Madrid, 19 oct (EFE).- La Fiscalía española pidió hoy entre cinco y ocho años y medio de prisión para veintisiete miembros de la mafia rusa Tambovskaya Malyshevskaya por blanquear en España el «enorme rendimiento económico» que generaban sus actividades delictivas en otros países.
Ese blanqueo se hacía «mediante asesores jurídico-financieros» que se acabaron integrando en la organización, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.
El ministerio público español acusa a los veintisiete de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita y pide penas de 8 años y medio de cárcel para el presunto cabecilla de la trama, Gennadius Petrov y su mano derecha, Leonid Khristoforov, y 5 años y 6 meses para el resto de encausados.
Según los fiscales anticorrupción de Baleares y Madrid, Juan Carrau y José Grinda, los acusados controlaban, desde sus residencias en las costas españolas, actividades delictivas en Rusia y luego canalizaban los beneficios en España.
Una decena de los imputados están en búsqueda y captura, entre ellos Khristoforov y Petrov, este último huido de la justicia desde 2012, cuatro años después de ser detenido en 2008 en la operación Troika por orden del juez Baltasar Garzón y puesto luego en libertad bajo fianza.
Los fiscales explican que los encausados eran originarios sobre todo de San Petersburgo y Moscú, pero vivían y operaban en localidades españolas de las regiones de Baleares, Levante y la Costa del Sol.
Desde esos lugares controlaban la red, a la que se imputan en otros países asesinatos, palizas por encargo, amenazas, coacciones, tráfico de armas, estafa, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contrabando, tráfico de drogas, delitos contra la Hacienda Pública y la descapitalización fraudulenta de sociedades.
Forman parte, según los fiscales, de «lo que en el ámbito delincuencial de origen ruso ha venido en llamarse Comunidad Criminal (Prestupnoe Soobschestvo), integrada en una estructura que se trasladó y actúa en España desde el año 1996».
La mayoría de sus miembros tienen antecedentes penales en Rusia, otros países de la UE, Suiza y los Estados Unidos, y controlaban, desde sus domicilios en España, «las actividades criminales de los respectivos grupos delincuenciales que dirigen en su país de origen y que son ejecutadas por mandos intermedios y subordinados».
En España la red se dedicaba a introducir capitales violando la legislación y eludiendo el pago de impuestos, una actividad, destaca la Fiscalía, «aderezada con simulaciones de contratos y falsedades documentales capaces de distorsionar» la verdadera titularidad del dinero.
En el vértice de la organización figura Petrov, al que sus miembros se dirigían como «caudillo, líder o ‘boss'», que es conocido en el mundo de la delincuencia rusa como una «Autoridad criminal» (Autoritievti) y tiene numerosos antecedentes.
En su entorno más próximo, indican los fiscales, estaban los imputados Elena Petrova, que participa en las decisiones importantes y en las sociedades de Petrov, y Khristoforov, su «mano derecha» y que ejecutaba sus órdenes.
