Articulo 19 señaló que el testado o subrayado en el expediente de Cienfuegos “se hizo de forma genérica y discrecional negando el acceso a un documento de interés público”.
Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- La reserva de información en el expediente del caso del exsecretario de la Defensa Naciona (Sedena)l, Salvador Cienfuegos Zepeda, violó el derecho a la información de la sociedad, aseguró la organización Artículo 19.
“Contrario a lo hecho por la FGR, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda reserva de la información debe ir con una prueba de daño emitida mediante acuerdo por un comité de transparencia que funde y motive la decisión”, escribió en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, apuntó, la FGR no presentó dichos mecanismos ni presenta un análisis acorde a la ley por parte de un comité de transparencia.
“La versión pública del expediente del caso Cienfuegos no obedece a un análisis acorde a la ley por parte de un comité de transparencia”, agregó.
Contrario a lo hecho por la @FGRMexico, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ?, toda reserva de la información debe ir con una prueba de daño emitida mediante acuerdo por un comité de transparencia, que funde y motive la decisión.
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) January 19, 2021
Articulo 19 señaló que el testado o subrayado en el expediente de Cienfuegos “se hizo de forma genérica y discrecional negando el acceso a un documento de interés público”.
La organización recordó que las pruebas de daño deben demostrar que la divulgación puede causar un perjuicio real a un objetivo legítimo y que “los perjuicios son mayores a los beneficios que genere su divulgación”.
Por ello, recalcó que la independencia y existencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) es vital para limitar prácticas discrecionales.
“De ahí la importancia de la autonomía del INAI. Ya que es crucial para limitar prácticas discrecionales y determinar qué información debe ser reservada y cuál no, con enfoque de derechos humanos”, finalizó.
El pasado 14 de enero, la FGR exoneró a Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y detenido el 15 de octubre en Los Ángeles EU) tras una investigación de la Agencia Antidrogas de EU (DEA).
Cienfuegos fue capturado el pasado octubre en Los Ángeles y posteriormente trasladado a Nueva York, donde se le acusó de haber protegido y recibido sobornos del hoy extinto cártel mexicano H-2, una escisión del grupo criminal de los Beltrán Leyva prácticamente desconocido hasta la detención del general.
En noviembre, sin embargo, la Fiscalía mexicana y el Departamento de Justicia estadounidense llegaron a un extraordinario acuerdo por el que Estados Unidos retiró las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero contra Cienfuegos a cambio de que fuera investigado en México, donde finalmente fue exonerado de todos los cargos.
El viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien gestionó la liberación de Cienfuegos en noviembre pasado, acusó a la DEA de «fabricar» los cargos contra el general y pidió publicar el expediente que Washington envió el 29 de octubre a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Este sábado, el Gobierno de Estados Unidos expresó su «profunda decepción» por la exoneración de Cienfuegos y acusó a México de violar un tratado al divulgar información que le había compartido de manera confidencial.
El Departamento de Justicia estadounidense también rechazó la acusación del presidente Manuel López Obrador de que la DEA inventó delitos contra el general mexicano.
-Con información de EFE.
