Luego de una protesta de los padres de los 43 frente a la SRE, la cancillería mexicana resolvió crear una comisión coordinada por el presidente de la CIDH la cual se encargará de supervisar la investigación en el caso de los 43 normalistas.
Ciudad de México, 19 may (SinEmbargo/DPA) – La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aceptó este día crear una comisión que visitará periódicamente el país bajo la coordinación del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para dar seguimiento al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.
Luego de una reunión entre la canciller, Claudia Ruiz Massieu, el subsecretario de derechos humanos, Roberto Campa, y los padres de las víctimas, se acordó que el mecanismo de seguimiento del caso estará bajo la supervisión de James Cavallaro, el presidente y relator para México de la CIDH, dijo a la prensa el abogado de los padres, Vidulfo Rosales.
En una entrevista realizada por Americas Quarterly el pasado lunes 16 de mayo, Cavallaro dijo que el Gobierno de México no cooperó con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), asignado por la CIDH.
«La forma en que este caso ha sido manejado por las autoridades mexicanas, y la forma en la que han presionado y crearon la situación, hace imposible que el grupo de expertos pueda continuar. Es mortificante la cara de los padres de los 43 que no saben lo que pasó con sus hijos «.
Acerca del fin del mandato del GIEI en México, Cavallaro agregó a AQ que fue porque «el gobierno mexicano se niega a cooperar. Debido a que el gobierno mexicano no permitiría que el grupo de expertos para visitar el batallón 27. Debido a que el gobierno mexicano no permitiría que el grupo de expertos para entrevistar a los militares. Debido a que el grupo de expertos fue sometido a una importante campaña de difamación. El gobierno mexicano afirmó que no tenía ninguna responsabilidad por la campaña de desprestigio. Eso es un problema vale la pena examinar. Hay quienes dudan de esta afirmación», aseveró.
Los 43 estudiantes de la escuela rural para maestros de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero, desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras ser perseguidos por policías municipales de la ciudad de Iguala.
De acuerdo con la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), basada en testimonios de varios detenidos, los jóvenes fueron retenidos por los policías y entregados a un grupo criminal que, al confundirlos con miembros de una cártel rival, los asesinó e incineró en un basurero.
Sin embargo, un grupo de expertos independientes comandados por la CIDH determinó el año pasado que no existen pruebas científicas que respalden la versión de la incineración. Posteriormente, el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense también rebatió la hipótesis de la fiscalía.
Los padres de los jóvenes desaparecidos plantearon a la Cancillería que la comisión de seguimiento la integren también algunos de los expertos independientes, algo que Ruiz Massieu se comprometió a evaluar.
Este mecanismo forma parte de las recomendaciones que hizo al Gobierno mexicano el grupo de expertos independientes antes de culminar sus labores en el caso el pasado 30 de abril.
Las propuestas discutidas entre la Cancillería y los padres de las víctimas serán entregadas a la CIDH en una audiencia privada que se realizará el sábado en Washington, donde se definirá el mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa.
