Ayer, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dijo que es revelador que Enrique Peña Nieto, Presidente de México, se sienta tocado por las investigaciones que se realizan en la entidad norteña.
Esto luego de que se dio a conocer que la oficina jurídica de la Presidencia presentó una acción judicial ante la SCJN para proteger a todo funcionario federal de ser involucrados en un proceso penal en marcha en el estado de Chihuahua por el caso de presunto desvío de fondos públicos a la campaña electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que es precisamente el partido del Presidente de México.
Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- El Secretario General de Gobierno de Chihuahua, César Jáuregui Robles, llamó al Presidente Enrique Peña Nieto a que “si es un hombre de bien” dé la cara por la acusaciones en su contra y no intente escudarse en las instituciones.
“Un hombre de bien, como creo yo que es el Presidente de la República, debería dar la cara por los hechos concretos que se le imputan y no venir a escudarse, y desde luego, ya ante la inminente salida de su encargo”, indicó.
En entrevista con Carmen Aristegui en Radio Centro, Jáuregui calificó como una situación de abuso de autoridad el recurso que el Presidente Peña Nieto y su Gabinete promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para intentar blindarse ante las investigaciones del Gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral Jurado, en su contra.
“Es una situación inédita y es una situación de abuso de parte de la autoridad federal, de someter a un poder judicial Federal, como es la SCJN, al análisis de una demanda que no es una controversia constitucional”, dijo.
Consideró que con su recurso, el Presidente y sus funcionarios buscan inhibir, a través de la SCJN, lo que es la acción de combate a la corrupción.
“Me parece de una imprudencia y de un abuso de poder el pretender involucrar a instancias, como a la SCJN, o heredando a las nuevas autoridades responsabilidades que no les competen. Hay una intensión abierta de distraer, de generar una serie de procedimientos y mecanismos para diluir”, la investigación, consideró Jáuregui.
A menos de dos meses de que deje el poder, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto intenta blindarse ante una investigación por corrupción que a la larga podría afectar a funcionarios federales.
La oficina jurídica de la Presidencia presentó una acción judicial ante la SCJN para proteger a todo funcionario federal de ser involucrados en un proceso penal en marcha en el estado de Chihuahua por el caso de presunto desvío de fondos públicos a la campaña electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que es precisamente el partido del Presidente de México.
Este es el primer caso que se conoce públicamente en que la oficina jurídica del Presidente busca protegerlo y a sus funcionarios de una pesquisa por corrupción, destaca este jueves la agencia internacional de noticias Associated Press.
Ayer, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dijo que es revelador que Enrique Peña Nieto, Presidente de México, se sienta tocado por las investigaciones que se realizan en la entidad norteña.
Corral expuso que las acciones de Peña delatan una preocupación personal. “Políticamente hablando es revelador que Peña se sienta tocado por las investigaciones de Chihuahua, pero el instrumento jurídico es muy cuestionable creemos que no va a prosperar”, dijo en entrevista con medios de comunicación en Hidalgo del Parral.
UN BLINDAJE INÉDITO
La Suprema Corte recibió el 11 de octubre la controversia constitucional remitida por esa oficina jurídica, aunque no se supo del caso hasta que el diario Reforma publicó el miércoles la información. El documento judicial es público. Ahora, de acuerdo a los procedimientos del alto tribunal, debe ser remitido a un magistrado para que decida si lo admite a trámite o no.
En diciembre de 2017, las autoridades detuvieron a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, por su supuesta participación en un plan para desviar unos 240 millones de pesos de fondos públicos de Chihuahua para campañas políticas.
Supuestamente, el desvío ocurrió en 2016 y las autoridades estatales buscan al ex Gobernador César Duarte Jáquez, militante del PRI y actualmente prófugo, para que responda ante la Ley por ése y otros posibles delitos que le ha sumado el actual Gobierno de Chihuahua, a cargo del panista Javier Corral Jurado.
La Procuraduría General de la República (PGR) se involucró también en el caso de Gutiérrez quien, finalmente, fue exonerado por esa Fiscalía de sus cargos y puesto en libertad a finales de septiembre de este año.
Javier Corral, mandatario de la entidad norteña, ha criticado duramente la acción de la justicia federal en este caso. En una entrevista tras el anuncio de exoneración de Gutiérrez, calificó todo el proceso de “simulación” y dijo que “la corrupción no se encapsuló en los estados”, sino que “trascendió a nivel federal, tocó a funcionarios del Gobierno de Peña Nieto y al propio Peña Nieto, y por eso han ido a estos actos de cinismo”.
Con este panorama de fondo es que la oficina jurídica de la Presidencia interpuso la controversia constitucional en contra del actual Gobernador y del Poder Judicial de ese estado.
“Aunque en México es habitual que funcionarios públicos que temen ser detenidos o afectados por una investigación se amparen ante los tribunales de acciones judiciales futuras, no hay antecedentes de este tipo de demanda ejercida desde la misma Presidencia de la República ante el alto tribunal”, expone la agencia AP.
La controversia impugna “las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”.
También la emisión de citatorios, órdenes de detención, de aprehensión y las solicitudes de arraigo existentes o inminentes y hasta que cualquier funcionario de Chihuahua comunique de cualquier manera algo de las investigaciones actuales o futuras con “otros sujetos, cualquiera que sea su función”.
En un comunicado emitido ayer por la noche, el Gobernador chihuahuense consideró “revelador” que el presidente “se sienta tocado por las investigaciones que se realizan en Chihuahua”, y dijo que la decisión jurídica de Peña Nieto es “errónea”, no cree que prospere y delata, a su juicio, una “preocupación personal” del mandatario.
“La corrupción ha sido uno de los grandes lastres de este gobierno, que finaliza el 30 de noviembre. Además, al menos tres exgobernadores estatales del PRI están detenidos y bajo investigación por corrupción. De hecho, los analistas consideran que ese problema fue una de las principales causas por las que el partido perdió las elecciones en julio pasado”, destaca también la agencia internacional de noticias.
