México, 18 nov (EFE).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) de México halló elementos probatorios que hacen presumir irregularidades de exfuncionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el caso del centro de negocios Dragon Mart, informaron hoy fuentes oficiales.
Ante dicha situación, se iniciaron procedimientos disciplinarios contra Guy Adrián Piña Herrera y Samuel Jared Barrio Valladares, que se desempeñaron como delegado y subdelegado jurídico de la Profepa en el estado sudoriental de Quintana Roo, respectivamente.
La Profepa recordó en un comunicado que presentó en febrero pasado una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la SFP en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por posibles irregularidades administrativas relacionadas con los procedimientos abiertos a la empresa Real Estate Dragon Mart Cancun.
Refirió que en la denuncia señaló que funcionarios de la delegación de Profepa en Quintana Roo emitieron en noviembre de 2012 resoluciones administrativas que eximieron indebidamente al proyecto Dragon Mart de responsabilidades en materia de impacto ambiental y forestal.
Una vez realizadas las diligencias de investigación pertinentes, «se informó a esta Procuraduría Federal que se encontraron elementos probatorios que permiten presumir la existencia de irregularidades administrativas por parte de los exfuncionarios citados», apuntó.
Ante ello, añadió, se procedió a turnar al área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control la denuncia referida para dar inicio al procedimiento administrativo disciplinario correspondiente.
El 26 de enero pasado, las autoridades mexicanas ordenaron la «clausura total» de las obras de construcción del centro de negocios Dragon Mart, de capital chino y ubicado en Quintana Roo, por los daños ambientales causados en la zona.
Ubicado a pocos kilómetros del aeropuerto de Cancún y con una inversión estimada en 180 millones de dólares, el complejo se convertiría en un gran centro de exposiciones para mercancías procedentes de China, a fin de acercar a empresas de ese país a México y Centroamérica.
Numerosas organizaciones no gubernamentales realizaron protestas y presentaron denuncias contra Dragon Mart con el argumento de que viola ordenamientos ambientales, de infraestructura y de desarrollo económico.
Asimismo, el proyecto fue cuestionado por industriales mexicanos, quienes temen que puedan ingresar «productos chinos subvaluados» y constituir una competencia desleal para la industria nacional.
