Senadores del PAN pidieron a la PGR que gestione medidas cautelares para evitar que Karime Macías, esposa del detenido Javier Duarte, y otros de sus colaboradores evadan la ley. Además dieron nombres de cinco políticos con cargos, en su mayoría del PRI, que presuntamente están involucrados en los ilícitos cometidos por el ex Gobernador.
Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) anunciaron que presentaran en la Cámara un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) gestione medidas cautelares para evitar que la esposa de Javier Duarte de Ochoa, Karime Macías Tubilla y otros personajes ligados al ex Gobernador detenido evadan la justicia.
El documento solicita también a la PGR a que se incluyan todas las carpetas de investigación que tiene en su contra el ex mandatario, con el fin de que responda a cada una de las imputaciones por diversos delitos.
Los panistas piden al Poder Judicial de la Federación que, a través del Consejo de la Judicatura Federal, establezca un precedente aplicando una sanción ejemplar, que garantice la recuperación patrimonial del pueblo de Veracruz, «por los delitos de quebranto al erario público y corrupción por parte de Javier Duarte y sus cómplices».
En conferencia de prensa, las legisladoras Mariana Gómez del Campo y Rosario Guzmán Avilés exigieron al Gobierno federal no proteger a los priistas involucrados, aunque pertenezcan a su partido político.
«Queremos que se persiga a todos los personajes involucrados, en especial, y lo debemos señalar, no queremos que la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, ni su familia, evadan a la justicia. No queremos que haya ni un pequeño resquicio de duda o de sospecha de una probable protección a esta mujer, ni tampoco que desde el gobierno federal se proteja a priistas vinculados a este grupo de mafia», manifestó Gómez del Campo.
Además lamentó que hay políticos relacionados con los ilícitos del ex Gobernador de Veracruz y que gozan de fuero, como Antonio Tarek Abdala, ex tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, «que entre 2012 y 2015 asignó contratos a empresas fantasma que nunca entregaron los productos por los que se les pagó. Se le acusa del desvío de 23 mil millones de pesos. Hoy es diputado plurinominal del PRI. Su proceso de desafuero está prácticamente estancado», dijo la Senadora.
Por su parte, Guzmán Avilés explicó que funcionarios de la administración de Duarte de Ochoa se encuentran buscando otro cargo público o ser candidatos por alguno de los diferentes partidos políticos, pero que no permitirán «que los cómplices de Duarte se refugien en partidos políticos o en cargos para tener fuero y protección».
Las panistas señalaron que otros personajes que están relacionados con Javier Duarte y para los que exigen una investigación son los siguientes:
• Adolfo Mota Hernández, Diputado federal del PRI en la actual Legislatura, fue Secretario de Educación en Veracruz. De acuerdo a la información del PAN, entregó casi 325 millones de pesos a compañías fantasma inhabilitadas por el Servicio de Administración Tributaria.
• Édgar Spinoso Carrera, Diputado federal del Partido Verde Ecologista de México. Fue oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. En ese puesto, avaló los contratos concedidos por la dependencia a «empresas fantasma», aseguran las legisladoras.
• Noemí Guzmán Lagunes, actual Diputada federal del PRI. Encabezó la Secretaría de Protección Civil en Veracruz del 2010 al 2015. El PAN señala que durante su administración, la dependencia entregó nueve contratos por casi 30 millones de pesos a la red de «empresas fantasma».
• Alberto Silva Ramos, Diputado federal del PRI. Fue secretario de Desarrollo Social de Veracruz y en su administración, la dependencia hizo contratos por 243 millones de pesos con «empresas fantasma», indicaron.
• Vicente Benítez González, es Diputado en el Congreso de Veracruz por el Partido Nueva Alianza. Fue tesorero en la Secretaría de Finanzas en la administración de Duarte, pero en 2012 renunció al cargo, luego de que la Policía Federal decomisó 25 millones de pesos en efectivo a dos funcionarios estatales que no pudieron explicar el origen y destino del dinero. En marzo de 2014, Benítez regresó a la administración pública estatal como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, señalaron.
La propuesta fue firmada por las senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, María del Rosario Guzmán Avilés, Irma Patricia Leal Islas, Sandra Luz García Guajardo, Sonia Rocha Acosta y los senadores Francisco Salvador López Brito y Jorge Luis Lavalle Maury,
