La decisión que tome la Corte podría revertir la decisiones del INAI sobre la desclasificación de expedientes como el de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- Distintas organizaciones civiles advierten que existe el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vote este miércoles a favor de cerrar el acceso a información sobre las actualizaciones del expediente Ayotzinapa y de otros casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos.
“Existe la posibilidad de que se cierre la información para familiares de las víctimas, así como a cualquier investigador, periodista o persona interesada en casos de violaciones graves, como la desaparición de los normalistas o las atrocidades ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León”, advirtieron a través de un comunicado organizaciones como Fundar, Artículo 19, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Centro de Análisis e Investigación Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y el Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA).
En un comunicado, los organismos advierten que la decisión de la Corte pondría en juego el acceso a información importante sobre casos de violaciones a los derechos humanos cometidas a los largo de la historia, uno de ellos, el del activista Rosendo Radilla, desaparecido en los años 70 y que después de 40 años su situación se reconoció como desaparición forzada.
Advierten que los criterios que se definan impactarán directo en la garantía de conocer los archivos de otros casos de violaciones graves a derechos humanos. Por ejemplo, recientemente el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) ordenó la desclasificación del caso de Ayotzinapa para que se pudiera hacer un escrutinio público e informado sobre la “verdad histórica” del caso. Sin embargo, la decisión que llegue a tomar la Corte podría incluso revertir esta decisión.
“Los ministros y Ministra de la Primera Sala discutirán la desclasificación de expedientes de las tres masacres de migrantes perpetradas en México en 2010, 2011 y 2012. La decisión que tomen será decisiva para que las víctimas de estos hechos y la sociedad mexicana e internacional accedan a información sobre las atrocidades ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León”, señala el comunicado.
Desde hace tres años, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Artículo 19 buscan la desclasificación de las averiguaciones previas que investigan estos hechos. La Corte, como última instancia, revisará el amparo ya otorgado por el Juez Fernando Silva, quien ordenó la desclasificación de los expedientes.
¿QUÉ REVISARÁ LA CORTE?
Este miércoles, los cinco ministros confirmarán o negarán la facultad del INAI para desclasificar información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, por el interés público que reviste, aun cuando los casos no hayan sido catalogados como graves o estudiados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“En sus consideraciones, los ministros no pueden dejar de observar que el INAI ha dado pasos significativos en la garantía del derecho, al desclasificar la averiguación previa de Ayotzinapa, caso que no cuenta con recomendación en firme de la CNDH. La información obtenida ha sido sumamente significativa para una construcción social de la verdad. En este sentido, si la Corte no otorga el amparo, se cerraría, por ejemplo, la posibilidad de que cualquier investigador, periodista o persona interesada llegue a acceder a más información sobre la desaparición de los normalistas”, advierte.
Las organizaciones firmantes consideran que negar el acceso a información de casos como el de San Fernando significa potencialmente cerrar a la sociedad Ayotzinapa y Tlatlaya. Pero también todas y cada una de las masacres, desapariciones, casos de tortura y ejecuciones ocurridas en México, que no han merecido una recomendación de la CNDH y menos una justa catalogación como graves violaciones de derechos humanos. Cerrar San Fernando, por tanto, es encubrir Apatzingán, Tanhuato, La Barca, las fosas de Durango o Allende; es relegar al olvido a Atenco, Acteal, Aguas Blancas y las atrocidades de la Guerra Sucia.
El 19 de octubre, el Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA), el Colectivo por la Transparencia, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (TDT) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación presentaron dos amicci curiae [expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso] en los que recomiendan a la SCJN que reconozca la facultad que tiene el INAI para pronunciarse sobre el interés público de la información relativa a violaciones graves a derechos humanos.
“Sobre estos argumentos, hacemos un claro llamado a la ministra y ministros para recuperar los estándares fijados por ustedes mismos en el caso de acceso al expediente de [Rosendo] Radilla Pacheco (A.R. 168/2011). El proyecto de sentencia que discutirán marca un viraje decisivo, en términos de acceso a la información, derecho a la verdad y rendición de cuentas, en medio del contexto marcado por graves violaciones de los derechos humanos”, finaliza.
