El documento tiene entre sus objetivos transparentar la gestión pública y proveer lo necesario para que todo solicitante o peticionario pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos.

Previamente, por mayoría, las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, respaldaron el dictamen que también abroga la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El nuevo ordenamiento busca proveer lo necesario, en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Así como de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.

Lo anterior, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Entre sus objetivos está proveer lo necesario para que todo solicitante o peticionario pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos.

También transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.

Además, regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados, y consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de gobierno abierto.