México, 19 feb (EFE).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) registró en la capital mexicana 17 casos de tortura que afectaron a 27 personas en procesos judiciales entre 2010 y 2014, por lo que emitió hoy una recomendación a las autoridades para prevenir y erradicar patrones de esta conducta.

El documento, que forma parte de las 53 recomendaciones emitidas por el organismo en sus 22 años de su existencia, fue dirigido a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y la Consejería Jurídica del Distrito Federal, indicó la CDHDF en un comunicado.

De acuerdo con este comunicado, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, mencionó que del análisis de los casos presentados en esta recomendación «se concluyó que existieron detenciones arbitrarias en 17 casos» y en 14 de ellos «se realizaron aprehensiones ilegales».

Además, los actos de tortura «tuvieron como objetivo que las personas se autoincriminaran en la comisión de algún delito» o buscaban «castigar a personas presuntamente responsables», indicó Gómez.

El documento emitido por la CDHDF recomienda en 25 puntos que se indemnice a las víctimas por concepto de daño material e inmaterial y que se establezca una estrategia de capacitación en materia de prevención de tortura, entre otras cosas.

También pide evitar la exhibición de personas sujetas a un procedimiento ministerial o judicial en medios de comunicación y aplicar protocolos en escenarios de detención donde haya niños, adolescentes y personas con discapacidad.

El texto menciona, además, que debe garantizarse que todo defensor público debe contar con cédula profesional y conocimientos técnicos en materia penal para garantizar una defensa adecuada al imputado de delito.

Gómez destacó la gravedad de que «recurrentes y documentadas violaciones sobre casos de tortura (…) no hayan sido investigadas», a pesar de las denuncias realizadas por las víctimas.

Resaltó la necesidad de reforzar la estrategia «no solo para sancionar, sino para prevenir y erradicar este flagelo» en las detenciones ilegales, agresiones, defensas inadecuadas e investigaciones ineficaces.