En una época de globalización la guerra de un país es la guerra de la humanidad. En una comunidad internacional como en la que vivimos, y con una economía entrelazada en la que nos desarrollamos, lo que impacta en una nación tiene repercusión en todas.

Lo sucedido en París, Francia, el viernes 13 de noviembre, cuando pequeñas pero muy armadas células de ISIS, liderado por yihadistas que con el terrorismo como recurso buscan la expansión del estado islámico desde Irak y Siria, atacaron indistintos puntos neurálgicos de la vida parisina, masacrando a más de 130 personas e hiriendo a más de 300, no es un hecho que competa exclusivamente a Francia.

La guerra es de todos. El ataque a las libertades de una Nación es el detonador para la unión de países en busca del estatus de bienestar, paz, progreso, seguridad y desarrollo cultural para sus ciudadanos. La comunidad internacional ha sido sumamente solidaria con México, mejor dicho con los mexicanos, en aras de las tragedias internas que nos han ocupado en los últimos años.

El apoyo que los mexicanos han recibido, no el Gobierno sino la sociedad, a partir de las manifestaciones y las acciones globales, por ejemplo, en la búsqueda de la justicia en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, ha sido invaluable. Lo mismo en Francia que en Bélgica, en Canadá, en Alemania, en los Estados Unidos y otros países hoy unidos en un eje defensor de las libertades a partir del caso Francia, los ciudadanos alzaron la voz contra el Gobierno de Enrique Peña Nieto por esta particular causa.

Los mexicanos hemos sido testigos en los últimos doce meses, de las manifestaciones internacionales que apoyan la causa mexicana, que marchan por la justicia y  protestan por los casos de corrupción anidados en el Gobierno de la República que encabeza Peña Nieto.

La guerra de México ha sido la guerra de muchos países. No solamente periodistas, analistas, críticos, activistas, han levantado la voz a favor de los mexicanos allende las fronteras, sociedades solidarias lo han hecho y han recibido de parte de los mexicanos un agradecimiento público en medios alternos de comunicación o por canales digitales.

Las guerras, como la que vive México con los cárteles de la droga por el poderío de un territorio, tan afectan a otras naciones como causan daños irreparables en nuestra estructura social, en nuestro tejido social. Más de 60 mil ejecutados a casi tres años de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto (57 mil 410 hasta julio de 2015 más un promedio sostenido de mil 800 mensuales), y el crecimiento de las estructuras criminales a partir –especialmente- del año 2006 cuando Felipe Calderón Hinojosa toma posesión como Presidente de la República, han sido materia de una colaboración internacional.

Para empezar, la cooperación internacional para ayudar a México a salir o por lo menos a contener los fatales resultados y los daños a la estructura social a propósito de la guerra contra las drogas, tuvo su máxima expresión en el año 2008 cuando el Gobierno de los Estados Unidos y el Congreso de aquella nación, aprobaron la Iniciativa Mérida, un paquete de medidas, estrategias y apoyos con valor original de mil 600 millones de pesos para ser aplicadas en los distintos órdenes del Estado Mexicano para afrontar, con tecnología, inteligencia y recurso humano capacitado, la embestida de –entonces- siete cárteles: el de Sinaloa, Arellano Félix, el del Golfo, los Beltrán Leyva, el de Juárez, el Milenio y Los Zetas.

No ha sido fácil, y a siete años de aquel acuerdo, los esfuerzos entre naciones –incluyendo países de Centro y Latinoamérica- no han logrado minar las estructuras criminales. Joaquín Guzmán Loera ha vuelto a ser el narcotraficante más buscado del mundo, y la globalización comercial ha permeado a la actividad criminal, haciendo del narcotráfico un negocio ilícito con ramificaciones en otros países como Costa Rica, Guatemala, Bolivia, que padecen ya violencia de sangre y plomo como en su momento iniciaron en Colombia y México.

Y la guerra entre los cárteles o la guerra contra las drogas proclamada por el Gobierno Mexicano apoyado por el Gobierno Norteamericano, ha traído fenómenos sociales como la migración y la informalidad comercial, que los ciudadanos han debido instaurar para sobrevivir en un clima de inseguridad y violencia. A la par, el Gobierno de los Estados Unidos cerró o por lo menos incrementó el nivel de alerta y de protección a sus fronteras para evitar el éxodo mexicano hacia el norte del continente.

Ver al Presidente Enrique Peña Nieto, escucharlo proponer en el escenario de la reunión de los países industrializados (G-20) una Acción Global “real contra el terrorismo” de la mano de la Organización de las Naciones Unidas, de pronto sorprende y luego indigna. Primero porque, bueno, es lo que se espera de un Presidente de primer mundo, que ponga a disposición de la causa internacional el activo nacional, y Peña está lejos de encarar esa categoría; en segundo porque Enrique Peña Nieto trata con indiferencia y sin compromiso, el terror que en las calles de México generan los cárteles de la droga, de la mano de representantes del Estado que les proveen impunidad a partir de corporaciones e instituciones infiltradas por el narcotráfico.

Ciertamente la guerra de Francia ha convocado al mundo, particularmente a Occidente, pero eso no exenta al Presidente de afrontar la batalla cruenta que a diario se libra en las calles de México. Prácticamente 60 mil ejecutados en los últimos tres años en nuestro territorio no puede ser más que resultado de un enfrentamiento sin cuartel. Los ejecutados de Guerrero, los exiliados de Michoacán, las fosas clandestinas de Chihuahua, los enfrentamientos en el Estado de México, la proliferación de niños sicarios, las mujeres asesinadas, los hombres colgados, son todos reflejo de esa guerra que, a diferencia de la encarnada por el terrorismo del Estado Islámico en el mundo, Enrique Peña Nieto no quiere reconocer. A menos que el Presidente considere que al pronunciarse a favor de una guerra contra ISIS no tendrá consecuencia alguna en el país cuya propia crisis de inseguridad voluntariamente ignora. Esperemos que no sea tal el caso, porque el riesgo para México es incalculable.

Adela Navarro Bello

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