En 2010 y 2012, dos diputados presentaron una iniciativa de Ley para la Revocación de Mandato para dar el derecho a la ciudadanía de correr y renovar funcionarios públicos «ineficaces o corruptos». Sin embargo, no tuvieron eco «porque no quieren ser tocados», dijo el también investigador Jaime Rodríguez, uno de los promotores de esa legislación. Actualmente, luego de que salieron a la luz diversos casos de desvío de recursos y endeudamiento de estados sin resultados, organizaciones civiles impulsaron el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual incluye dos marcos, tanto administrativo como penal, para castigar con destitución, deshabilitación o prisión a funcionarios públicos. No obstante, otra vez está encontrando frenos de la clase política porque el Senado no ha asignado a los magistrados especializados, acusaron especialistas.
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Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).– Ante la falta de control a ex gobernadores señalados de corrupción, algunos detenidos y otros prófugos, organizaciones y académicos llamaron a la asignación de los 13 magistrados faltantes para el Sistema Nacional Anticorrupción cuyo régimen de responsabilidad administrativa permitirá la revocación y deshabilitación hasta por 20 años. También propusieron eliminar el fuero político o implementar la revocación de mandato existente en otros países del continente.
En diciembre de 2012, como parte del inicio del actual sexenio, los gobernadores priistas que iniciarían su gestión posaron para la foto sonrientes y a lado de quien portaba la banda presidencial, Enrique Peña Nieto. Cinco años después, cuatro de ellos están detenidos, incluyendo Javier Duarte de Ochoa (Veracruz); mientras César Duarte Jáquez (Chihuahua) es prófugo de la justicia y sobre Roberto Borge Angulo (Quintana Roo) pesan seis órdenes de aprehensión.
Durante sus seis años de gubernatura, nadie los frenó a tiempo por el «pacto de impunidad entre políticos», la «corrupción institucionalizada muy extendida en la clase política del país» y por el poder que tenían esos mandatarios sobre los congresos locales ante «la debilidad y dependencia» de la figura presidencial, dijeron organismos y especialistas en derecho, transparencia y sistema político.
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Hace siete años, dos diputados implementaron, sin ser decretada, una iniciativa de Ley de Revocación de Mandato, una figura de participación ciudadana y de rendición de cuentas no existente salvo en la Constitución de la Ciudad de México, actualmente bajo impugnación. En Ecuador, Colombia y Venezuela hay esta figura democrática a nivel nacional y constitucional.
Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo en entrevista que ya no hace falta esta figura por el régimen de administraciones graves del Sistema Nacional Anticorrupción que entrará en rigor el próximo 18 de julio, «una herramienta más poderosa y objetiva que la revocación de mandato, la cual suele ser de mayorías políticas que se tramita en Congresos estatales».
«El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción incluye un nuevo régimen de responsabilidades administrativas graves de tipo juicio que depende de la calidad de la investigación y capacidad del juez (no de Congresos)», destacó Kaiser.
Con este régimen, los 13 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrán investigar a funcionarios públicos partir de una denuncia de la Auditorías Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública o de cualquier órgano que encuentre algún caso de corrupción.
Si en este juicio se encuentra culpable al servidor público señalado, se sancionará con destitución y deshabilitación para ejercer ese cargo o similar por los próximos 20 años, así sea un Gobernador o Alcalde en funciones, explicó Kaiser.
«Espero que poco a poco empiecen a entender y vean que aunque vayan en sus primeros días de gobierno y les falte casi todo su mandato, si son sorprendidos en un acto de corrupción y son debidamente investigados por el Tribunal, puedan quedar destituidos de su cargo», reiteró.
No obstante, advirtió que todavía no están nombrados los magistrados de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, expuso que el año pasado se aprobaron siete de 22 leyes que tienen que ser reformadas para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellas, las ya aprobadas del régimen de responsabilidades administrativas y la que se hizo en materia penal. En los estados de la República se está armonizando para tener vigencia a nivel local.
«Para que una estrategia anticorrupción funcione se necesitan las dos herramientas: en algunos casos es la vía administrativa, que es equivalente a la Secretaría de la Función Pública, y su mayor sanción es la inhabilitación. Con la penal, equivalente a la PGR, se puede llegar a la cárcel», explicó Bohórquez.
Investigadores en derecho y ciencia política también destacaron la ausencia del nombramiento de magistrados especializados en la vía administrativa (en la vía penal ya hay jueces) y del Fiscal Anticorrupción.
«Se tiene el marco jurídico, pero no se tiene a los aplicadores. El Senado de la República aún no asigna a los magistrados que conocerán las faltas graves de los servidores públicos. ¿De qué sirve el SNA si la autoridad que la aplicará no se ha conformado porque no quieren ser tocados? Hay una falta de voluntad política y además los nombramientos de los titulares de este sistema los hace la propia clase política; es un sistema débil porque el vigilante depende del vigilado», dijo el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Fernando Cárdenas Gracia.
La politóloga especialista en sistema político mexicano, Ivonne Acuña Murillo, urgió a que ya funcione la Fiscalía Anticorrupción para frenar «la libertad» de los gobernadores para que no pase «lo que estamos viendo con los Duartes, Borge y demás».
«El SNA y la Fiscalía Anticorrupción necesita autonomía para poder fiscalizar y sancionar; que no tengan compromisos políticos ni partidistas. También se necesita que los gobernadores rindan el uso de sus presupuestos», llamó la académica.
Sin embargo, advirtió Acuña Murillo, los gobernadores «se han fortalecido porque el Presidente los necesita y no los va a presionar ni quitar atribuciones si necesita de su apoyo», por lo que «aumenta» la posibilidad de que «no haya un control suficiente sobre lo que hacen».
Ante ello, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, del Centro de Estudios de Impunidad y Justicia, afirmó que «es urgente eliminar el fuero político desde el Presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales y los diputados y senadores. La revocación de mandato serviría contra la corrupción si se quitan estos fueros».
REVOCACIÓN DE MANDATO
El Diccionario de Ciencia Política de Dieter Nohlen define la revocación de mandato como el procedimiento institucional de una democracia participativa que permite a los electores «en todo momento» despedir y reemplazar a funcionarios públicos previamente a que terminen el periodo para el que fueron elegidos.
En febrero de de 2010, el Diputado e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, presentó una iniciativa de Ley de Revocación de Mandato. En ella argumentó que «estimula» a los funcionarios públicos electos a ser más responsables con sus electores, y a los votantes a jugar un rol de «supervisión más activo».
En entrevista con este diario digital, el investigador afirmó que la propuso para que «los ciudadanos tuviesen mecanismos para remover de su cargo a los malos gobernantes; que se pudiesen remover si no estaban cumpliendo con su plataforma electoral o que la ciudadanía encontrara que no fuesen eficientes o por razones de corrupción».
«La figura existente en países sudamericanos existe para dar a entender que existe el derecho de nombrar a los gobernantes y también de quitarlos, aunque no concluya su mandato correspondiente. Generalmente se establece a la mitad de la gestión», aseguró Cárdenas Gracia.
Sin embargo, no tuvo eco.
«Los demás grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados no respaldaron salvo algunas voces minoritarias. No hubo una corriente de partidos grandes dominantes a favor, por lo que no se pudo dictaminar la iniciativa».
En 2011, después de la discusión de una reforma política sin incluir la figura, el abogado y politólogo Jesús Silva-Herzog Márquez contrastó al argumentar que la revocación de mandato «le habría arrancado al poder la estabilidad que requiere para tomar decisiones riesgosas que son necesariamente impopulares. Habría sometido al gobierno al veleidoso imperio de la encuesta».
En septiembre de 2012, la Diputada Julisa Mejía Guardado insistió y también lanzó una iniciativa para reformar los artículos 40, 41 y 73 de la Constitución –sobre soberanía, democracia y facultades del Congreso de la Unión– para que «actos de corrupción, ineficiencia, violación de derechos humanos y pérdida de legitimidad se consideren causales para que el electorado solicite la revocación de mandato de un funcionario público electo».
No pasaron. Pero justamente son las causas por las que seis ex gobernadores priistas han sido detenidos o son buscados por la justicia.
De izquierda a derecha de la foto referida, Rodrigo Medina de la Cruz (Nuevo León) fue procesado por desvío de recursos y daño al patrimonio estatal; Andrés Granier Melo, el de los cientos de pantalones, está detenido por desvío de al menos 2 mil 600 millones de pesos; Javier Duarte (Veracruz) fue recién capturado por delincuencia organizada y desvío de recursos tras 186 días fugado; César Duarte (Chihuahua) es buscado incluso por la Interpol por desvío de dinero; Fausto Vallejo (Michoacán) procesado y relacionado con el crimen organizado; y contra Roberto Borge (Quintana Roo) se han solicitado seis ordenes de aprehensión por venta de bienes ambientales públicos.
Los Duarte y Borge son quienes más salen cercanos al abanderado Peña Nieto. En el caso de los dos primeros priistas, endeudaron a niveles rojos sus respectivas entidades y no frenaron los índices de violencia y violación a derechos humanos. Borge Angulo, por su parte, es acusado de represión a la prensa y de ceder terrenos a empresas.
El politólogo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Andrés Lajous, resaltó en un texto de la revista Nexos que las iniciativas de revocación deben considerar si el gobierno o grupos de ciudadanos son quienes deben convocar al proceso revocatorio; qué porcentaje de votos permitiría la destitución y cómo sería el mecanismo de salida una vez aprobado.
A principios de mes, el sector empresarial expuso la necesidad de garantizar «un ejercicio responsable y constructivo» de las instituciones públicas.
«Debemos fortalecer la representatividad y la rendición de cuentas en todo el país, así como también asegurar que los organismos autónomos del Estado mexicano conserven la independencia que requieren para realizar sus tareas y quienes los dirigen sean electos por sus méritos profesionales y no por intereses políticos o personales», declaró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Este lunes, añadió a propósito de la detención de Javier Duarte en Guatemala, que «la única manera de tener instituciones sólidas es dotándolas de legitimidad y eficiencia, y cerrando cualquier camino de corrupción e impunidad».
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