Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– La puesta en marcha del Programa Frontera Sur es sólo una respuesta “reactiva” del gobierno mexicano a la crisis de los migrantes menores de edad no acompañados, mientras que las agresiones cometidas contra éstos y los adultos en su tránsito por México continúan y definen el panorama actual en materia migratoria, dijeron defensores de los derechos de migrantes.
En el marco del Día Internacional del Migrante, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2000 ante el aumento de los flujos migratorios a nivel mundial, el organismo calcula que actualmente hay 232 millones de personas migrantes en el mundo, la mitad de ellos mujeres.
Nancy Pérez García, directora general de Sin Fronteras, organización de defensa y promoción de los derechos de migrantes, refugiados y asilados, hace un balance sobre lo que ha delineado la agenda migratoria este año.
La activista dice que la actual administración ha hecho un esfuerzo de interlocución con organizaciones civiles y académicos, a través de la Unidad de Política Migratoria, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob). Sin embargo, agrega, simultáneamente este año el gobierno impulsó el Programa Frontera Sur, en donde las organizaciones no tuvieron posibilidad de incidir, y a la que Pérez García define como “la parte dura de implementación de una política de seguridad y control fronterizo”.
El Programa Frontera Sur, puesto en marcha en agosto pasado bajo la coordinación de Humberto Mayans Canabal, fue impulsado como una política cuyo objetivo es proteger a los migrantes que cruzan el país para llegar a Estados Unidos.
Uno de sus objetivos es combatir a los grupos criminales que atacan a los migrantes que transitan por México. Otro es evitar que los transmigrantes irregulares usen los trenes de carga –uno de sus medios de transporte habituales– para cruzar el territorio nacional, bajo el argumento de evitar que pongan en riesgo su seguridad.
Sin embargo, para organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes el Programa tiene el propósito de contener la migración irregular mediante acciones policiacas y represivas, y no busca protegerlos.
Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), considera que el Programa Frontera Sur “está destinado únicamente para la persecución, detención y deportación del mayor número de migrantes posible”.
Figueroa refiere que la implementación del Programa ha consistido en operativos policiacos para impedir a los migrantes subirse a los trenes de carga, sin darles alternativas de tránsito.
Precisa que las organizaciones no están porque los migrantes recurran a ese tipo de transporte (que ha causado mutilaciones y muertes, y donde a menudo ocurren extorsiones, robos y secuestros de migrantes), pero que al no permitirles usarlo, las autoridades orillan a los migrantes irregulares a buscar nuevas vías o rutas para atravesar el país, que pueden ser incluso más peligrosas.
Además de esos operativos policiacos, el integrante del MMM refiere que se han duplicado los retenes en las carreteras y se están dando detenciones incluso a manos de policías municipales.
En contraparte, dice el defensor de migrantes, el Programa Frontera Sur no ha servido para combatir a los grupos delincuenciales que agreden a migrantes en su tránsito por México, en delitos que van desde robos, hasta extorsiones, secuestros, desapariciones y asesinatos, como han documentado en años recientes organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional (AI).
Figueroa afirma que a pesar de que muchas de esas agresiones se han denunciado judicialmente, permanecen en la impunidad.
La directora de Sin Fronteras expone que ante la persistencia del incremento de la violencia en algunas zonas del país, los migrantes siguen siendo una población muy vulnerable de sufrir abusos, además de que padecen por las omisiones del gobierno para reconocer sus derechos y la carencia de un sistema de justicia adecuado a su condición de extranjeros en tránsito.
A decir de Figueroa, la falta de mecanismos de protección a migrantes se explica por la colusión de las autoridades con grupos criminales o al desinterés de las autoridades.
La única acción concreta del gobierno es el Programa Frontera Sur, pero carece de acciones preventivas o de investigación sobre delitos contra migrantes, explica.
“Fue la peor respuesta del Estado a la ‘avalancha humana’, a la crisis humanitaria de los migrantes empobrecidos y violentados”, expresa Pedro Pantoja, sacerdote y defensor de los derechos de los migrantes, sobre el Programa.
POLÍTICA MIGRATORIA “DESHUMANIZADA”
En años recientes, ante el incremento en las denuncias de agresiones contra migrantes irregulares en tránsito, defensores y organizaciones han señalado una “crisis humanitaria” en materia migratoria y han urgido al gobierno mexicano a replantear la política migratoria desde un enfoque de derechos humanos y no como un asunto de seguridad.
El padre Pantoja, quien dirige el albergue Belén, Posada del Migrante en Saltillo, Coahuila, considera que referirse a la situación de los migrantes en México como de “crisis humanitaria” no ha perdido vigencia; por el contrario, dice, se ha agravado.
A decir del sacerdote y defensor de los derechos de los migrantes, el gobierno mexicano está “deshumanizado, está verdaderamente desorientado. Y ni un ápice de perspectiva de derechos humanos”.
El director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), William Lacy Swing, señaló antier que este año ha sido el “más mortífero” para los migrantes, con 4 mil 868 casos o de personas que murieron en su travesía por vía marítima, o por desiertos y montañas remotos. La cifra duplica a la de 2013.
El mayor número de muertes de migrantes ocurrió en el mar Mediterráneo, donde más de 3 mil personas murieron ahogadas. Pero la OIM también registró 307 casos de migrantes que fallecieron en un intento por cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.
Son pocas y aisladas las cifras sobre migrantes que, en su travesía por México, son víctimas de delitos como secuestros, extorsiones, robos, desapariciones o trata.
Sin embargo, el padre Pantoja relata un caso ocurrido entre marzo y julio de 2013 que muestra la persistencia de violaciones a los derechos humanos de los transmigrantes, cuyo mayor porcentaje proviene de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Se trata de la detención y tortura de 30 migrantes por parte de policías pertenecientes al Grupo de Reacción Operativa del Municipio de Saltillo, un grupo “militarizado”, a decir de Pantoja. Los migrantes fueron detenidos, robados, acusados falsamente y torturados. Algunos fueron procesados penalmente y otros deportados.
Además de los migrantes, quienes los defienden también se encuentran en una situación de vulnerabilidad, señala el sacerdote. El caso más reciente fue el de Adrián Rodríguez y Wilson, acribillados el pasado 23 de noviembre. Ellos se encargaban de dar alimentos y ayuda humanitaria a migrantes a su paso por el municipio de Tequixquiac, Estado de México.
LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS
A mediados de mayo y durante el verano, en Estados Unidos se evidenció un problema que ha ido en aumento en los últimos años: la migración de menores de edad no acompañados, la mayoría de ellos provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras.
El problema detonó cuando Estados Unidos reconoció que sus albergues para migrantes irregulares detenidos se llenaron y pronto fue necesario improvisar albergues para mantener a los menores que habían llegado sin compañía de sus familiares o tutores.
La situación fue considerada una “crisis humanitaria urgente”, pues llegaron a territorio estadounidense más de 66 mil menores de edad no acompañados, un número 77 por ciento mayor que tan sólo un año antes.
Aunque el foco de atención se centró en Estados Unidos, el tema también competía a México, donde las organizaciones defensoras de migrantes habían advertido reiteradamente sobre el aumento en el número de migrantes menores de edad que viajaban solos.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), entre enero y septiembre de este año (las cifras más actuales) 17 mil 322 migrantes irregulares menores de edad fueron detenidos.
La cifra supera a la de años anteriores y casi duplica a la de 2013, cuando se registraron 9 mil 630 “presentaciones” ante el INM.
El INM detalla que cuatro de cada 10 de esos migrantes son menores de 12 años y que hay una mujer por cada dos varones.
Al igual que ocurre con la proporción de migrantes adultos, la población de menores de edad proviene mayoritariamente (98 por ciento) de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Al respecto, Pérez García considera que la respuesta del gobierno mexicano fue “reactiva ante un tema que requiere más bien ser cuidadosamente analizado para su atención”.
En este contexto, Pantoja se refiere a la fecha que se conmemora hoy al decir que debe estar más fundamentado y no ser una fecha más, carente de significado y alejada de la realidad de la migración.
“Nosotros hemos asumido esta situación como un proceso profundo de la comprensión de la realidad del migrante. Para nosotros no existe hoy o mañana día del migrante, nosotros hacemos todo un proceso de concientización en torno a los acontecimientos que se vienen”, dice.
“¿Celebrar qué? ¿Qué celebramos: puras contradicciones y sufrimientos a estos migrantes? Ha sido un año terrible”, concluye.
