Desde el pasado 29 de octubre el Gobierno de Mazatlán encabezado por Luis Guillermo Benítez Torres, conocido como «El Químico» colocó los sellos de suspensión y no ha resuelto lo que ocurrirá con la obra. El gerente del proyecto denuncia abuso de autoridad pues públicamente el Presidente municipal ha arremetido en contra del presidente de Grupo Alerta, Rodolfo Madero, por las críticas que Televisoras Grupo Pacífico, perteneciente al corporativo, ha hecho en contra de su administración.
El Gobierno de Benítez Torres en Mazatlán no sólo aumentó los recursos asignados para gastos de publicidad oficial, sino que que contrata a medios «informales» que no cumplen los requisitos de la Secretaría de Gobernación y violenta la Ley General de Comunicación Social.
Por Netzahualcóyotl Ceballos y Sibely Cañedo
Sinaloa, 18 de noviembre (Noroeste).- El proyecto inmobiliario y comercial Camino al Mar, ubicado en el corazón de Zona Dorada y en proceso de construcción, fue suspendido por el Gobierno municipal, y los desarrolladores acusaron al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres de detener la obra por un capricho personal.
“Por capricho personal del Alcalde. Afectando el desarrollo económico de Mazatlán, la fuente de empleo de 650 trabajadores que se quedaron desempleados a partir del pasado 29 de octubre a la fecha, 18 días y contando…. Gracias Sr. Alcalde, lugar donde se rompen las olas”, señala un letrero colgado en la construcción, sobre la Avenida Camarón Sábalo.
Alfredo Reynaga, gerente comercial del proyecto, señaló que el 29 de octubre hubo un accidente donde falleció un trabajador dentro de la obra. El caso fue esclarecido, pero el Ayuntamiento no permitió continuar la obra.
“Hay elementos de un claro abuso de autoridad y por orden de ‘El Químico’ se suspendió la obra, actúan sus directores porque muchos están temerosos a perder el cargo, pero no creas que va a quedar sólo en esa manta”, declaró.
“Hubo un accidente muy lamentable, los hechos ya están claros, por qué sucedió y cómo sucedió. Hubo obras donde también ha habido accidentes pero no suspenden y no por tanto tiempo. Ésta sí, ¿qué puede haber de trasfondo? pues que Rodolfo Madero es de Observatorio Ciudadano y se le ha estado cuestionando al Alcalde”, afirmó Reynaga.
Camino al Mar es un desarrollo de Grupo Alerta, con una inversión de entre 600 y 800 millones de pesos, un edificio que comparte un área de condominios con un área comercial como en grandes desarrollos de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.
Públicamente, el Presidente municipal ha arremetido en contra el presidente de Grupo Alerta, Rodolfo Madero, por las críticas que Televisoras Grupo Pacífico, perteneciente al corporativo, ha hecho en contra de su administración.
CONTRA TELEVISORAS PERO LES DA 13.9 MDP
Con todo y que el Alcalde Benítez Torres ha asegurado que ya no “dará” dinero a los medios de comunicación para destinarlo a las necesidades del pueblo, esta postura no se ha visto reflejada en la asignación de presupuestos para publicidad oficial, toda vez que en la práctica aumentaron los recursos para difusión y en buena medida se reparten entre medios que están fuera del marco legal vigente.
Mientras que en sus discursos pregona que “ojitos de cangrejo” para medios, el gobierno del morenista aumentó esta partida de 12.5 millones a 13.9 millones de pesos, de acuerdo con el presupuesto de egresos y la distribución de recursos programada para 2019, la cual puede ser consultada en el portal del Ayuntamiento.
Es cierto que hasta el 31 de julio de 2019 sólo se había gastado el 30 por ciento de esos recursos (4.2 millones de pesos), tanto en pagos pendientes de la anterior administración como en los medios ya contratados por la actual.
Sin embargo, en el uso de esos recursos prevalece la falta de transparencia al no hacer públicos los convenios de publicidad, además de otras irregularidades: como funcionarios públicos dentro del padrón de proveedores e intentos de manipulación de las líneas editoriales.
Mientras a nivel federal, colectivos de periodistas pugnan por medios con libertad de expresión, que no sean objeto de censura o presiones vía publicidad oficial, en Gobiernos locales, como el de Mazatlán, la llegada de la Cuarta Transformación no ha significado un cambio de fondo en el uso discrecional de los dineros públicos para gasto propagandístico.
CONTRATA MEDIOS «INFORMALES»
En desacato al Artículo 35 de la Ley General de Comunicación Social, el Ayuntamiento de Mazatlán contrata a medios que no se encuentran registrados en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación de la Secretaría de Gobernación. De las 30 empresas y comunicadores que aparecen en el listado actual de proveedores de la dirección de Comunicación Social, sólo cuatro cubren este requisito.
Esto porque la mayoría son portales web o páginas de Facebook que están fuera del control de la normatividad y no existe un padrón oficial, en parte porque los legisladores no se han aplicado a regular las plataformas digitales y su contratación para campañas de difusión oficiales.
Según una revisión que hizo Noroeste a los contenidos publicados en estos medios, son espacios informativos que se dedican principalmente a cubrir eventos oficiales y a copiar y pegar los contenidos que produce el área de comunicación del gobierno municipal, sin mayor contenido periodístico.
Mientras tanto, aunque la Ley General de Comunicación Social es precisamente una Ley general y es de observancia tanto para estados y municipios, prevalece la falta de reglamentación en lo local.
En Sinaloa, la diputada Karla Montero Alatorre, del Partido Encuentro Social, presentó en junio pasado una iniciativa que buscaba regular el gasto publicitario del Gobierno del Estado y el Congreso local para evitar el despilfarro y uso discrecional de esos recursos. Proponía la creación de un padrón estatal, que daría la misma validez a medios electrónicos y digitales que a los impresos. Pero hasta ahora, sigue en suspenso dentro de los temas pendientes del órgano legislativo.
Jorge Contreras Núñez, director de Comunicación Social, ha asegurado que esta propuesta de medios cumple con su función de informar a los ciudadanos de las acciones de gobierno tanto regulares como emergentes, de manera efectiva y sin aumentar el gasto, puesto que se están ajustando a lo aprobado por Cabildo.
De igual manera, rechazó que exista discrecionalidad en la contratación de medios, pues su selección ha sido justificada por estudios de mercado que pueden ser solicitados por cualquier ciudadano.
PROYECCIÓN EN AUMENTO
El 4 abril de 2019, Benítez Torres declaró a Noroeste que el presupuesto para difusión de todo el año sería de 8 millones de pesos. Al solicitar el dato a la Coordinación de Acceso a la Información Pública, el departamento de Control Presupuestal informó que era de casi 12.5 millones.
Pero al revisar la última modificación al presupuesto de egresos, información que es pública de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta cantidad se elevó a 13.9 millones de pesos. Aun cuando el 28 de diciembre de 2018, los regidores votaron por un presupuesto de egresos que marcaba un ahorro en este rubro.
Esta cantidad es incluso superior (en 4.3 por ciento) a lo destinado por el priista Fernando Pucheta Sánchez en 2018, quien asignó 13.3 millones de pesos para la celebración de convenios de publicidad institucional entre el Ayuntamiento y medios de comunicación impresos y electrónicos, tanto locales como regionales.
Con ello, el Alcalde mazatleco contradice al acuerdo de austeridad que firmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador para marcar la pauta de la política de comunicación tras el anunciado cambio de régimen.
El tema de la publicidad oficial se puso de relieve hace unas semanas, luego de que “El Químico” descalificó a los medios que critican su Gobierno, mediante el argumento de que “lo golpean” porque no les ha dado contratos como lo hacían antes.
“No les hagan caso, están llorando porque no les damos dinero”, manifestó el 31 de julio durante la entrega de calles pavimentadas en colonias populares del puerto, donde con insultos acusó de manera directa a Noroeste, El Debate, Televisoras Grupo Pacífico y Sinaloa en Línea.
LAS «BENDITAS» REDES SOCIALES
En los últimos meses han proliferado los portales y páginas de Facebook con contenido noticioso en el ciberespacio. En Mazatlán, muchos de ellos son financiados -ya sea de manera parcial o total- con recursos de las arcas municipales.
Son 30 empresas y personas físicas las que aparecen como proveedores de publicidad oficial o servicios de información. Todos por adjudicación directa.
Reflejando el declive de los medios convencionales, 12 son sitios web principalmente y 11 espacios sin una plataforma propia, que utilizan las redes sociales para transmitir mensajes a su audiencia. Únicamente cuatro son programas o estaciones de radio, mientras que sólo hay una televisora y un medio impreso.
De los 30 incluidos en la lista, apenas cinco se hallan registrados en el Padrón Nacional de Medios de la Segob o en la Dirección General de Radio y Televisión y Cinematografía (DGRTC): Grupo Promomedios Mazatlán, Reporteros EN (Semanario Riodoce), Comercializadora Siete de México y Megacable Noticias.
En el caso específico de Sistema Periodístico de Sinaloa, S. A. de C. V. (Noroeste) no está incluido entre los proveedores del Ayuntamiento, pese a sí estar en el padrón nacional de la Segob.
Debido a que los convenios no han sido publicados, no es posible conocer los conceptos específicos a detalle para los que fueron contratados los medios, ni los montos, excepto por ocho que fueron facilitados tras una solicitud ciudadana de acceso a la información pública.
No obstante, el director de Comunicación Social de la Comuna dijo en entrevista que los conceptos de pago son por publicidad oficial, además de que la selección realizada se hizo a través de un estudio para confirmar su respaldo social.
“Son medios que están registrados formalmente con todos sus derechos para trabajar y acreditar también publicidad; no hay ningún contrato que no esté sustentado por la serie de requisitos que se solicitan, que es el registro ante Hacienda, y queda claro que son contratos para publicidad”, declaró Contreras Núñez.
De los ocho convenios que se obtuvieron por solicitud de transparencia, el de mayor monto es con Grupo Promomedios por 348 mil pesos. Le sigue Comercializadora Siete de México, otra empresa radiofónica, con 167 mil pesos; mientras el portal de Qué Pasa en Mazatlán, se le asignaron 121 mil 800. Todos contratos únicos que abarcan un periodo de tres meses, en distintas fechas.
En el padrón general, hay espacios de reciente creación que no tienen otro soporte más que redes sociales, y se dedican casi exclusivamente a replicar el material que produce el gobierno municipal a través de su área de prensa: Noticias En Uno, Mazatlán y el Sur Urbano, Carlos Gil Lage, Mazatlán es mi Tierra, MSN Noticias Sinaloa y Cuarto Poder, este con un contrato por 104 mil pesos por tres meses.
De otro lado está la agencia Show Box S. A. de C. V., que no aparece en la relación de proveedores, sino en la de pagos directos, a la que se contrató por casi 2 millones de pesos por publicidad de la pelea de box del 20 de julio, que el Alcalde presumió como el regalo del Día del Padre a los mazatlecos.
En tanto, replicando las directrices a nivel federal, han salido del padrón las grandes televisoras como TV Azteca y Televisoras Grupo Pacífico, antes filial de Televisa, consorcios privilegiados en otros Gobiernos.
En tanto, Noroeste (Sistema Periodístico de Sinaloa S. A. de C. V.), que también ha quedado fuera del padrón municipal, ha recibido de esta administración la cantidad de 177 mil 589 pesos por adeudos pendientes y por publicaciones principalmente de convocatorias a las que el Ayuntamiento está obligado por ley a publicar en un medio impreso de amplia circulación.
Tanto a escala nacional como local, prevalece la discrecionalidad en la contratación de medios para publicidad oficial, de acuerdo con colectivos de periodistas que pugnan por una mayor transparencia en la relación prensa-Gobierno. Pero además se han encontrado otras irregularidades.
DE FUNCIONARIOS A PROVEEDORES
Pasando por alto el artículo 6 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán, entre los medios contratados hay funcionarios o sus familiares directos. Es el caso de Susana Elizabeth Guevara Cazadero, a quien se expidió un pago por 23 mil 200 pesos el 26 de junio. Ella es hija de Susana Cazadero, funcionaria del departamento de la Junta Patriótica y administradora de la fanpage Así es mi Tierra.
Un caso similar es el de Cándida Cristal Vázquez, que aparece en el padrón pese a que desde el mes de julio se desempeñó como jefa de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública, hasta su salida en días pasados en medio de un conflicto con una periodista, que la acusó de generar fuga de información de la dependencia.
A su nombre, el 26 de julio, se pagaron 34 mil 800 pesos por concepto de publicidad en portal durante los meses de marzo, abril y mayo.
El jefe del área de Comunicación Social aseguró desconocer ambos casos. En cuanto a Vázquez, indicó que su contrato rescindió cuando se sumó a la nómina del Ayuntamiento.
“Quizá no la han bajado de ahí, pero nosotros no trabajamos así, eso es falso”, replicó Contreras Núñez.
Otras irregularidades que se han documentado son los intentos de dictar “línea” a los medios por parte del Presidente Municipal y funcionarios a través de la contratación de espacios publicitarios.
El Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión registró una situación que resulta ilustrativa de este tipo de prácticas.
El 25 de mayo, el Alcalde anunció que publicaría la lista de medios de comunicación con los que su administración tiene convenios, después de considerar que se le critica injustamente y “sólo se publica lo malo” de su gobierno. El Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión observó que se trató de un intento de intimidación y coacción.
En un pronunciamiento, este organismo recordó que los medios de comunicación tienen garantizado el pleno ejercicio de la libre expresión sin importar la contratación y difusión de propaganda gubernamental, en términos de los artículos sexto y séptimo constitucionales.
En la Relatoría de Agresiones y Bloqueos Informativos en lo que va de 2019, elaborada por este mismo colectivo, el periodista Mario Martini denunció que el jefe de prensa del ayuntamiento presionó para que lo separaran de un programa de radio, a raíz de la publicación de unas notas donde, de acuerdo con su testimonio, se evidenciaba la corrupción e incapacidad del gobierno de “El Químico” Benítez.
“El 14 o 15 de mayo, Contreras habló con la productora, y aunque no se lo pidió directamente le sugirió un contrato de publicidad a cambio de retirarme del programa”, expuso Martini, quien además interpuso una demanda contra el mismo servidor público por supuestas amenazas.
Es de mencionar que estas acusaciones fueron también negadas por el director de Comunicación Social del Ayuntamiento, quien aseguró que lleva una buena relación con el gremio periodístico.
De comprobarse estos señalamientos, se estaría violentando la Ley General de Comunicación Social -reglamentaria del Artículo 134 constitucional en su párrafo octavo- , con todo y que es una legislación considerada insuficiente por el colectivo Medios Libres, constituido por periodistas de todo el País con la finalidad de impulsar una reforma que, por fin, arroje reglas claras y evite la arbitrariedad en la publicidad oficial.
Tanto es así que esta Ley ha sido tildada como “Ley Chayote”, la cual fue aprobada en abril de 2018 luego de que el Senado recibió la orden de un juez para legislar en la materia, tras un amparo interpuesto por la organización de defensa de la libre expresión Artículo 19.
PRENSA-GOBIERNO: RELACIÓN PERVERSA
Para el investigador y maestro del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) Carlos Bravo Regidor, es desafortunada la expresión de “Ley Chayote” para referirse a la Ley General de Comunicación Social.
El “chayote” no es sinónimo de publicidad oficial, aclara.
De esta forma se ha etiquetado a una práctica mediante la cual los medios o periodistas comprometen su libertad editorial a cambio de beneficios monetarios o de otro tipo.
“Debemos tener claros los términos: que este es para influir en la cobertura, mientras la publicidad oficial puede ser perfectamente válida”, anotó el especialista, quien cuenta con una maestría en historia por la Universidad de Chicago.
A propósito, el artículo 8 de la LGCS establece que las campañas de Comunicación Social deberán promover campañas de turismo, educación, salud y protección civil, sin dejar de lado “la difusión y conocimiento de los valores, principios y derechos constitucionales”.
El corazón del problema -enfatiza Bravo Regidor- sigue siendo la discrecionalidad, lo que permite una relación “perversa” prensa-Estado.
“Hay un problema histórico en México en la relación prensa-gobierno, y es que se ha tenido en la publicidad oficial, yo no diría control, porque es una palabra muy fuerte, pero sí un instrumento de indebida influencia”, apuntó.
Sin embargo, advirtió, los medios no necesariamente son víctimas de esta dependencia, sino que también se benefician de ella, en detrimento de la democracia, libertad de expresión y el derecho a estar informados de los ciudadanos.
“Hay un problema estructural y es que los medios se han acostumbrado a vivir del dinero público; cuando tú compites por dinero público, es difícil no comprometer tu libertad editorial”, indicó el colaborador de Este País, Etcétera, Letras Libres, Nexos, La Razón, El Universal, Horizontal y otros medios.
Incluso, continuó, esto hizo que México se pusiera a la zaga en la tendencia global de cierre masivo de medios impresos.
“Eso no había ocurrido aquí porque la publicidad oficial ha funcionado como un distorsionador del mercado”.
En su opinión, la solución no es eliminarla, sino establecer reglas claras para la contratación de espacios informativos, basadas en la utilidad pública y social de la información.
Un cambio de ruta se planteó el 19 de abril de 2019, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la reducción a la mitad del presupuesto para difusión, en contraste con los más de 50 mil millones de pesos que su antecesor, Enrique Peña Nieto, gastó entre 2013 y 2017.
Pero el fondo del conflicto -reflexionó el analista- no se resuelve con la sola disminución de presupuesto, aunque es positiva, puesto que viejas prácticas se repiten con los ahora youtubers, portales y medios supuestamente independientes, que se dedican a lanzarle “bolas fáciles” al Presidente de la República y a denostar a los periodistas que se atreven a criticar.
¿QUÉ DICE LA LEY?
La Ley General de Comunicación Social reglamenta el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
[…] Párrafo octavo
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Artículo 35 (LGCS):
Los Medios de Comunicación que pretendan participar en la contratación de Comunicación Social a que se refiere la presente Ley, deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, a cargo de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 8.- Las Campañas de Comunicación Social, deberán:
I. Promover la difusión y conocimiento de los valores, principios y derechos constitucionales.
II. Promover campañas de turismo, educación, salud y protección civil, entre otras.
III. Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de los sujetos obligados, y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos.
IV. Cumplir con las obligaciones que en materia electoral establezca la legislación aplicable.
V. Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el equilibrio ecológico y protección al ambiente, así como en materia de protección civil.
VI. Difundir las lenguas nacionales y el patrimonio histórico de la Nación.
VII. Comunicar programas y actuaciones públicas.
VIII. Otros establecidos en las leyes.
