o como resultado de conflictos entre los Tagaeri y Taromenani, que ven menguado su territorio por la actividad de las petroleras.
Velasco sostuvo que el Estado ecuatoriano ha puesto en marcha diversos protocolos para proteger a las comunidades aisladas voluntariamente que habitan en la selva amazónica desde la muerte de indígenas en 2003, que para Ecuador es la única de las matanzas que debería de haberse tratado durante la audiencia.
«No se entiende la razón del caso. Se está vulnerando la seguridad jurídica del Estado y su derecho a un debido proceso», señaló Velasco, quien aseguró que «no existe evidencia sobre las masacres, solo rumores».
Frente al Estado, en los asientos destinados a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, se sentaron representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y algunos de los abogados que presentaron el caso en 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«La política de derechos de los indígenas de Ecuador, choca con la política de extracción petrolera. Ese choque tiene un ganador obvio, la actividad extractiva por encima de los derechos de los pueblos aislados», sostuvo Eduardo Pichiringue Ramos, que intervino en la audiencia como testigo.
En las áreas donde se extrae crudo, como los territorios de campo Armadillo, cercanos al Parque Nacional del Yasuní, viven los pueblos Tagaeri y Taromenani, cuyas vidas se ven afectadas por la contaminación, el ruido y hasta una nueva carretera, según sostuvo Pichiringue Ramos durante su intervención.
Casos similares, como el del plan de exploración petrolera en el parque Yasuní, en la Amazonía, han sido ya tratados en anteriores ocasiones por la CIDH, que en los últimos años ha convocado varias audiencias sobre los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador.
Desde marzo de 2013 el Estado de Ecuador no había estado representado en las audiencias públicas que la CIDH celebra bianualmente en Washington.
El Gobierno de Ecuador es uno de los más críticos con la actuación de la CIDH, institución que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la que acusa de ser parcial en su contra y en la de otros países.
