Desde hace más de 7 años la industria de bebidas y alimentos se ha venido oponiendo sistemáticamente tanto a la evidencia sobre el daño a la salud que genera el consumo regular de sus productos, como a las políticas públicas para enfrentar el sobrepeso, la obesidad y la diabetes que pueden impactar sus ingresos.
Dado que México está en los primeros lugares de sobrepeso, obesidad y diabetes, y al mismo tiempo en los primeros de consumo de bebidas azucaradas y comida chatarra, nuestro país ha sido campo de batalla entre la defensa de la salud pública y la defensa de los intereses de estas empresas.
Desde 2008 surgió un fuerte enfrentamiento de la industria con la Secretaría de Salud dirigida por el Dr. Córdova Villalobos cuando esta dependencia presentó un documento con las recomendaciones de bebidas para la población mexicana. Las recomendaciones venían a ser un complemento del Plato del Bien Comer. El primero estaba enfocado en los alimentos y el segundo en las bebidas. La reacción de la industria de bebidas a un documento que se presentaba como “La Jarra del Bien Beber” fue tan extrema que esas recomendaciones, que habían sido elaboradas para que llegaran a los ciudadanos, para que fuera aplicada por los profesionales y promotores de la salud, por los maestros y por los propios padres de familia, nunca llegaron a la población. Las recomendaciones establecían, por ejemplo, que no se deberían consumir bebidas azucaradas y que el consumo de leche no era recomendable para los adultos.
Paralelamente, se venían discutiendo una serie de lineamientos para los alimentos y las bebidas en las escuelas. Estas recomendaciones unieron a la industria de alimentos y bebidas en su oposición a que se estableciera que en las escuelas sólo pudieran ofrecerse alimentos y bebidas saludables. No sólo se unieron estas industrias, el propio Consejo Coordinador Empresarial se sumó a esta crítica. La crítica tenía el respaldo de la propia Secretaria de Educación, que declaraba, que no saldría la comida chatarra de las escuelas, que lo que había que hacer era enseñar a los niños a realizar elecciones saludables.
Se negaba el daño de los productos a la salud y se argumentaba, bajo el mantra de la industria: es un asunto de decisiones personales y no hay alimentos buenos y malos, todo depende de la cantidad de calorías que se consuman y las que se gaste. Bajo este esquema los niños podían hacer elecciones en base a criterios sustentados en salud, lo mismo eran las calorías provenientes de un brócoli que de una Coca Cola, y claro está: la disponibilidad, publicidad y diseño de los propios productos no tenía ningún peso en las elecciones de los individuos.
La batalla porque los lineamientos para alimentos y bebidas fueran aprobados la dio el ya entonces Secretario de Educación Alonso Lujambio con el apoyo de la Secretaría de Salud. No se trataba de una regulación obligatoria, eran sólo recomendaciones. Sin embargo, la industria se lanzó con todo contra los lineamientos y presionó con cierto éxito a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, donde logró modificar criterios sustanciales. La batalla se extendió varios meses en los medios de comunicación, los lineamientos quedaron debilitados y, al no ser obligatorios, muy poco fueron implementados. Sin embargo, estos procesos fueron levantando la consciencia pública sobre el daño de estos productos.
Vino entonces la propuesta del impuesto a las bebidas azucaradas. Una propuesta apoyada por los organismos internacionales que veían el deterioro de los indicadores de salud aumentando al ritmo del deterioro de los hábitos de alimentación e hidratación de los mexicanos. Los estudios demostraban un aumento del sobrepeso y la obesidad en los niños mexicanos que no se había visto en ningún lugar del mundo. A la par, entre otras cosas, los reportes demostraban un aumento acelerado del consumo de bebidas azucaradas.
Desde que se propuso el impuesto de 20 por ciento a estas bebidas, la reacción de la industria fue absoluta. Desde entonces se argumentó que el impuesto traería miles y decenas de miles de empleos perdidos y, al mismo tiempo, que el impuesto no bajaría el consumo. Esta contradicción aún se presenta en el argumento de esta industria.
Aunque el impuesto fue del 50 por cientode lo sugerido, se presentan resultados importantes. Se proponía un 20 por ciento porque es lo estimado por expertos internacionales que puede representar una disminución significativa del consumo de este producto. De hecho, ante la discusión sobre el impacto del impuesto, debe reconsiderarse la propuesta original.
Al momento, tenemos una regulación obligatoria de alimentos y bebidas que no se aplica en la mayoría de las escuelas, un etiquetado que no es entendible e induce al alto consumo de azúcar, una regulación de publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia extremadamente débil. Al parecer, la única medida que ha tenido un resultado, no suficiente, pero en la dirección correcta, es el impuesto a las bebidas azucaradas. La otra es el anuncio de bebederos en 11 mil escuelas del país, como parte de un compromiso tomado a la par de que el impuesto era aprobado.
Actualmente la industria se refiere a un par de estudios, uno de ellos con financiamiento original de la industria, para argumentar que el impuesto no ha funcionado. Los resultados de los estudios pueden variar de acuerdo a la metodología utilizada y a su robustez. No necesariamente son contradictorios los resultados, pero si su interpretación.
En el caso del estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Centro de Población de la Universidad de Carolina del Norte (UC), es importante señalar la formación de varios de los investigadores y su especialización en economía de la salud, la revisión de un primer grupo de reconocidos expertos internacionales en la materia y el proceso arduo de revisión de la revista científica en la que fue publicado. La información general del reporte a continuación:
El estudio fue publicado en el British Medical Journal, que se encuentra dentro de las cinco mejores revistas médicas del mundo y tiene un alto puntaje en factor de impacto de 17.4 -para junio 2015-, lo que confirma la calidad del contenido de este medio científico y la calidad de sus grupos de evaluación de las investigaciones que son aprobadas para su publicación. Además, previo a su publicación el estudio contó con un Comité revisor de expertos de diversas instituciones nacionales e internacionales como lo son: Frank Chaloupka, distinguido profesor de economía en salud del Institute for Health Research and Policy de la Universidad de Illinois; Walter Willet, del departamento de nutrición en la Escuela de Salud Pública de Harvard y del Dr. Carlos Aguilar Salinas, Subdirector del Departamento de Endocrinología y Metabolismo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; entre otros expertos reconocidos.
El estudio del INSP y la UC que comprendió información de enero 2012 a diciembre 2014, con datos de 6,253 hogares en 53 ciudades, concluye que el volumen promedio de bebidas con impuesto vendidas durante el 2014 fue 6 por ciento menor en comparación con las ventas esperadas en ausencia del impuesto. Los hallazgos también mostraron que la reducción se incrementó a lo largo del año, alcanzando una disminución de hasta 12 por ciento en el mes de diciembre de ese año. Destacó que la reducción fue mayor para los hogares del nivel socioeconómico más bajo, con un promedio de 9.1 por ciento y alcanzando 17.4 por ciento en diciembre 2014.
Los resultados también muestran que hubo una mayor reducción en la compra de bebidas azucaradas no carbonatadas, posiblemente debido a los precios más altos de estos productos y por ende una mayor elasticidad en el precio de la demanda, además de que el consumidor pudo haber sustituido las bebidas carbonatadas por una versión más barata dada la gran variación en los precios de esta gama de productos. El artículo recuerda además, que se documentaron diversas estrategias agresivas de promoción y marketing por parte de la industria, dentro y fuera de las tiendas que comercializan bebidas azucaradas, y que pudieron haber reducido los efectos del impuesto a corto y largo plazo. Por ejemplo, algunas industrias pasaron más el impuesto a las bebidas en presentaciones chicas, generando que los consumidores prefieran las versiones más grandes que resultan en un menor precio por litro.
En el artículo publicado en la revista inglesa, se proyecta que habrá un mayor descenso en la compra de las bebidas con impuesto y un incremento de venta en aquellas que no están gravadas, considerando la aceleración que se tuvo en el consumo registrado durante 2014 y a las experiencias con otros productos con impuestos especiales como tabaco y alcohol. Sin embargo, se aclara que esto dependerá de diversos factores como las estrategias de mercadotécnica que siga la industria.
En el estudio también se menciona que, si se toma en cuenta que el impuesto establecido equivale aproximadamente a un 10 por ciento del precio, entonces la reducción -que logró ser mayor a esta cifra durante el último trimestre del 2014- muestra que aún un impuesto pequeño puede modificar la cantidad demandada de bebidas azucaradas. Sin embargo, los autores enfatizan la necesidad de establecer el impuesto en un valor mínimo de 20 por ciento, con el fin de observar una mayor reducción en las ventas y por ende en el consumo de bebidas azucaradas y así tener efectos positivos en la salud.
El impacto en el consumo es uno de los objetivos del gravamen pero no el único, refiriendo que los impuestos especiales se establecen también para que los productos que generan daños y costos para toda la sociedad, en este caso costos en salud, cubran parte de sus externalidades.
