Durante una sesión del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Leticia Merino Pérez recalcó que la clandestinidad forestal tiene fuertes implicaciones sociales, ambientales e institucionales, además, la producción y comercio ilegales se ven favorecidos por la impunidad.
Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).- Al menos 70 por ciento de la madera que se consume en el país tiene origen ilegal, y se beneficia de un contexto de amplia impunidad. “Los decomisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) alcanzan apenas 30 mil metros cúbicos de madera, frente a los 14 millones de metros cúbicos que se extraen ilegalmente”, denunció Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En sesión del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) -espacio académico que prepara un diagnóstico que será entregado a quien gane las elecciones para encabezar el próximo gobierno federal- dedicada a los bosques en crisis, Merino Pérez expuso la necesidad de conservar estos ecosistemas, que están en deterioro: 60 por ciento del territorio nacional es forestal, pero México no tiene una política ambiental eficiente para cuidar, explotar, regular y mantener éste y otros recursos naturales (agua, suelo y biodiversidad, entre otros) de forma sustentable, informó hoy la UNAM.
Además, más del 60 por ciento del área forestal es propiedad social, de ejidatarios y comuneros. “Representa el sustento de decenas de miles de familias campesinas y alberga una alta diversidad biológica”. Presta servicios ambientales como la captura, provisión y calidad del agua, protección de suelos y hábitat de miles de especies vegetales y animales, afirmó.
A nivel social, detalló la antropóloga, las comunidades rurales dueñas de territorios forestales juegan un papel central en la conservación de bosques y selvas. “Su labor es relevante en el control de incendios y plagas, el cambio de uso de suelo y la tala ilegal”. Gracias a la conciencia que tienen, son ellas mismas quienes custodian el bosque.
La experta aseveró que alrededor de dos millones de hectáreas de bosques, que representan el 25 por ciento de las áreas formalmente bajo aprovechamiento, se dedican a la protección de los recursos naturales, además de zonas que las comunidades definen como áreas de conservación.
Existe un enorme potencial. Se debe involucrar a las comunidades rurales que viven en esos entornos, por ser quienes conservan el 25 por ciento de las denominadas áreas bajo aprovechamiento, remarcó.
ENRIQUECIMIENTO ILEGAL
Merino Pérez alertó que “el clandestinaje forestal tiene fuertes implicaciones sociales, ambientales e institucionales”. La producción y comercio ilegales se ven favorecidos por una regulación pesada y costosa, pero también por su aplicación discrecional, por la corrupción y la falta de supervisión en los canales comerciales.
Respecto al tema de las áreas naturales protegidas (ANP), opinó que se debe avanzar hacia una cogestión y permitir esquemas de producción que sean compatibles con la biodiversidad en las áreas de amortiguamiento, “para que la gente local recupere los derechos de control y de decisión, y los comparta con las reservas protegidas de manera más significativa”.
