Es muy sencillo. En el desorden reina el caos; en la impunidad, el crimen.

Los asesinatos en México prácticamente sólo son resueltos cuando se trata de hechos motivados por cuestiones pasionales, deudas de juego, peleas callejeras. Aquellos homicidios con motivaciones políticas, de narcotráfico, de inseguridad o de libertad de expresión, pocas veces llegan a la justicia.

Ahí está el violentísimo asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas. Públicamente existe la versión de que fue el grupo armado de Los Zetas, pero ministerialmente no se ha llegado a una conclusión. Desde 1993, los asesinos del Cardenal Juan Jesús Posadas y Ocampo no han sido castigos. Sí señalados, pero jamás enjuiciados.

En estos dos de miles de casos, estamos hablando de gobiernos federales distintos de origen. En los primeros años de la década de los noventa eran priístas los encargados de administrar no sólo los bienes de la Nación, también la justicia, y de 2000 a la fecha han sido panistas los protagonistas principales. La impunidad en México no es una cuestión de partidos, colores o personajes, está arraigada en el sistema a base de corrupción. Muchos billetes, muchas amenazas y muchos favoreces.

En una entidad donde la justicia no se ejerce, donde los asesinatos no se resuelven, el llamado a cometerlos es indirecto pero certero. Recuerdo el caso de una mujer que en medio de la guerra por el territorio tijuanense entre el cártel de los Arellano Félix y una célula del cártel de Sinaloa, asesinó a su pareja, y para no ser descubierta en su crimen, enteipó el cuerpo en cara, manos y brazos, lo envolvió en una cobija y lo tiró en la periferia de la ciudad.

Consideró la mujer que dados los más de mil ochocientos asesinatos registrados entre 2008 y 2009 en Tijuana, con características de ejecución, muchos de ellos enteipados y arrojados en el borde de cerros, predios baldíos y zonas marginadas, su muerto se sumaría a la lista de asesinatos impunes entre miembros del narcotráfico. No fue así, cometió un acto de arrepentimiento al momento de dejar abandonado el cuerpo del hombre: lo recostó sobre la superficie, y hasta una especie de almohada le puso para descansar la inerte cabeza. La Procuraduría General de Justicia de Baja California resolvió el caso, uno entre cientos.

El hecho indica que cuando hay motivos, un perfil criminal y un clima de impunidad, el escenario para delinquir detona la violencia y la inseguridad. No resolver las investigaciones sobre muertes y otros delitos envía un terrible mensaje: puedes cometer un delito y no ser perseguido.

Este clima de impunidad se respira hoy día en México, no sólo en el ámbito de las familias mexicanas donde alguno de sus integrantes tiene, ha tenido o ha sido víctima del narcotráfico y la delincuencia organizada, que ha llevado a los mexicanos a contabilizar hasta abril de 2012 más de 71 mil ejecutados.

Los mismos elementos, impunidad, ausencia de investigación, cero compromiso ministerial y poca justicia es lo que en el estado de Veracruz ha llevado a asesinos a quitarle la vida a los periodistas. Desde que Javier Duarte de Ochoa es gobernador de aquel estado a partir del 1 de diciembre de 2010, diez periodistas han sido asesinados, aquí sus nombres: Noel López Olguín de Noticias de Acayucan; Miguel Angel López Velasco, Misael López Solana y Yolanda de la Cruz de Notiver; Regina Martínez de Proceso, Luna Varela de veracruznews.com.mx; Gabriel Huge y Esteban Rodríguez, fotógrafos, y el jueves 14 de junio de 2012, Víctor Manuel Báez Chino, de Milenio.

Aún no federalizado el crimen contra periodistas, corresponde a los gobiernos de los estados emprender la investigación considerando que el homicidio es un delito del fuero común. En algunos casos, la Procuraduría General de la República ha hecho efectiva su facultad de atracción para investigar el asesinato del comunicador luego de que presume la existencia de elementos que enfilan al autor material o intelectual a un delito federal, mayormente el narcotráfico o el crimen organizado.

Pero el hecho que la PGR decida atraer un caso no es sinónimo de justicia. Este viernes 22 de junio se cumplirán ocho años del asesinato de Francisco Javier Ortiz Franco, abogado, periodista y editor general del Semanario ZETA en Tijuana, Baja California. A las pocas semanas de iniciada la averiguación por parte de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, la General de la República atrajo el caso. Se cumplirán entonces, ocho años de impunidad.

A pesar de que en las primeras investigaciones la procuraduría local dio indicios de quiénes y dónde se encontraban los asesinos, y la línea más fuerte de investigación fue que se trató de un crimen relacionado con el ámbito labor de Francisco y el ejercicio de la libertad de expresión, nada ha sucedido. No hay una sola persona presa o señalada de sospechosa de asesinar al editor de ZETA. A diferencia de la autoridad mexicana, en los Estados Unidos en la corte de distrito sur de California en San Diego, cuando la fiscalía norteamericana juzgó a Arturo Villarreal Heredia, compinche del menor de los hermanos Arellano Félix, por narcotráfico y asociación delictuosa entre otros delitos, el hombre fue señalado como el principal sospechoso de asesinar al periodista.

En los últimos días, aparte de sufrir la muerte de comunicadores y además padecer la incapacidad de las autoridades de Veracruz y del gobierno federal para encarcelar a los asesinos de periodistas, muchos comunicadores han sido objeto de campañas de desprestigio, de etiquetas y colores, sólo por la opinión que tienen y publican, o por el medio para le cual laboran.

A propósito de la campaña político electoral para la elección del 1 de julio de 2012 donde habremos los mexicanos de elegir Presidente de la República, senadores, diputados federales y en algunos casos gobernador, los ánimos se han enrarecido. Si un periodista o un medio publican una encuesta que favorezca a un determinado candidato, entonces es tachado de favorecer al otro. Si en una columna de opinión refiere la intensión del voto o el escenario que habrá de acontecer si gana x o y candidato, entonces es acusado de beneficiar a otro.

Partidos políticos a través de sus huestes, sus bases y de los ahora llamados activistas (personas especializadas en el manejo de redes sociales para bombardear con mensajes a favor de un candidato o contra alguna persona que piense distinto) señalan a comunicadores en un intento por desprestigiar al periodistas, por matar públicamente al mensajero.

El ejercicio del periodismo de investigación en temas relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, y ahora con el desarrollo de temas y opiniones de política, atraviesa por una época difícil. De ataque, de ensaña, de denostación y en el extremo de muerte. Todo el hervidero a partir de la impunidad.

Matar al mensajero en México, de manera literal o públicamente, se ha convertido en México en la solución para callar las voces que solo detallan la realidad que acontece en un país tomado por las mafias, sean del narcotráfico y el crimen organizado, o sean de la política y la función pública.

Empezar por investigar y detener a los asesinos, sería un buen inicio para recobrar un poco de lo que ya habíamos ganado en materia de ejercicio de libertad de expresión.

Adela Navarro Bello

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