Los integrantes del Comité de Enlace de Dos Ríos irán a reeducación si vuelven a detener a una mujer para que su familia devuelva lo que sus suegros pagaron por ella, advierte el coordinador de la Casa Matriz en San Luis Acatlán.
Por Lourdes Chávez, Emiliano Tizapa Lucena y Redacción
Chilpancingo y Tixtla, Guerrero, 18 de octubre (ElSur).– Los integrantes del Comité de Enlace de la Policía Comunitaria de Dos Ríos en Cochoapa el Grande, que depende de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán, fueron apercibidos con reeducación, si vuelven a detener a una mujer para obligar a su familia a devolver el dinero de un acuerdo de boda, indicó el coordinador, Victorino García en consulta telefónica.
El coordinador en el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) aclaró que los matrimonios forzados, por acuerdos de los papás, son una práctica común en las 13 comunidades de operación del Comité de Enlace de Dos Ríos, donde se estima que 97 o 98 por ciento de las uniones fueron acordados por los papás de los contrayentes. Además de que persiste en todo el municipio de Cochoapa El Grande y localidades de Metlatónoc.
En este contexto, señaló que es un tema difícil de atender, por ello, se va a convocar a los consejeros de la asamblea regional para analizar de manera amplia el caso de la niña Angélica, y establecer el procedimientos a seguir.
Del seguimiento que la institución ha dado al caso, explicó que se conformó una comisión con miembros de las cuatro casas de justicia tras conocer la denuncia que trascendió en los medios de comunicación de una adolescente detenida por la Policía Comunitaria de Dos Ríos, para que su familia pagara el reembolso del dinero de la boda acordada, que reclamaba el suegro después de que ella huyó de su casa por el acoso de él que denunció la niña.
Además, de un aborto de la mamá de la niña detenida, presuntamente provocado por la agresión del comandante de la PC, la madrugada del 10 de octubre.
Indicó que el miércoles 13, la comisión acudió a Dos Ríos a hacer una investigación. Confirmaron, como se documentó en la edición del El Sur del 13 de octubre, que el comandante no agredió a la mamá de la adolescente, sino que la mujer tuvo un aborto espontáneo, y requirió de un traslado de emergencia a Ometepec.
Al conocer la demanda por la devolución del dinero que pagó por la boda de dos infantes de 11 y 12 años de edad, ahora que Angélica tiene 15 años y ya no vivía con sus suegros, aclararon que si es acuerdo, no se puede pedir reembolso.
La comisión consideró que los papás de la niña y el niño son los responsables de esta situación y los que deben ser reeducados, sin embargo, aún no se establece el tiempo que serán llevados al proceso de justicia comunitaria.
Explicó que los acuerdos matrimoniales en los usos y costumbres siguen siendo comunes en Cochoapa El Grande y en comunidades de Metlatónoc. “Estamos tomando consideración de eso, pero tienen culpa los papás de ambos porque actúan sin consentimiento de la menor”.
Estimó que el suegro puede tener una pena mayor porque sobre él recaen acusaciones de intentos de violación.
Aclaró que, al parecer los papás de los adolescentes que contrajeron matrimonio forzado, no han sido detenidos, sólo se emitieron las órdenes de aprehensión, y todavía no concluye el proceso de investigación.
Detalló que se van a tomar las declaraciones “de quién vendió a la muchacha y de quién compra, y van corroborar si es cierto (que el suegro) trató de violar a la niña cuando estaba en su casa. Eso es lo que nos preocupa, llegar a fondo, a partir de ahí, se va a tomar la decisión”.
Cuando se tengan todas las declaraciones, dijo que se presentará el informe en una reunión de consejeros que revisarán con detalle el expediente, cuando hayan terminado, se convocará a la asamblea general para que determine el periodo de reeducación de los responsables. “Como coordinadores les dijimos que no habrá devolución de dinero, que fue un acuerdo amistoso”, subrayó.
Aseguró que no tienen informes de otras mujeres encarceladas por la Policía Comunitaria por demanda de devolución del pago de la boda. “Sabemos que en Cochoapa, los síndicos municipales son testigos de las bodas por usos y costumbres. Ahí está mal que permiten eso, que avalan eso. Nunca habíamos estado en esa cuestión, con el Comité de Enlace le dijimos que no tienen porqué intervenir, y no vamos a solapar que los padres pidan reembolso”.
Sin embargo, se confirma que estas demandas pueden se recurrentes porque el coordinador reveló que en abril de 2021, llegó a la Casa Matriz una petición similar, de apoyo para intervenir en un caso de la comunidad de Puerta del Cielo, de Cochoapa “les dijimos lo mismo, que no se puede reclamar ningún dinero, si fue un acuerdo amistoso al que llegaron ustedes”.
Confirmó que las mujeres son víctimas de estos acuerdos, “le decíamos al Comité de Enlace, por haber aceptado ese asunto se convirtieron en cómplices, si vuelven a cometer ese delito también serían reeducados”.
