El Diputado del Partido Nueva Alianza (Panal) y ex dirigente magisterial, José Bernardo Quezada Salas, ha ocupado posiciones muy cercanas a los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), desde Elba Esther Gordillo, y con el actual líder Juan Díaz de la Torre. Dentro del sindicato también estuvo a cargo de programas de gran amplitud, como el que ofrece a los profesores sindicalizados viviendas, además de que se ha encargado de canalizar fondos del sindicato a campañas políticas.
Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).– Integrantes de la bancada del Partido Nueva Alianza (Panal) en la Cámara de Diputados pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar al Diputado José Bernardo Quezada Salas por los 13 condominios que posee en Miami, en Estados Unidos, con un valor de 8.2 millones de dólares.
«Solicitaremos a las autoridades financieras y a la Procuraduría General de la República una investigación exhaustiva sobre el tema que todos ustedes conocen y que ha circulado en los medios de comunicación en los últimos días», dijo Luis Alfredo Valles, coordinador del Panal, en una conferencia de prensa en donde no se permitieron preguntas.
Al tomar la palabra,el Diputado del Partido Nueva Alianza Bernardo Quezada Salas se deslindó de las acusaciones hechas por una investigación del periódico Miami Herald de que el funcionario compró en el 2005 once condominios.
«Todas las actividades empresariales que realizo y he realizado, desde hace ya muchos años, incluida mi participación en la sociedad que adquirió los departamentos señalados, han sido con recursos lícitos, a través del sistema bancario y en términos de la legislación nacional e internacional aplicables», dijo Quezada.
Después de haber guardado silencio en los días recientes. El Partido decidió realizar una conferencia conjunta en la que estuvo presente el coordinador de la bancada, Alfredo Valles Mendoza.
Por su parte, el Panal presentó esta mañana una solicitud a la Procuraduría General de la República para que sean las instituciones las encargadas de indagar los supuestos malos manejos del legislador en el 2005. Una solicitud que se confirmará de recibida esta tarde por el departamento de comunicación del grupo parlamentario.
Dicho este breve mensaje, los diputados no aceptaron preguntas por parte de la prensa.
«En todos los cargos que he tenido el privilegio de servir, me he desempeñado con honorabilidad y en estricto apego a la ley. Aclarando, que nunca he tenido bajo mi responsabilidad el manejo de recursos públicos», dijo Quezada. «En el caso que alguna autoridad me requiera, me presentaré a colaborar, sin escudarme en el fuero, para aclarar este asunto», agregó.
De acuerdo con una investigación publicada este fin de semana por el Miami Herald, Quezada Salas y su familia gastaron 6.3 millones de dólares en la compra de condominios en un edificio de la exclusiva zona de Brickkell, en Miami, en 2005. El legislador pudo haber pagado en efectivo por los condominios de lujo en el edificio Brickell.
La investigación detalla que las ofertas de compra se realizaron a través de diversas empresas de Florida que pertenecen a sus familiares. Un año antes, la esposa del legislador del Panal, Jessica Peredo Rincón, habría pagado otra fuerte suma, 1.1 millones de dólares, por otro lujoso departamento en el edificio Setai en South Beach.
En 2008 la pareja adquirió otro condominio del Sunny Isles Beach, éste por una suma de 848 mil dólares. Con sus 11 departamentos, Quezada Salas y su familia tienen el control del 10 por ciento de los 116 condominios de lujo que alberga un exclusivo edificio ubicado en el número 1395 de la glamorosa avenida Brickell en Miami.
El edificio Brickell Arch, una torre de vidrio de 36 pisos, alberga también oficinas y bufetes, y el lujoso hotel Conrad Miami, de la cadena Hilton, entre otros.
El medio destacó: “las transacciones –que al parecer no han sido dadas a conocer previamente en los medios– plantean preguntas acerca de cómo un dirigente sindical como Quezada Salas y su familia podrían adquirir tantas casas costosas”.
Tras darse a conocer sobre los condominios del legislador del Panal, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, pidió al Diputado de Nueva Alianza Bernardo Quezada abrir su patrimonio para aclarar señalamientos sobre su presunto enriquecimiento inmobiliario en Miami.
«En otros países ha resultado útil publicar la declaración patrimonial del funcionario o legislador cuando este es acusado en la opinión pública o en un tribunal», dijo Bohorquéz a Reforma. «En este momento, para deslindar responsabilidades, el legislador de Nueva Alianza debería hacerlo».
Por su parte, el obispo de la Diócesis de Irapuato, José de Jesús Martínez Zepeda dijo en declaraciones a la prensa que se debe hacer una investigación y en caso de detectarse malos actos, castigarse.
“Lo que yo siempre digo es que ya tenemos suficientes controles y lo primero que se debe hacer es una investigación, porque esto no puede estar pasando en el congreso”, comentó el Obispo.
Entre 2012 y 2014, Quezada Salas fue líder del SNTE en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). En 2003 fue delegado especial del sindicato y cubrió diversas secretarías dentro del mismo; durante los años noventa, se desempeñó como secretario de diversas áreas. Dentro del partido, ha sido presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Panal en la Ciudad de México.
El Miami Herald destacó que durante las últimas tres décadas, Quezada Salas ha ocupado posiciones muy cercanas a los líderes del Sindicato, desde Elba Esther Gordillo, y con el actual líder Juan Díaz de la Torre. Dentro del sindicato también estuvo a cargo de programas de gran amplitud, como el que ofrece a los profesores sindicalizados viviendas, además de que se ha encargado de canalizar fondos del sindicato a campañas políticas, agrega el diario.
En tanto, el diario Reforma dio a conocer que la empresa Etesa, propiedad de su suegro Héctor Peredo y cuya directora es su esposa Jessica Peredo Rincón, resultó beneficiada con el fondo de 5 mil millones de pesos anunciado por el Presidente en noviembre de 2013 para rescatar a más de 300 mil maestros del SNTE que debían créditos usureros que les quitaban altos porcentajes de su sueldo, conocido como el «Profeproa».
El diario capitalino explicó que el rescate operado por el Gobierno federal a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) ocurrió luego de que el SNTE haya pedido ayuda debido a que los créditos que sus agremiados contrataron con sociedades financieras (Sofomes) se estaban volviendo impagables.
Reforma explica que entre las sociedades están, además de Etesa, Consupago, Crédito Real y Crédito Maestro, quienes otorgaron créditos a los docentes para la adquisición de bienes inmuebles con tasas de interés que, en promedio, eran de alrededor del 60 por ciento, pero en algunos casos llegaron a alcanzar el 188 por ciento.
El medio explica que el esquema pactado por el Gobierno federal y el SNTE es que Bansefi le comprara la cartera de adeudos a las Sofomes y, entonces, los maestros, también a través de descuentos vía nómina, le pagaran al banco con una tasa fija del 18 por ciento y con plazos de hasta 60 meses.
De acuerdo con datos de Bansefi, citados por el diario Reforma, desde que inició el programa a la fecha se han invertido alrededor de mil 226.4 millones de pesos para adquirir 60 mil 83 créditos, los cuales, en promedio, adeudan 20 mil 412 pesos.
